En un año murieron 121 mineros en España
Ciento veintiún mineros perdieron la vida durante 1978 en casi trescientos accidentes de trabajo, que arrojaron un saldo de otros 169 heridos graves. Al menos uno de cada ocho accidentes ocurrió en la provincia de León, que, sobre una población laboral próxima a los 15.000 trabajadores en hullas y antracita, totalizó en el mismo año quince muertos y veintiún heridos graves. Las estadísticas de 1979, sin embargo, darán cifras mucho más abultadas tras la explosión de grisú registrada el pasado miércoles, día 27, en el pozo María de la Minero-Siderúrgica de Ponferrada, en el que perecieron otros diez mineros.Según las estadísticas oficiales del Ministerio de Industria, 47 mineros murieron a lo largo de 1978 por hundimientos o desprendimientos de tierras en las galerías a consecuencia de setenta accidentes; otros 48 perecieron en veintisiete accidentes con explosivos; dieciocho en otros 54 accidentes de circulación o transporte en el interior de las minas; dieciocho más en accidentes mecánicos; once en accidentes que oficialmente figuran como «caídas»; cinco en otros nueve accidentes eléctricos; uno en cuatro accidentes ocurridos por causas «caloríficas o cáusticas»; dos en otros tantos accidentes debidos a mala ventilación de las galerías; uno por «caída de piedra u otro objeto»; ocho en 37 accidentes por causas «diversas» , y, finalmente, otros dos mineros resultaron muertos en otro accidente ocasionado por el grisú.
Nuevos peligros
Según fuentes oficiosas consultadas por este periódico, el número de accidentes en las minas espanolas ha disminuido sensiblemente durante la última década, «aunque la mecanización de las explotaciones haya traído también consigo nuevos riesgos». En general, las denuncias por infracciones en materia de seguridad son hoy poco frecuentes debido a Jos controles del propio Ministerio de Industria y a las periódicas inspecciones de los técnicos. La misma fuente descartó que el proceso de descapitalización de las minas por causa de la crisis económica del sector, a la que vienen refiriéndose en repetidas ocasiones las empresas, pudiera suponer, a medio plazo, un serio peligro, afirmando que los problemas de seguridad eran absolutamente prioritarios sobre los de producción o rentabilidad para las inspecciones.Esta opinión, sin embargo, no es compartida por el actual alcalde de Villablino, localidad minera de 16.000 habitantes, principal población del valle de Laciana, donde se registró el accidente del pozo María el pasado miércoles. Manuel Rodríguez Barrero considera que el trabajo en la mina sigue siendo un riesgo más que evidente para la vida de sus paisanos.
Según el alcalde, militante comunista, los accidentes mortales y la silicosis son peligros demasiado próximos para los habitantes de Villablino como para no reclamar la atención de los políticos. Un,picador, por ejemplo, suele tener una vida laboral activa de unos veinte años, por término medio, y tiene que retirarse al llegar a los cuarenta. Su sueldo oscila en la cuenca minera de Laciana «entre las 60.000 y las 125.000 pesetas, trabajando siete horas diarias, aunque la media suele situarse en torno a las 75.000». El alcalde, que cuenta con 33 años de edad, reconoce que tanto los sueldos como la vida media de los mineros del interior dependen de «cómo se cuide cada uno, de la suerte y de la fortaleza fisica».
Déficit sanitario
El alcalde señala también que, frente a una población con un elevado índice de silicóticos, el municipio no dispone más que de un ambulatorio en cuyo servicio de urgencias se turnan tres médicos que tienen que enviar a los pacientes graves a 64 ó 100 kilómetros de distancia -Ponferrada o León- por falta de camas y medios técnicos adecuados. El ambulatorio adquirió hace cinco años una serie de aparatos médicos que todavía no han entrado en funcionamiento y que, según se supone, están ya inutilizados. En caso de accidentes graves, por ejemplo, no se dispone de sala de reanimación, todo lo cual ha sido denunciado en repetidas ocasiones por los partidos de izquierda y las centrales sindicales, la última vez, por UGT, a través de un comunicado hecho público apenas 48 horas antes del accidente del pozo María. La situación sanitaria no es mejor en otras zonas mineras de la provincia, donde existen explotaciones sin botiquín de urgencias y en las que para recibir cuidados médicos hay que desplazarse hasta cuatro kilómetros. Es el caso, según el secretario de prensa de UGT, Luis Santos, picador, de la empresa Antracitas San Antonio, situada entre Bembibre y Torre del Bierzo, que no dispone de practicante ni médico para atender a los 170 trabajadores de la plantilla. La mina tampoco cuenta, por ejemplo, con un teléfono que pueda comunicarla con el exterior y, en particular, con los centros sanitarios más próximos, para atender a posibles accidentados.
Hasta hace apenas una década las minas de la zona estaban atendidas casi exclusivamente por los hombres que habían nacido en la cuenca, si bien más tarde se produjo una fuerte inmigración procedente de Portugal.
En muchos casos, se trataba de jóvenes que huían de los largos años de servicio militar en Angola y Mozambique que la dictadura portuguesa imponía a los jóvenes de aquel país. Posteriormente, se sumaría una importante colonia de habitantes de Cabo Verde.
