Dictaminado el Estatuto gallego, pese a la oposición de la izquierda, que votó en contra

El Estatuto de Autonomía para Galicia quedó dictaminado a las 8.05 de la mañana de ayer, después de una sesión que duró toda la noche, merced a la mayoría de UCD en la Comisión Constitucional y en la Asamblea de Parlamentarios de Galicia. Los restantes grupos, Socialista, Comunista y Andalucista, votaron en contra una vez que los centristas desatendieron sus llamamientos para que el proyecto fuese retirado. Las minorías catalana y vasca y Coalición Democrática no estaban en el momento de votar. El representante de CD, Manuel Fraga, había abandonado la sala. En consecuencia, la valoración final del texto fue divergente: el partido del Gobierno insistió en que el Estatuto era equiparable a los de Cataluña y País Vasco, mientras la izquierda sostuvo que se había cometido un ultraje al pueblo gallego.

El rechazo de la izquierda al Estatuto estuvo determinado en gran medida por la disposición transitoria tercera del texto final, que UCD promovió y consiguió ver aprobada en sustitución del controvertido apartado 4 del artículo 32. Pese a que los centristas presentaron inmediatamente después de la ratificación de la transitoria mencionada varias enmiendas in voce que reportarán a la comunidad autónoma nuevas atribuciones, socialistas, comunistas y andalucistas no alteraron su posición contraria al texto global. (Véase en el recuadro que figura en esta misma página la redacción inicial dada al tema y la disposición que finalmente ha sido aprobada.)Antes de proceder a la votación de la totalidad del Estatuto, los portavoces de los grupos parlamentarios presentes en la prolongada y tensa jornada final hicieron uso de la palabra para fijar sus respectivas posiciones. respecto al texto. Intervino en primer lugar el andalucista Juan Carlos Aguilar, quien afirmó que en este trance las conclusiones no invitan al optimismo para nadie, sino a malos augurios. «Hemos asistido», dijo, «a un tajo cruel a un pueblo que aspiraba a vivir en igualdad con otros pueblos que ya tienen estatuto».

Txiki Benegas (Socialistas Vascos) habló seguidamente de trato vejatorio e. injusticia flagrante con Galicia: «Se ha puesto en peligro el espíritu de la Constitución y la construcción de la España de las autonomías».

Carrillo: "Una cacicada"

«Este ha sido el teatro de una verdadera cacicada, cuya víctima es el pueblo gallego», manifestó seguidamente Santiago Carrillo. El líder comunista destacó que si mañana apareciese en Galicia otra ETA, UCD sería responsable. Después de anunciar el apoyo del PCE a los gallegos para luchar por su autonomía destacó que se había, roto la solidaridad constitucional y democrática, «hecho que puede tener consecuencias muy graves».

Alfonso Guerra, portavoz en la Comisión del Grupo Socialista del Congreso, comenzó lamentando que el resultado de los debates de la Comisión sea algo muy diferente de lo que salió de la discusión de los estatutos vasco y catalán. «Hemos asistido a una interpretación unilateral de la Constitución», añadió, «y esto es grave, ya que trascenderá al desarrollo de la política autonómica y general». Lamentó que UCD no hubiese hecho ningún esfuerzo para llegar a un entendimiento con los demás grupos. Después de estimar que el Estatuto gallego supone un avance en la cuestión de finanzas, consideró que el texto encierra recortes de competencias y cláusulas limitadoras de las atribuciones de la coinunidad autónoma.

Por los socialistas de la Asamblea de Parlamentarios habló el secretario general del PSOE gallego, José Luis Rodríguez Pardo. Calificó el articulado de seudoestatuto y expresó su desazón «por llevar solamente cenizas a todos aquellos que esperaban que los políticos hiciésemos algo».

Frente a estos planteamientos, UCD argumentó que se había conseguido un Estatuto digno, por medio del ex ministro Rodolfo Martín Villa, en nombre de los centristas de la comisión, y de José Luis Meilán, en representación de los ucedistas de la Asamblea. Martín Villa comentó que este Estatuto se distingue por su apartado económico, por la participación que se da a Galicia en los ingresos del Estado: «Ahí es donde está la solidaridad y no en los discursos», puntualizó.

