La Junta de Extremadura no encuentra impedimentos técnicos a la central de Valdecaballeros

La Junta de Extremadura hizo ayer públicas las conclusiones del informe elaborado por las consejerías de Sanidad, Obras Públicas y Urbanismo e Industria sobre la proyectada central nuclear de Valdecaballeros, en la provincia de Badajoz. Como ya se adelantó en este periódico (véase EL PAÍS de 20 de octubre), el informe técnico, encargado a la firma sueca Sweconuclear, no es contrario al emplazamiento de la central, si bien aconseja la adopción de una serie de medidas técnicas complementarias encaminadas a reforzar la seguridad de la central.

No es arriesgado prever que el Pleno de la Junta dará el sí a la central y, en tanto no se produzca este pronunciamiento, todo se reducirá a intentar conseguir las máximas contrapartidas posibles que justifiquen ante la opinión pública extremeña, espoleada por los alcaldes socialistas, la aceptación de la central.Después de una entrevista de los miembros de la Junta de Extremadura con el ministro de Industria, que a su vez fue precedida de un encierro de más de un centenar de alcaldes socialistas para presionar contra la resolución de la Dirección General de la Energía, se anunció en el mes de agosto que la Administración concedía una moratoria de dos meses a fin de que la Junta de Extremadura se pronunciara sobre el tema.

Sin embargo, ese plazo se ha cumplido el 16 de octubre y todavía se desconoce para qué fecha será convocado el Pleno del órgano de gobierno preautonómico, que es quien habrá de pronunciarse, a la luz del informe elaborado por las consejerías. La razón de esta falta de prisa, tanto por parte de la Administración como por parte de la Junta, es doble. El ministro de Industria, en repetidas ocasiones y la última de ellas en el Congreso, la semana pasada, ha afirmado rotundamente que la central de Valdecaballeros será construida porque no hay razones de peso que aconsej en lo contrario. Por otra parte, una fuente oficial ha afirmado que ni ha habido moratoria ni se ha fijado un plazo de dos meses para que la Junta se pronuncie. En realidad, la central ha sufrido un parón de seis meses, que es el plazo concedido a la empresa constructora de la central para determinar ciertos aspectos técnicos, todavía sometidos a estudio, especialmente referidos a la seguridad.

Las conclusiones del análisis técnico exigen, para poder aceptar la puesta en marcha de la central nuclear de Almaraz y la construcción de la de Valdecaballeros, la creación del Comité Regional de Extremadura de Seguridad Nuclear (Cresnuma), según las pautas que en el informe se indican, y no debiéndose autorizar la construcción de Valdecaballeros sino son aceptadas, por parte de la Administración y de las empresas promotoras de la central, la inclusión de un depósito de control externo de los vertidos radiactivos. Asimismo, se exige una cobertura de riesgos adecuada y la aplicación de una acción especial para crear importantes empresas de comercialización de los productos agrícolas de las zonas regables extremeñas. También se señala la conveniencia de conceder créditos especiales a bajo interés y largo plazo para la promoción de instalaciones que utilicen como base la energía térmica derivada de la central nuclear como elemento principal de producción, como invernaderos-secadores de maíz, etcétera.

La Consejería de Sanidad llega a la conclusión en su informe de que el riesgo de un accidente nuclear es escaso, aunque la posibilidad de alteración biológica por el funcionamiento anormal de una central requerirá el control de la contaminación, estudios de las posibles modificaciones en la epidemiología.

Ninguna razón de carácter técnico ha encontrado la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo para recomendar a la Junta oponerse tajantemente a la construcción de la citada central, basándose en el trabajo que esta Junta encargó a Sweconuclear para un análisis del tema. No obstante, recomienda una serie de estudios complementarios sobre los aspectos sismológicos, de cimentación y ecológicos para asegurar los posibles riesgos que afectarían a estos apartados. Aconseja asimismo elaborar los análisis precisos sobre radiactividad en el sistema hidráulico, aunque señala que los cálculos efectuados llevan a resultados satisfactorios. Estos análisis permitirán conocer los efectos de la acumulación de materias radiactivas en el sistema durante una serie de años secos, así como la absorción de las materias radiactivas en los sedimentos del fondo y sus consecuencias a largo plazo.

Respecto a la contaminación atmosférica, señala con insistencia la necesidad de mejora de las evacuaciones de yodo, influyente en las dosis de Thyroidea, bien realizándose cálculos más realistas o mediante una purificación más efectiva de los vertidos de gas. No parece existir peligro alguno de concentración de radionucleidos en los vegetales regados durante la actividad normal de la central, si bien conviene que se adopten los métodos precisos para asegurar que tal concentración se mantendrá en cualquier caso.

Legislación inadecuada

La Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, a la vista del informe de Sweconuclear, colige que la legislación reguladora de la responsabilidad e indemnización de daños nucleares es confusa y excesivamente dispersa, por lo que propone a la Junta de Extremadura que insista ante el Gobierno o los parlamentarios para la presentación del correspondiente proyecto de ley, en el que se regule de una forma clara, moderna y completa la materia a que se refiere. Al tiempo advierte que la discordancia entre la legislación española y las normas internacionales, reguladoras de esta cuestión, deben ser resueltas tratando de adoptar el derecho español al que emana de los convenios internacionales suscritos por nuestro país, y en general, al derecho comparado más avanzado en este tema. Cualquier consecuencia dañosa derivada de un accidente nuclear, a juicio de la Consejeria de Obras Públicas, debe ser asumida por la comunidad nacional, y el Estado debe indemnizar el daño.Según propone el informe de Sweconuclear, debe ejercerse el plan sistemático de participación, que contempla los siguientes aspectos: información a la población sobre los aspectos del proyecto nuclear que tengan interés público. Cuestiones que tengan relación con la planificación social, plan de emergencia, control de vertidos en las inmediaciones y colaboración en el control del cumplimiento de las normas, especialmente las referidas a seguridad y medio ambiente.

El riesgo existe

No puede asegurarse categóricamente que la presencia de una central nuclear no perturbe el medio agrario de su entorno, señala la Consejería de Agricultura en sus conclusiones, y ello a pesar de las seguridades de su construcción y de la tecnología que se aplique; siempre pueden ocurrir accidentes y acumulaciones de contaminación radiactiva provenientes de las múltiples causas que se han estudiado, además de los «daños psicológicos» que los cultivos y las industrias agroalimentarias puedan padecer. A pesar de que su conclusión es pesimista, esta Consejería no recomienda tampoco el rechazo a la central y, con independencia de la decisión que adopte el Pleno de la Junta, estima que es necesario e imprescindible que, previamente a toda implantación nuclear, se tenga la seguridad de que se van a cumplir una serie de condiciones para salvaguardar los recursos de la región.En el tema de las compensaciones, la Consejería de Agricultura pide para la región una serie de beneficios que fortalezcan las estructuras y los medios de producción agraria, con vistas a la entrada en la CEE; un plan de electrificación rural y otro de industrialización agraria.

Un posterior análisis socioeconómico, en el que se matizan las compensaciones que Extremadura debe recibir por la instalación de la central de Valdecaballeros; entre estas compensaciones se pide la posibilidad de utilización de manera libre de los 2.000 megavatios térmicos de cada reactor para ser destinados al consumo agrícola; la concesión de una línea especial de crédito hipotecario a bajo interés y a largo plazo; la reducción del precio del kilovatio/ hora en un 15% del consumo diario y un 30% nocturno para un área de diez kilómetros de radio, con centro en cada central nuclear.