Reformar los archivos eclesiásticos y militares

Una de las conclusiones a las que han llegado los historiadores y responsables de la Administración asistentes al Coloquio sobre «Los archivos para la historia del siglo XX», celebrado durante toda esta semana en Madrid, ha sido la de acelerar la firma del convenio previsto en los acuerdos vigentes entre la Santa Sede y el Estado español en. el que se garantice la protección del patrimonio documental de la Iglesia y el acceso público a sus archivos en condiciones semejantes alas que se prevén para acceder a la documentación de la Administración pública.Otra de las peticiones fue que los archivos militares, «de extraordinario valor para la reconstrucción histórica de algunos aspectos de nuestro pasado inmediato», se acomoden, en cuanto a su régimen de servicios y posibilidad de consulta, al régimen y normas de los demás archivos del Estado.

Según otras conclusiones, la política de archivos que han de emprender las autoridades responsables de los mismos deberá dirigirse a la recogida en los archivos del Estado de la documentación de todos los organismos e instituciones estatales o paraestatales desaparecidas como consecuencia de reformas políticas y administrativas de estos últimos años.

Los asistentes a este coloquio, que ha contado con la presencia, entre otros, de los historiadores Manuel Tuñón de Lara, Miguel Artola, Antonio Marquina, Angel Viñas y Manuel Cuenca Toribio y del director general del Patrimonio, Javier Tusell; subdirector de Archivos, José Manuel Mata, y del director del Archivo Histórico Nacional, Luis Sánchez Belda, por parte de la Administración, han insistido en que hay que evitar por todos los medios posibles que se repitan casos de destrucción de documentación por decisiones impremeditadas de autoridades políticas o administrativas.

En la última de las sesiones del coloquio, celebrada el viernes pasado, intervinieron los historiadores Ramón Salas Larrazábal y Vicente Palacio Atard. El primero trazó un recorrido por los archivos militares españoles que puedan ser útiles para el estudio de la guerra civil y el segundo analizó la validez para la historia de las fuentes orales -léase principalmente cintas magnetofónicas-, que ya inundan los modernos centros documentales y que han de ser tenidas en cuenta.