Piquetes de autoprotección

PRÁCTICAMENTE en todo el cinturón de ciudades dormitorio de Madrid (Alcorcón, Leganés, Móstoles, Fuenlabrada, Parla, etcétera) se está produciendo una peligrosa reacción ciudadana contra el incremento de la delincuencia común. Hace escasas fechas la policía se vio precisada de intervenir en Villaverde Alto para evitar el linchamiento de un presunto delincuente juvenil. Ayer mismo el Ayuntamiento de Móstoles hacía público un comunicado pidiendo a sus vecinos que desistieran de tomar la justicia por su manó.Un cierto corrimiento de opinión hacia la desconfianza en la capacidad de las Fuerzas de Orden Público para controlar la delincuencia en zonas superpobladas y un comprensible pero indefendible estado de opinión vindicativo ante casos particularmente desagradables de delincuencia como son las violaciones de menores o el mero asalto de mujeres o personas de edad, ha suscitado el nacimiento de piquetes de protección en las barriadas. Una trampa en la que los propios vecinos no deben caer.

La delincuencia, principalmente juvenil, en este tipo de barriadas (que no son privativas de Madrid) ha crecido notablemente desde hace años (no desde los años de la democracia), por razones estructurales que están en los libros de sociología urbana: crecimiento especulativo de las ciudades, «hábitat» hostil, falta de lugares de esparcimiento, carencia del primer empleo, baja escolarización, etcétera. Es cierto que la sociedad democrática no ha tenido tiempo -o, si se quiere, no ha sabido- para resolver el problema de los necesarios «colchones contra la pobreza» y de la rebeldía juvenil en los núcleos urbanos más proclives a este tipo de violencia. No es menos cierto que afortunadas previsiones policiales, como la implantación de policías de barrio, no han podido desarrollarse en toda su amplitud por falta de medios ante otras urgencias no menos graves de seguridad pública. Pero la creación de piquetes de autoprotección resulta indefendible, por mucho que puedan fallar los legítimos sistemas de protección ciudadana.

A más de que los aspectos más generosos de las quejas ciudadanas sobre esta delincuencia (que piden fundamentalmente la erradicación de las causas sociales que originan este vandalismo urbano) se contradicen de plano con la tendencia a hacer buena la ley del juez Linch. La justicia jamás es monopolizable (es de la sociedad organizada), y la violencia ni siquiera es, en su estricto sentido, monopolio del Estado; la violencia es monopolio de los violentos, y las instituciones del Estado deben velar por impedirla o reprimirla. Cuando ciudadanos particulares salen a la calle para suplir funciones policiales no sólo no se está resolviendo ningún problema de seguridad, sino que se generan otros nuevos y acaso más graves. Primero, la temida posibilidad de una muerte, unas lesiones graves, ocasionadas por estos piquetes sobre otros ciudadanos, delincuentes o no; en un segundo plano, la presunción de que ciertos grupos de delincuentes se amparen en la espontaneidad de estos piquetes para la comisión de sus delitos. Y siempre, la seguridad de que tales piquetes son en todo momento sujetos de utilización política subjetiva con fines partidistas de alarmismo y desestabilización social.