Aceptada sin modificaciones la ley del deporte

Socialistas y comunistas intentaron ayer en vano modificar el dictamen de la Comisión de Cultura sobre la ley de la Cultura Física y el Deporte, que fue aprobada ayer en el Pleno del Congreso. Especialmente, el Grupo Socialista vio frustrado, con los votos de UCD y CD en contra, su deseo de incorporar un nuevo capítulo para que la regulación de la educación física tuviese rango legal, ya que el grupo del Gobierno prefirió que se haga por vía reglamentaria sobre la base de la ley de Educación de 1970.

El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, y el vicepresidente primero, teniente general Gutiérrez Mellado, estuvieron sentados en sus respectivos escaños desde el primer momento de la sesión, aunque el desarrollo de ésta no ofrecía especial interés político. No obstante, ambos abandonaron sus asientos poco después de que el presidente del Congreso leyera la declaración sobre el secuestro de Javier Rupérez.Al defender la propuesta socialista sobre la educación física, el diputado Miguel Angel Martínez afirmó que la situación de esta materia es catastrófica, pues si antes las clases eran una burla, hoy no existen, y calificó de escandalosa la pretensión de reglamentarla a partir de una ley, la de Educación de 1970, «que está en pleno desguace, una vez reconocido que ha quedado completamente superada». El Grupo Socialista se habría dado por satisfecho si en lugar de introducir el nuevo capítulo se hubiese dispuesto simplemente que en el plazo de seis meses el Gobierno enviara a las Cortes un proyecto de ley en lugar de elaborar un reglamento.

También a esto se opuso UCD, cuyo portavoz, Soler Valero, preguntó por qué ha de primarse esta materia regulándola con una ley particular. Asimismo negó que la ley de Educación de 1970 esté en desguace, a lo que el portavoz del PSOE replicó que se alegraba de la noticia de que aún está vigente, ya que hace diez años que se espera su desarrollo.

En su intervención al final de la discusión, el ministro de Cultura, Manuel Clavero, reconoció que la ley aprobada deja ciertamente un marco muy general para la regulación de la educación física, pero con dos seguridades importantes: la obligatoriedad de la materia en educación básica, bachillerato y formación profesional, y el plazo de seis meses para elaborar el reglamento.

Otro punto de fuerte discusión hacía referencia al control de la formación de los profesores de educación física, que socialistas y comunistas intentaron que pase a manos del Ministerio de Universidades e Investigación en su totalidad, mientras UCD prefirió, y así quedó finamente aprobado, que los institutos nacionales de educación física permanezcan bajo el control del Consejo Superior de Deportes, aunque su titulación será de rango universitario y el ministerio aludido controlará los planes de estudio.

Miguel Angel Martínez dijo que los institutos de educación física deberían pasar a ser facultades dependientes del Ministerio de Universidades porque hacia ese objetivo se encamina la práctica en la mayoría de los países. Otro argumento fue que se trata de una vieja aspiración de los profesores, ya que incluso en la asamblea del deporte celebrada en diciembre de 1977, que, a juicio del diputado socialista fue un montaje de UCD, se planteó está reivindicación de forma tajante, e incluso el mismo programa de UCD en las pasadas elecciones generales se pronunciaba a favor de ella.

El portavoz socialista agregó que el Consejo Superior de Deportes es uno de los últimos bunkers, y se sorprendió de que UCD parezca tener menos confianza que el PSOE en la capacidad del Ministerio de Universidades para hacerse cargo de estos centros.

Soler Valero y Carmela García Moreno, por UCD, argumentaron en contra que se trataba de una opción de realismo, ya que en la actual situación de penuria de recursos económicos no se pueden crear unas facultades mientras se dejan de lado los institutos de educación física que ya están en marcha. Respecto a este tema, Manuel Clavero insistió en los mismos argumentos y aludió a los fracasos cosechados en intentos de llevar a la universidad enseñanzas nacidas en otros ámbitos.

Al final del debate, los representantes del PSOE y del PCE afirmaron que la ley aprobada, con ser un buen instrumento, ha quedado insuficiente.