Seis juzgados para resolver los "asuntos" de un millón de habitantes

EI abandono que sufre un servicio público esencial como es la Administración de justicia, hecho que viene denunciándose infructuosamente desde hace lustros, alcanza cotas tercermundistas en las aglomeraciones urbanas de la periferia de Madrid. Sin locales adecuados, con escaso personal y con una media de un juzgado por cada 200.000 habitantes, la precaria infraestructura judicial existente se ve desbordada por la marea de asuntos que genera la actividad de un cinturón urbano de casi un millón de habitantes. describe algunos aspectos de esta situación.

La sala de audiencia es el comedor, el juez tiene su despacho en la habitación de matrimonio, el registro civil está en la cocina y el portal de la vivienda hace las veces de sala de espera. Esta mezcla de piso barato (que no llega a los ochenta metros cuadrados) y de juzgado es, concretamente, el juzgado de distrito de Alcorcón. Pero lo mismo podría ser, metro cuadrado más o menos, el juzgado de cualesquiera de las grandes aglomeraciones urbanas que forman el cinturón de Madrid capital.La Administración de justicia en estas zonas sobrevive como puede en casas particulares de vecindad, alquiladas, que no compradas, e invade, porque el exiguo espacio no da para más, las escaleras por donde tienen obligado paso los vecinos. De ahí que no sea raro ver colgado en la puerta del vecino de enfrente un cartel, con este humilde ruego: « Casa particular; por favor, no molesten.»

Las inevitables molestias se hacen todavía menos llevaderas en las fechas en que hay señalados juicios de faltas y la cola de la gente que espera invade el portal y sale hasta la calle. Las gentes de la zona o las personas que acuden esporádicamente saben que allí existe un juzgado más por las colas que se forman ante el portal que por la pequeña placa metálica, apenas visible, perdida en la inmensa pared de ladrillo, en la que se anuncia que en aquella casa de vecindad hay, efectivamente, un juzgado.

La población del cinturón de Madrid, que suma, aproximadamente, un millón de habitantes, tiene sólo seis juzgados de distrito cuando lo normal en una capital de provincia de 200.000 habitantes es que haya al menos tres juzgados. Las poblaciones de Alcorcón, con cerca de 200.000 habitantes; de Leganés, con más de 200.000; de Getafe, con 200.000; de Móstoles con 150.000; de Torrejón, con 75.000, y de Alcobendas, con 60.000, tienen cada una de ellas un juzgado, sin que la estructura judicial tenga, en cuenta la diferencia de habitantes entre unas y otras poblaciones.

Es más, Fuenlabrada, con 60.000 habitantes, y San Sebastián de los Reyes, con 70.000, no tienen juzgado, por lo que dependen, respectivamente, de Leganés y de Alcobendas. Carecen igualmente de juzgado Parla y Coslada, con 60.000 y 70.000 habitantes, respectivamente.

La falta de adaptación de la Administración de justicia al movimiento de población se hace patente también en la pervivencia de la antigua división judicial del territorio, con lo que se tiene la impresión de que los nuevos y populosos núcleos urbanos surgidos alrededor de Madrid fuesen una ficción. Así, Móstoles sigue dependiendo judicialmente de Navalcarnero; Alcobendas, de Colmenar Viejo, y Torrejón de Ardoz, de Alcalá de Henares. Sólo Alcorcón, Leganés y Getafe pertenecen al partido judicial de Madrid.

La firma ocupa la jornada

Si la infraestructura judicial sigue siendo prácticamente la misma de hace varios lustros, no puede decirse lo mismo del volumen de trabajo que llega actualmente a los juzgados, tras el boom emigratorio de los años sesenta, que convirtió a los pequeños pueblos de los alrededores de Madrid en inmensas ciudades-dormitorio.