Reconoció que habían existido tensiones entre los centristas: «Hemos tenido las dificultades propias de hacer compatible el dotar de autonomia con que el Estado funcione», y rechazó que intereses personales hubiesen determinado la actitud centrista respectó al Estatuto. «Estamos intentando una nueva ordenación del Estado», precisó, «y en base a eso hemos actuado, en contra incluso de intereses de partido, porque nosotros no somos autonomistas donde tenemos mayoría ni tampoco donde tenemos minoría.» Afirmó que UCID salía satisfecha de los debates por apreciar que había cumplido con su deber y por haber abierto para Galicia posibilidades iguales a las existentes en otros estatutos, e incluso superiores en cuestiones como la cultura y la enseñanza.

No a la utopía

José Luis Meilán subrayó que los centristas gallegos habían optado por tener Estatuto para no caer en la utopía, para sostener seguidamente que no es justo decir que el Estatuto sea sólo obra de UCD, ya que en el texto final aparecen recogidos motivos de desacuerdo presentados por otros grupos. Comentó que Galicia, desde hace años, aspiraba a un Estatuto y se preguntó por las garantías que reportaría la retirada del proyecto para mejorar el Estatuto.

Inmediatamente después de esta intervención, cuando eran las ocho y cinco minutos de la mañana, se procedió a la votación nominal de la totalidad del proyecto, ton el siguiente resultado: diecisiete votos a favor, quince en contra, y tres ausentes en la Comisión, y once a favor, cuatro en contra y tres ausencias en la delegación de la Asamblea de Parlamentarios. Los votos a favor en comisión corresponden a UCD, los pronunciamientos en contra a socialistas, comunistas y al representante del Grupo Andalucista; los ausentes pertenecen a PNV, Minoría Catalana y Coalición Democrática.

Por parte de la delegación de parlamentarios gallegos, los votos afirmativos corresponden a UCD, los negativos al PSOE y las ausencias, dos de ellas, a Coalición Democrática, mientras la tercera estuvo protagonizada por el diputado centrista Juan Quintás, quien se retiró de la sesión cuando vio aprobado el artículo 47, considerado clave del capítulo de economía

Vivo debate

Antes de llegar a la votación final se discutieron con ardor decreciente según avanzaba la noche las cuestiones decisivas del Estatuto. Cuando fue abordado el artículo 36, al que UCI) propuso una supesión en base a una enmienda, que contenía irregularidades de procedimiento, a juicio de socialistas y comunistas, se produjo un fuerte debate entre Oscar Alzaga, de un lado, y Alfonso Guerra y Jordi Solé Tura, por otro, que fue cortado por el presidente de la Comisión, señor Attard, solicitando del diputado comunista catalán una rectificación sobre una aseveración dirigida al señor Alzaga, que Jordi Solé Tura se negó a retirar. Los centristas conseguirían poco después excluir de este artículo la referencia a que la comunidad autónoma podrá solicitar del Estado la transferencia o delegación de competencias «comprendidas en el artículo 149 de la Constitución, siempre que lo permita su naturaleza».

Poco después fue presentada por la Asamblea de Parlamentarios de Galicia una nueva redacción del artículo 47, que sería aprobado por unanimidad. En él se establece que la participación de la comunidad autónoma gallega en los ingresos del Estado se efectuará en relación inversa entre las rentas reales por habitante gallega y estatal, y también sobre la base de la media de los coeficientes de población y esfuerzo fiscal de Galicia, este último medido por la recaudación en su territorio del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Otro momento álgido del debate fue la discusión de la disposición transitoria tercera, que pasó a sustituir el controvertido apartado cuatro del artículo 32. Punto que fue enérgicamente rechazado por los portavoces de la izquierda, anunciando que su inclusión en el Estatuto determinaría su voto final. Los centristas argumentaron que no suponía una discriminación, sino un perfeccionamiento de la regulación de la autonomía».

Los votos particulares que habían presentado los socialistas y andalucistas sobre el número de diputados del primer Parlamento gallego fueron rechazados. Prosperó el criterio centrista, según el cual el organismo autónomo contará con 71 miembros, de los que corresponderán veintidós a la provincia de La Coruña, diecinueve a Pantevedra, quince a Lugo y, otros quince a Orense.