PNV y Euskadiko Ezkerra abandonan los debates del Estatuto de los Trabajadores en el Congreso

Los diputados del PNV Andoni Monforte, y de Euskadiko Ezkerra, Juan María Bandrés, se retiraron ayer de los debates del Estatuto de los Trabajadores en la Comisión de Trabajo del Congreso, tras la aprobación por la misma de una enmienda socialista que recogía los acuerdos UGT-CEOE sobre negociación colectiva. Esta decisión de los parlamentarios vascos, que ya había sido anunciada en días anteriores, fue tomada tras un largo debate que enfrentó a todos los partidos nacionalistas (PNV, Euskadiko Ezkerra, Minoría Catalana y PSA), con el apoyo del Grupo Comunista, a centristas y socialistas, que en la mayor parte de las votaciones contaron con la asistencia de Coalición Democrática.

En puridad, y aunque subyacían segundas intenciones en forma de enmiendas, los grupos nacionalistas y el comunista estuvieron defendiendo la redacción del Gobierno en el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores. Frente a ellos, centristas y socialistas propugnaron e hicieron prosperar una enmienda de este último grupo que sustituía, con los acuerdos UGT-CEOE, el texto del Gobierno.

La polémica de fondo giró en todo momento en torno a dos concepciones: la negociación articulada de convenios desde los de mayor a los de menor ámbito y la defensa de los convenios a nivel de nacionalidad, para a partir de ellos dejar abierta la posibilidad a negociaciones de ámbito superior.

Negociaciones hasta el último momento

A lo largo de toda la tarde del martes se había suspendido la sesión para intentar llegar a un acuerdo previo con los vascos que evitara la ruptura, y se sucedieron los encuentros entre socialistas, peneuvistas y Ministerio de Trabajo. Estas reuniones continuaron hasta la madrugada en el Ministerio de Trabajo. Pocas horas después -antes del inicio de la sesión de ayer-, en los pasillos del Congreso, el propio ministro, Rafael Calvo, intentaba nuevamente el acuerdo.

Los socialistas, según sus propias manifestaciones, habían hecho importantes concesiones a los peneuvistas, que acudieron a negociar acompañados por dirigentes de la central sindical ELA-STV y de la patronal guipuzcoana Adegui. El acuerdo con los socialistas estuvo próximo, pero no llegó a producirse. La Administración, sin embargo, según Monforte, se mostró más inflexible y recelosa en cuanto pudiera suponer un marco autónomo de relaciones laborales para Euskadi, por entender que queda fuera de las atribuciones del Estatuto de Guernica en materia laboral.

Autonomía y acuerdos interprofesionales

La defensa claramente testimonial de una enmienda socialista de supresión del título III, para que la negociación colectiva tuviera un desarrollo legislativo diferenciado, provocó la primera intervención en contra del diputado vasco Monforte. La sala registraba un lleno casi absoluto, que no se había dado en ninguna de las anteriores sesiones, y entre los asistentes se encontraban altos cargos de la Administración y el vicesecretario general del PSOE, Alfonso Guerra.

Los enfrentamientos entre nacionalistas y socialistas y centristas, sin embargo, se producirían in crescendo a partir del inicio del examen del artículo 81 del proyecto, relativo a unidades de negociación. Vida Soria, portavoz del PSOE, defendió la enmienda de su grupo, en la que se recogían los acuerdos UGT-CEOE, argumentando que la redacción del Gobierno era ordenancista («los ámbitos de negociación vienen determinados por la ley») e introduce los convenios de sector profesional. El diputado socialista explicó que su enmienda contempla la negociación articulada, los acuerdos interprofesionales y la posibilidad de negociación en el ámbito de la comunidad autónoma, siempre desde el respeto a la autonomía y a la voluntad de las partes.

El diputado del PNV pidió turno en contra inmediatamente para afirmar que el título III habla de convenios colectivos y no de acuerdos interprofesionales. «En la ley de Trasplantes no se aceptaron algunas enmiendas por considerar que se referían a aspectos nuevos no contenidos en el proyecto, por ello, el aceptar ahora los acuerdos interprofesionales es totalmente incorrecto.» Los acuerdos, interprofesionales, añadió, no aparecen regulados y son un atentado a la soberanía de la negociación colectiva, ya que van a imponer restricciones a la misma al venir desde arriba acordados muchos de los temas.

Tomó la palabra a continuación Bandrés, para recordar que era el único diputado que había votado contra la Constitución, aunque otros se abstuvieron. «Pero hoy defiendo que se respete la Constitución», dijo, «y les guste o no a los señores diputados en el Estado español, hay nacionalidades y esto tiene vigencia en todos los ámbitos. Aceptamos la Constitución en sus aspectos positivos y también en los negativos, y por ello pido que los convenios colectivos puedan ser estatales, territoriales, provinciales o de nacionalidad. Rechazar estos es,ir contra la Constitución.»

