El consenso sobre el estatuto de RTVE fue roto por los comunistas

El clima de consenso básico con el que inició anoche el Pleno del Congreso el debate sobre el estatuto de radio y televisión se vio alterado por la posición comunista, favorable a reforzar la presencia de los trabajadores en la administración general y alta dirección de RTVE. La enmienda por la que se proponía la existencia de un comité ejecutivo al que pertenecerían dos representantes del comité de empresa fue rechazada. Socialistas y comunistas se cruzaron acusaciones sobre las divisiones internas en el seno de sus respectivos partidos.

El Pleno aprobó, en su sesión de anoche, los seis primeros artículos del proyecto de ley, y a las diez de la mañana de hoy proseguirá el debate sobre el estatuto de radio y televisión.En relación con el artículo primero, en el que se establece, entre otras cosas, que la radiodifusión y la televisión son servicios públicos esenciales cuya titularidad corresponde al Estado, los únicos votantes en contra, Coalición Democrática y el Grupo Mixto, explicaron el voto. Por CD lo hizo Antonio de Senillosa, quien aseguró que negarse a la televisión privada es oponerse a la historia. «El combate por la libertad de la prensa pasa por la libertad de la televisión.»

El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña Heribert Barrera -que explicó el voto en nombre de los dos únicos diputados del Grupo Mixto presentes- manifestó que suscribía los argumentos del señor Senillosa, y aludió a la grave ambigüedad del texto aprobado y a la lucha secular de todos los liberales por la libertad de prensa.

En relación con la legislación autonómica sobre televisión, se produjeron dos intentos de procedencia catalana, tendentes a incluir la alusión a la legislación de las comunidades autónomas. El diputado de la Minoría Catalana Miguel Roca propuso, sin éxito, la adición de un nuevo párrafo por el que se asegurara que las normas básicas del régimen de los servicios públicos de radiodifusión y televisión tendrían aplicación en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las facultades que corresponden a las comunidades autónomas.

Más suerte tuvo la propuesta de Socialistas de Cataluña, por la que se incluyó que la organización y el control parlamentario del tercer canal regional de televisión se articulara según el Estatuto y la ley de la comunidad autónoma. La enmienda socialista catalana fue aprobada con 273 votos favorables, seis en contra y dos abstenciones. La defendió Rodolfo Guerra.

En el texto relativo a la atribución de frecuencias y potencias, que corresponde al Gobierno, según el Estatuto, el señor Barrera mostró su oposición por el peligro que puede suponer el uso discrecional, por parte del Gobierno, atribuyendo malas frecuencias o potencias insuficientes a las comunidades autónomas. El centrista Francisco Soler aseguró que se trataba del apartado menos político del estatuto.

En relación con el ente público de RTVE, el Grupo Comunista defendió suprimir la expresión «sin excepciones» que figura en el texto que establece que RTVE en sus relaciones jurídicas externas, en las adquisiciones patrimoniales y contratación estará sujeta, sin excepciones, al derecho privado. Pilar Brabo manifestó que la adquisición de bienes de dominio público debe regirse por el derecho público.

El centrista señor Bravo le replicó que la preocupación jurídica está salvada en el artículo 34 del estatuto y que se trata de dotar de agilidad a la Administración de RTVE. La enmienda comunista fue rechazada.

Una nueva enmienda comunista suscitó el debate más tenso sobre el estatuto. Pilar Brabo propuso que junto al consejo de administración, los consejos asesores y el director general, el ente público de RTVE contara, para su funcionamiento, administración general y alta dirección, con un comité ejecutivo, en el que estaría asegurada la presencia de los trabajadores y los profesionales de RTVE. La señora Brabo explicó que este punto centraba las disidencias comunistas con el estatuto, cuya regulación general aceptaban, sobre todo por lo que se refiere a la consideración como servicio público esencial, al control parlamentario y a la adecuación a la realidad constitucional.

La diputada comunista citó un trabajo aparecido ayer en EL PAÍS que mostraba la mala estructura orgánica de TVE y sus graves males -entre ellos, la existencia de numerosos subdirectores y directores adjuntos-, que podrían solucionarse con una mayor participación de los trabajadores en la dirección colegiada de RTVE, a través del citado comité ejecutivo.

El señor Soler defendió que la democratización de RTVE estaba asegurada. En la misma línea, el socialista Pedro Bofill, manifestó que los socialistas estaban a favor del estatuto y denunció las diferencias de criterio entre el partido y el Grupo Comunista con una agrupación comunista de carácter profesional.

Estas acusaciones dieron pie a la señora Brabo para manifestar: «Parece mentira que un partido que, por ser democrático, tiene discrepancias en su seno, que se van a resolver en el próximo congreso, se extrañe que otro partido no menos democrático tenga también discrepancias internas. »

La enmienda comunista fue rechazada con 36 votos favorables, 240 en contra y cuatro abstenciones.

El Pleno del Congreso aprobó también la proposición de ley enviada por el Senado sobre la distribución de los 20.000 millones que integran el fondo de acción urgente previsto en los presupuestos del Estado. Fueron rechazadas, en virtud de la oposición de UCD, todas las enmiendas presentadas y que fundamentalmente pretendían una nueva distribución de las cantidades asignadas a cada región. Así, el grupo andaluz se quejó de la falta de atención a Andalucía, mientras la Minoría Catalana dijo que no estaba dispuesta a que Cataluña no reciba ninguna asignación por principio.

El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, aclaró que este fondo no es más que una especie de primera prueba para el de compensación territorial previsto en la Constitución y que, al fin y al cabo, se trata de una parte ínfirna del total de la inversión estatal. El socialista Enrique Barón señaló que precisamente el problema está en que no se sabe bien qué es este fondo, por lo que en realidad funciona como un fondo de compensación electoral de UCD.