El secuestro de un diputado

EL SECUESTRO de Javier Rupérez, reivindicado por ETA político-militar, produce, antes que nada, una sensación de irrealidad y de asombro. El señor Rupérez no desempeña cargo alguno en la Administración del Estado y ocupa en el Congreso un escaño como diputado elegido en las listas de UCD por Cuenca. Secretario general de relaciones internacionales de su partido, ha contrapesado muchas veces la orientación conservadora de la diplomacia del Gobierno con iniciativas tan notables como los contactos iniciales con el Frente Polisario y la cumbre de organizaciones políticas iberoamericanas, clausurada ayer en Madrid con su obligada ausencia, que ha condenado los regímenes dictatoriales de Latinoamérica y proclamado que la defensa de los derechos humanos se halla por encima de ideologías y fronteras. El compromiso de Javier Rupérez con el pluralismo, las libertades y la democracia no le viene exigido por los nuevos rumbos de la política española, sino que es en él una actitud previa a las responsabilidades que hoy desempeña. Fundador de Cuadernos para el Diálogo y miembro de Izquierda Democrática, cuando esa militancia era clandestina y penalmente perseguible, su comportamiento público, tanto bajo la dictadura como en la democracia, ha sido guiado por idénticas pautas y valores.La circunstancia de que haya sido Javier Rupérez la víctima de esa violación de los derechos humanos que es un secuestro constituye un dato significativo para poner de relieve que, a partir de ahora, casi cualquier persona con dimensión pública en el partido del Gobierno o en los de la oposición puede ser objeto de una agresión análoga. Sin duda, han sido las mayores facilidades que para el secuestro ofrecía Javier Rupérez, casi un ciudadano de a pie, sin protección y sin escoltas, lo que ha decidido a los polis-milis, asesinos por correspondencia en el aeropuerto de Barajas y en la estación de Chamartín a finales de julio pasado, a dar el golpe. Ahora bien, el problema fundamental sería idéntico si un alto funcionario del Gobierno o una destacada figura de otras instituciones fuera quien ahora permaneciera en una «cárcel del pueblo» de ETA p-m.

No cabe elegir, se ha dicho siempre, entre la peste y el cólera. Ambas epidemias son mortales. Tampoco se puede escoger entre ETA militar, ETA político-militar y los comandos autónomos. Todos son criminales. Tan sólo se pueden analizar las diferentes actitudes que mueven los gatillos o las operaciones de secuestros. Y en este terreno, la violencia de ETA p-m destaca como siniestro producto de una indigesta asimilación de los manuales que combinan el leninismo con el aventurerismo. En un reciente editorial indicábamos que «ETA político-militar se esfuerza, tan inútil como sangrientamente, en hacer compatible en la práctica política ese gigantesco embeleco ( ... ) de la complementariedad entre la lucha de masas y la lucha armada». Desgraciadamente, el secuestro de Javier Rupérez, tras la matanza de Chamartín y de Barajas, confirma ese temor.

Los terroristas han colocado, por lo demás, a Onaindía, Bandrés y a sus compañeros de militancia de Euskadiko Ezkerra en sus más éticas dimensiones políticas. Así, el señor Bandrés ha reconocido antiguas gestiones democráticas del señor Rupérez en favor de su persona y ha pedido su liberación. Esto viene a poner de manifiesto lo que, ya desde hace tiempo, parece evidente: que Euskadiko Ezkerra es tan impotente para controlar a ETA p-m como Herri Batasuna para influenciar a ETA militar. Otra reflexión más: si, como parece, han existido y existen contactos, más o menos directos, de funcionarios del Gobierno con ETA p-m y un intento de diálogo por medio, hay alguien que evidentemente -alguien dentro de ETA- no desea que el diálogo sea fructífero. El secuestro de Rupérez es así no sólo una villanía, también un chantaje inadmisible.

¿Qué decir del objetivo de los secuestradores? La idea de que su acción puede conseguir o, más modestamente, favorecer la amnistía, resulta del todo insostenible. Los terroristas saben que el Estado italiano, con el apoyo incondicional del Partido Comunista, no cedió ante el secuestro de Aldo Moro, una figura clave de la política italiana y europea, y mantuvo en prisión a los dirigentes de las Brigadas Rojas, cuya liberación se exigía a cambio de la vida del líder democristiano. El secuestro del señor Oriol y del teniente general Villaescusa sólo consiguió retrasar más allá de lo que el Gobierno Suárez se había propuesto la amnistía y ni en un solo momento situó dentro de lo posible la excarcelación de los presos exigida por los GRAPO. ¿De verdad creen los actuales guardianes del señor Rupérez que con su acción van a lograr, no ya la amnistía, sino ni siquiera un pequeño avance en esa dirección?

ETA p-m venía anunciando la tercera fase de su campaña «Con el Estatuto, los presos a la calle» como quien hace publicidad de una marca de refrescos. Esa amnistía debería ser inmediata y total, incluyendo a los presos de ETA militar y de los comandos autónomos. No se han hecho aún explícitas las condiciones de la liberación de Rupérez, pero el comunicado que reivindica el secuestro ya sugiere que algo de ese género van a pedir.

Tal petición es vana. Los méritos políticos y personales del señor Rupérez son conocidos, como lo son -repetimos- sus trabajos por encauzar la diplomacia del partido del Gobierno por las líneas más próximas al progresismo político y al mejor entendimiento de los derechos del hombre y de los pueblos oprimidos. Su secuestro es un crimen injustificable, como lo sería el de cualquier otra persona con mayores responsabilidades institucionales.

ETA p-m debe entender que su acción no tiene otra salida que la rápida liberación sin daños de la persona del señor Rupérez. Cualquier otro desenlace por parte del Gobierno es simple y llanamente imposible. Y no se ha de producir.