Sólo por vía de ejemplo puede citarse el caso de Alcorcón, cuyo juzgado celebró 3.400 juicios de faltas, 310 juicios de cognición y verbales en el ámbito civil, y 186 actos de conciliación en 1978. A ello hay que añadir la tramitación de 2.000 cartas-órdenes y de 3.000 exhortos, en cumplimiento de órdenes procedentes de juzgados de otras poblaciones, amén del movimiento del registro civil.

Un funcionario de uno de estos juzgados de la periferia ha expuesto así la situación: «Llega un momento en que el juez no domina la situación. El papel lo invade todo y la firma de expedientes y de documentos ocupa la mayor parte de la jornada. La falta de espacio y el método de trabajo que se utiliza, sin los procedimientos modernos que podrían agilizar la tramitación de los asuntos, como el magnetófono o el dictáfono, ralentizan hasta tal punto la Administración de justicia que, de hecho, la bloquean. No es lo mismo resolver en su momento un pleito civil con consecuencias económicas que hacerlo varios meses después, dada la desvalorización monetaria.»

A la falta de espacio y a los métodos rudimentarios de trabajo hay que añadir las escasas plantillas de personal. En los juzgados de distrito de la periferia madrileña la nómina, aparte el juez y el secretario, no suele exceder de una docena de funcionarios, algunos interinos, entre oficiales, auxiliares y agentes. Por otra parte, los funcionarios fijos no suelen estar en el juzgado más allá del año que obligatoriamente se les exige; se marchan a la primera ocasión. La consecuencia es que el trabajo queda realmente en manos de funcionarios interinos, los cuales no tienen la opción de poder marcharse.

Sensación de abandono

Para el justiciable, esta situación le da una sensación de abandono y de desamparo. La gente que ha acudido al juzgado se marcha con la impresión de que no ha sido escuchada. La imagen de la justicia se deteriora; a veces, se llega al borde del desacato y de la falta de respeto.

Un juez del cinturón de Madrid, testigo impotente de este deterioro, ha descrito así la actitud de la gente: «Una persona que acude a un juzgado no adopta la misma actitud si es escuchada en una sala de audiencia bien acondicionada que si se le escucha en una habitación con las paredes desconchadas; ve que no es tal sala de audiencia. La actitud negativa aumenta si esta misma persona no ha podido hablar a solas con su abogado por no existir una habitación para este uso. En ocasiones, sobre todo en las fechas que hay juicios de faltas, se amontona tanta gente en los pasillos que los nervios de los funcionarios están a punto de estallar y entre los que esperan pueden surgir problemas de orden público. En esa situación, el deterioro de la imagen de la justicia es inevitable.»

Búsqueda de locales

La búsqueda de locales adecuados, en los que haya espacio para montar un archivo, servicio esencial éste para la buena marcha de la Administración de justicia, y en los que pueda instalarse una sala de espera donde resguardarse del frío y de la lluvia sin molestar a los vecinos, es uno de los principales quebraderos de cabeza de los jueces de la periferia madrileña.

El Ministerio de Justicia delega esta tarea de búsqueda en el juez de la zona, pero con la condición de que el edificio sea en alquiler, no comprado. «Después de mucho insistir», comenta uno de ellos, «podemos conseguir autorización para tomar un local en alquiler. Entonces viene el problema siguiente: encontrar uno adecuado a las necesidades de un juzgado, cosa muy difícil en estas zonas.»

El problema ha sido adecuadamente resuelto en Móstoles, donde el Ayuntamiento cedió un local moderno. Ahora bien, en las restantes aglomeraciones urbanas del cinturón madrileño los juzgados siguen instalados en viejos locales o en casas de vecindad.

El mismo juez añade que la sensación que existe entre los funcionarios judiciales de estas zonas es que han sido abandonados por parte de las autoridades del Ministerio y de las altas jerarquías del poder judicial. «En mi juzgado», dice, un poco avergonzado, «la dotación trimestral para gastos generales y de material de oficina es de 19.000 pesetas, y aquí hay auxiliares interinos que no llegan a 25.000 pesetas de sueldo.»

Información sobre la huelga de funcionarios de Justicia en página 49.