Los culpables siguen sueltos

Aquel día, una bomba estalló en la cuarta planta de nuestro periódico. Faltaban pocas horas para que las Cortes aprobasen el texto de nuestra actual Constitución. Las fuerzas interesadas en abortar el proceso democrático parecían tener prisa. A resultas de aquella explosión, moría Andrés Fraguas (diecinueve años, botones). Juan Antonio Sampedro (34 años, jefe de nuestros servicios generales) convalece aún de sus heridas en un hospital madrileño.

«No tenemos nada nuevo que decir sobre este caso», manifestaba anoche un portavoz de la Brigada Operativa. Hoy hace un año que en la planta de administración de EL PAÍS estallaba una bomba; era justo un día antes de que el Congreso y el Senado, reunidos en sesiones simultáneas, aprobasen el texto de Constitución, que sería refrendado en plebiscito pocas semanas después.Entre ese día y el 3 de enero (un mes antes y un mes después del referéndum constitucional) morían en España, víctimas de atentados o tiroteos, diez civiles, siete guardias civiles, cinco policías armados, cuatro etarras, tres policías municipales, dos militares retirados, dos jefes del Ejército (entre ellos, el gobernador militar de Madrid, general Ortín), y el antiguo juez del Tribunal de Orden Público, José Francisco Matéu.

Justamente dos semanas después del atentado a EL PAÍS, el entonces ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, afirmaba en rueda de prensa que «en el caso de EL PAÍS se está trabajando mucho y bien». En aquel encuentro con la prensa, el ministro aprovechaba para decir que todos los atentados de extrema derecha se encontraban resueltos policialmente.

En su relación de casos resueltos, Martín Villa incluía el atentado contra la revista satírica El Papus, que causó un muerto, hace ahora algo más de veinticinco meses.

En aquella conferencia de prensa, Martín Villa (13 de noviembre de 1978), declaraba que los GRAPO estaban «prácticamente desmantelados».

La mañana de la explosión en EL PAÍS tuvo mucho de caótica. A la sensación de desorden ayudóó aalgo el que fueran varios los servicios policiales que, cada uno por su lado, parecían iniciar la investigación. El 30 de noviembre de 1978, un mes después de que estallara la bomba, una alta fuente policial declaraba a EL PAÍS: «En concreto, tenemos dos pistas seguras que podrían dar con los autores del atentado. Al menos, eso esperamos nosotros.»

El 22 de mayo de este año, el policía Roberto Conesa llegaba a la jubilación sin que la Brigada Operativa, encargada del caso, descubriera a los culpables del atentado contra nuestro periódico. A Conesa le sucedió Manuel Ballesteros.

Hoy, un año después, los compañeros de Andrés Fraguas irán a acompañar su tumba en silencio en el cementerio de la Almudena. Sobre el ataúd han de quedar todavía los restos de un puñado de flores y el ejemplar de EL PAÍS que depositaron allí después de su muerte. Juan Antonio Sampedro, con el paquete intestinal destrozado, un ojo de cristal, una mano ortopédica y otra casi inexistente, convalece de su última intervención quirúrgica.

A Sampedro no le salvó la vida la falta de pericia de los terroristas, sino sus ganas inmensas de vivir. Carlos Barranco, el botones que sobrevivió gracias a una broma (se ocultó bajo una mesa al ver unos cables que salían del paquete), se ha reincorporado a la vida activa. Mientras tanto, los culpables siguen sueltos.