Los gallegos y los conciertos económicos vascos

Abogado Inspector financiero y tributario, excedenteEstá ya prácticamente decidida la implantación en todo el País Vasco de los conciertos económicos contenidos en el Estatuto de Guernica. Como ciudadano de a pie, nacido y residente en una región (por comodidad usaré en lo sucesivo el término región para comprender tanto lo que la Constitución llama regiones como nacionalidades) «deprimida», como es Galicia, se me ocurren las siguientes consideraciones al respecto.

Parece de sentido común que la presión fiscal debe de ser uniforme en todo el Estado español. Lo contrario sería tan absurdo como que la duración del servicio militar fuera mayor o menor, según las zonas donde se nace o reside."

Esta uniformidad de presión fiscal es la resultante de dos factores: uniformidad de la legislación tributaria (de la norma jurídica abstracta) y uniformidad de su aplicación a la realidad (gestión tributaría).

Cualquier régimen que implique una diferencia en uno y/u otro aspecto (norma, gestión) tiene que suponer necesariamente una diferente presión fiscal, mayor o menor, sobre la restante del país, pues para conseguir una presión fiscal uniforme no es precisamente lo más adecuado acudir en ciertas zonas a ningún mecanismo diferenciador.

Descartado -porque no creo que los vascos sean masoquistas- el intento de ser gravados con una presión fiscal mayor que la del resto del Estado español, sólo cabe pensar que las fuerzas políticas del País Vasco (especialmente el PNV) pretenden para su pueblo una presión fiscal más baja que la del resto del Estado. Esto es, intentan lograr para Guipúzcoa y Vizcaya otro paraíso fiscal interno, como hoy lo son Alava y Navarra. Por eso, porque se conocen bien estos antecedentes, a nadie pueden convencer las pomposas declaraciones de que los conciertos no van a suponer privilegio alguno.

Lo grave de este ensanchamiento del paraíso fiscal que suponen los conciertos económicos no es sólo la ruptura de un principio, no ya constitucional, sino elemental de toda convivencia democrática, como es la igualdad ante la ley (Tributaría, en este caso), que va a permitir en un futuro inmediato hablar de contribuyentes de primera y de segunda.

Lo verdaderamente grave es que el trato privilegiado a una región, y más aún si es «rica»- (los términos «rica» y «pobre» los utilizó en un sentido relativo, referente a la posición que ocupa cada región respecto de los niveles medios de renta e índices de equipamiento social), sólo puede hacerse en perjuicio de las demás, dada la escasez de recursos a administrar y la interrelación económica regional (en el campo internacional es bien conocida la dependencia económica de las naciones pobres respecto de las ricas). Al menos, mientras el Estado español siga constituyendo un espacio económico integrado.

Los conciertos económicos le van a permitir al País Vasco, por un lado, importar capitales y mano de obra, atraídos por ese incentivo fiscal y, por otro lado, exportar al resto del Estado español bienes y servicios a costes mucho más bajos, al ser bastante menor su presión tributaría en un momento como el presente, en el que los costes fiscales son decisivos.

No debemos olvidar que una cosa es el reconocimiento de la personalidad histórica y cultural, con su trasfondo político, de un pueblo como el vasco y otra, bien diferente, la concesión de un régimen económico privilegiado.

En el plano histórico, cultural y político todo trato de igualdad a nivel de Estado es injusto, porque la realidad sobre la que se opera no -es uniforme. Y, lo que es más importante, el reconocimiento y potenciación de las «señas de identidad» del pueblo vasco no perjudica para nada al resto de los pueblos del Estado español.

Pero en el plano económico ocurre justamente lo contrario: las desigualdades de trato hacen que los ricos sean cada vez más ricos, y los pobres, cada vez más pobres.

Que ambos aspectos son perfectamente deslindables lo prueba el hecho de que, durante el franquismo, Vascongadas fue ferozmente maltratada en el campo cultural y político (¿es que acaso no lo fueron también las otras regiones?) y generosamente bien tratada, al menos en términos comparativos en relación con Galicia, Andalucía, Extremadura, etcétera, en el aspecto puramente económico.

También es conveniente recordar que una cosa es la financiación de las comunidades autónomas y otra, bien distinta, la estructura fiscal que permite esa financiación. Se puede, y se debe, potenciar al máximo la financiación de la comunidad autónoma vasca (como la de las demás comunidades, autónomas), asignándole la mayor cuantía posible de recursos financieros generados en su zona geográfica, siempre dentro de los límites impuestos por la solidaridad con las regiones pobres y la obligada contribución a los servicios exclusivos del Estado.

Pero las fuentes financieras de la comunidad autónoma vasca deben responder a un esquema común con el resto de las regiones. No hay ninguna razón válida que permita romper la unidad fiscal del Estado español con los conciertos económicos. Y de haberla, sería, en todo caso, para aplicar este sistema privilegiado a las regiones pobres y no a las ricas.

Los vascos deben saber que los habitantes de otras regiones menos favorecidas somos conscientes del alcance, perjudicial para nosotros, de esos conciertos. Pero también deben saber que si esa medida (junto con otras contenidas en el Estatuto de Guernica) es necesaria para la pacificación de su país, la aceptamos con serena comprensión, en base a un principio de solidaridad de signo multidireccional («hoy por ti, mañana, por mí»), que somos los primeros en defender y potenciar.

Pero, para dejar las cosas en su justo punto, debería hacerse constar en el propio Estatuto de Guernica, y exclusivamente en lo relativo a los conciertos económicos, este carácter provisional y subordinado al cumplimiento de su específico fin. Conseguida la pacificación de Vascongadas, y cumplido su objetivo, deben de volver los vascos al régimen fiscal común. Y si no se consigue esa pacificación, pasado un plazo prudencial, también deben de cesar los conciertos económicos por inadecuación del medio al fin perseguido.

Por todas estas consideraciones, si se siguieran manteniendo los conciertos económicos una vez cumplido, este plazo condicional, los gallegos (aunque carezco de la más mínima representatividad política, espero que se me permita esta licencia), y pienso que también los extremeños, los andaluces, los canarios, etcétera, nos veríamos en la obligación de reclamar, en pie de igualdad con los vascos, nuestros propios conciertos económicos. que no se nos podrán negar, sí, como se dice, no implican privilegio alguno.

Siempre será mejor esto que tener que recurrir a la creación, en legítima defensa, de una barrera aduanera que nos permita neutralizar, al menos en parte, los menores costes de los productos y servicios exportados desde Vascongadas.