Se inicia el debate sobre el estatuto de centros docentes
El debate que hoy se inicia en el Congreso sobre el estatuto de centros docentes no universitarios va a poner de relieve, acaso como ningún otro proyecto legislativo en materia de enseñanza, las profundas divergencias que existen entre el partido en el Gobierno y la izquierda en todo lo que concierne al sistema educativo.El coordinador de la comisión de educación del PSOE, Alfonso Lazo, anunció ayer, con este motivo, el comienzo de un período de «dura discusión con UCD», y el secretario general de FETE-UGT, Manuel Gracia, aseguró que «padres y alumnos se movilizarán si se atenta contra sus derechos constitucionales».
Estas declaraciones, según informó Europa Press, fueron formuladas en el curso de una conferenicia de prensa a la que asistieron también Carmen García Bloise, por la comisión gestora del partido, y la diputada María Izquierdo.
La citada comisión de educación del grupo parlamentario socialista y FETE-UGT han elaborado conjuntamente un informe sobre este proyecto legislativo, del cual van a depender cuestiones tan importantes como la participación de paídres, profesores y alumnos en el funcionamiento de todas las instituciones docentes no incluidas en el ámbito de la enseñanza universitaria.
En opinión de los parlamentarios socialistas, el proyecto de ley del Gobierno es anticonstitucional, y su desacuerdo se basa fundamentalmente en cuatro, aspectos: sólo se habla de centros públicos y privados, sin que se especifiquen los centros privados financiados con fondos públicos; se impone el ideario en los centros privados, estén financiados o no; se niega el control y gestión de los centros por la comunidad escolar, en contra de lo establecido por la Constitución, y no establece una democratización del «sistema educativo», sino una muy discutible democratización de los centros.
Por último, Alfonso Lazo insistió en la idea, ya expresada repetidas veces por los parlamentarios socialistas, de que la división del antiguo Ministerio de Educación y Ciencia tuvo por objeto posibilitar una política progresista en la universidad, nivel que no preocupa al Gobierno, y una política conservadora y reaccionaria en los demás niveles de la enseñanza.
