La ruptura EEUU-Taiwan puede ser anticonstitucional

En una decisión que puede poner en peligro la normalización diplomática entre Estados Unidos y la República Popular China, un juez federal norteamericano dictaminó ayer que el presidente Carter no puede poner fin al tratado de defensa mutua con Taiwan (Formosa), sin la aprobación del Congreso.

El tratado, que se firmó en 1954, debe expirar el próximo día 1 de enero, por decisión norteamericana y como parte del acuerdo alcanzado con Pekín para proceder al establecimiento de relaciones diplomáticas, que se efectuó a principios del presente año. El juez Oliver Gasch afirma en su fallo que el poner punto final a este tratado, sin la aprobación del poder legislativo, supone violar la Constitución.Según el juez Gasch, el poder ejecutivo necesita el apoyo de más de dos tercios de los senadores, o bien conseguir la mayoría simple en las dos cámaras del Congreso para abolir un pacto defensivo con otra nación. El Gobierno Carter piensa recurrir inmediatamente y por vía de urgencia un tribunal superior.

El fallo judicial incluye una orden que prohíbe al secretario de Estado, Cyrus Vance, el proceder a la abrogación del tratado con la China nacionalista. Si esta orden no es revocada por un tribunal superior, la Administración Carter podría encontrarse en una situación embarazosa frente a la República Popular China, con quien intercambió embajadores hace apenas siete meses y a quien prometió anular el pacto con Taiwan.

La denuncia ante el juez federal fue presentada por el senador republicano por Arizona Barry Gold water, junto con otros veinticuatro legisladores de ideología conservadora, que alegaron se les había escamoteado su derecho a intervenir, como miembros del Senado, El dictamen judicial señala claramente que «el presidente no es el único artífice de la política exterior».

Mientras el Congreso aparecía ayer dividido ante la inesperada decisión judicial, el senador Goldwater se mostraba muy satisfecho ante el fallo del juez Gasch y declaraba que así se demuestra que «ningún norteamericano, ni siquiera el presidente, puede violar la ley».