Miguel Roca dijo que la intervención de Bandrés había sido muy acertada y pidió que se incorporara la negociación a nivel de comunidad autónoma y a nivel comarcal, al tiempo que proponía que no desapareciera la posibilidad de convenios específicos para técnicos.

El diputado comunista Garcia se pronunció a favor de la tesis de Roca, y UCD, a continuación, ofreció una fórmula en la que pretendía recoger al máximo las aspiraciones de todos -según dijo-: «Los convenios colectivos tendrán el ámbito de aplicación que las partes acuerden. »

Esta fórmula fue calificada por Monforte como «rebeldía consciente contra la Constitución», en tanto que Bandrés reconocía que era una mejora sustancial, pero aplazaba la retirada de su enmienda, ya que la propuesta de pleno para pensarlo detenidamente. García mantuvo también su enmienda ya que la propuesta de UCD no recogía el término «nacionalidad». (Chaves le hizo ver que en su enmienda tampoco, y García le respondió que sí figuraba en la explicación de motivos.) Los votos de UCD, PSOE y CD harían triunfar la enmienda centrista, con los votos en contra de PNV y EE, y con la abstención de Minoría Catalana, PSA y PCE.

Inútiles concesiones de socialistas y centristas

Con respecto a los dos apartados siguientes de la enmienda socialista, UCD y PSOE hicieron concesiones en busca de un acuerdo que, al final, tampoco se produciría. Retiraron la mención a negociación articulada y añadieron una coletilla en la que se decía que los acuerdos interprofesionales «tendrán el tratamiento de esta ley para convenios colectivos».

No obstante, Miguel Roca volvió a expresar sus temores de que los acuerdos interprofesionales a nivel estatal restrinjan la negociación a niveles inferiores.

La enmienda socialista, con las mencionadas modificaciones, prosperó nuevamente con los votos de UCD, PSOE y CD, frente al bloque nacionalista y el PCE, que votaron en contra.

En la explicación de voto, Monforte, del PNV, dijo que la enmienda aprobada consagraba la negociación de arriba abajo, que respondía a los intereses de la CEOE y olvidaba que en Euskadi esta patronal no tiene un peso parecido -especialmente en Guipúzcoa o Alava- al que goza en otras provincias y que el mapa sindical tampoco corresponde al del resto del Estado español. Finalmente anunció el abandono de la Comisión de Trabajo, «conflando en que en el Pleno se arreglé esta situación».

Bandrés, de EE, dijo que se había aprobado un estatuto impresentable, que Ferrer Salat había vuelto a votar con eficacia en la Comisión, y que sentía que el PSOE, que había defendido el Estatuto de (Guernicae, estuviera demostrando que no está dispuesto a impulsar la autonomía. «Nuestra paciencia se ha colmado», concluyó, y anunció que abandonaba los debates.

El diputado comunista García abandonó también la sala sin explicar si definitivamente su grupo, como los vascos, renunciaba a los debates de la Comisión de Trabajo. Por la tarde, fuentes del Grupo parlamentario Comunista aseguraron que no iban a abandonar la Comisión.

Por los socialistas de Cataluña, Valentín Antón habló de la descortesía de los diputados que se habían marchado sin aguardar a las explicaciones de voto de los demás grupos, y dijo que el tema autonómico había servido como cortina de humo para intentar fraccionar a los trabajadores. Aguiriano, por los socialistas vascos, defendió el naciónalismo de su grupo y puso de manifiesto cómo quienes se habían marchado defendían el texto del Gobierno, que era una copia de leyes franquistas. Vida Soria, portavoz de Socialistas del Congreso, dijo que el marco de relaciones laborales para Euskadi tal vez beneficiaría al País Vasco, pero supondría, al mismo tiempo, un auténtico cepo para los trabajadores de otras regiones, como Andalucía, y finalmente afirmó que la mejor forma de atentar contra la democracia es abandonar las instituciones.

Félix Pérez Miyares, portavoz de UCD, en una exposición brillante, hizo hincapié sobre la postura de su grupo, «que hubiera sido más cómoda si se hubiera limitado a la defensa del texto del Gobierno», ,en él sentido de hacer una ley posible y adecuada a la realidad del país. «De ahí los continuos intentos por aceptar las modificaciones que mejoran el estatuto. La regulación de la negociación colectiva, tal como ha quedado, es la más progresiva de Europa.»