Aprobada la ley del Tribunal Constitucional con el voto socialista

La primera ley que desarrolla la Constitución de 1978 nació ayer, en el Pleno del Congreso, que le dio su aprobación final, del consenso fundamental entre los dos grandes partidos parlamentarios (UCD y PSOE) y las minorías catalana y vasca. En la votación global sobre la ley Orgánica del Tribunal Constitucional, sólo veinticinco votos (comunistas y andalucistas) se mostraron contrarios al conjunto de la ley, mientras 249 (UCD, PSOE y las minorías citadas) dieron su voto afirmativo. Las once abstenciones correspondieron a diputados de Coalición Democrática y a los del Grupo Mixto Juan María Bandrés, Heribert Barrera y Fernando Sagaseta.

En la explicación de voto quedó de manifiesto la única gran diferencia sobre la votación producida el 24 de julio en el Pleno del Congreso: el cambio de actitud de los socialistas, tras la tramitación del proyecto de ley en el Senado. La justificación del voto afirmativo de ayer se basó en las modificaciones introducidas en la Cámara Alta, en tanto que comunistas y andalucistas quitaron importancia a tales cambios y exhibieron su coherencia con el voto del Pleno citado.La ley Orgánica del Tribunal Constitucional fue aprobada definitivamente por el Pleno del Congreso, con la incorporación de 115 de las 126 enmiendas aprobadas por el Senado en el pasado mes de agosto. A lo largo de medio centenar de votaciones, que convirtieron la sesión en tediosa, el Congreso rechazó once de las enmiendas aprobadas por el Senado, ninguna de las cuales afectan a los temas de mayor importancia -recurso previo de inconstitucionalidad, conflicto de atribuciones entre los órganos constitucionales y legitimación de las comunidades autónomas para oponerse a los acuerdos adoptados por otras-, que dejaron descontenta a la izquierda parlamentaria.

Las propuestas de no aceptación de las enmiendas del Senado procedieron, en su mayoría, de los grupos Centrista, Socialista y Minoría Catalana.

Tras la votación final, cinco grupos parlamentarios solicitaron explicar su voto. En primer lugar, el comunista Jordi Solé señaló que los únicos cambios introducidos por el Senado eran mejoras formales que no afectaban al contenido esencial de la ley.

El andalucista Juan Carlos Aguilar insistió también en la coherencia de su grupo con el voto negativo de la fecha citada y aludió a algunos aspectos parciales de las enmiendas introducidas en el Senado que desagradaban a los andalucistas. Citó, por ejemplo, lo relativo a los letrados constitucionales, que implicaban aumento de gasto público.

Por los socialistas, Gregorio Peces-Barba señaló que las importantes mejoras técnicas introducidas en el Senado no habían sido suficientemente valoradas por los diputados que acababan de intervenir. Expuso la contradicción de los grupos que habían votado favorablemente a numerosas enmiendas a lo largo de la sesión, mientras lo habían hecho en contra en el voto de totalidad, emitido al final. El señor Peces-Barba manifestó que su grupo se complacía por el papel desempeñado por el Senado. En cuanto al tema del aumento de gastos esgrimido por los andalucistas, el diputado socialista señaló que no debe afectar a una institución de la importancia del Tribunal Constitucional.

El centrista Oscar Alzaga explicó la máxima satisfacción con que su grupo había votado a favor. Destacó que el Senado ha demostrado ser una Cámara idónea para la remodelación y el enfriamiento, a través de su trabajo duro y estival. Reconoció que la estructura de la ley es la misma aprobada por el Congreso el 24 de julio y elogió la apertura del Gobierno a la mejora técnica de su proyecto de ley en las diversas partes de su tramitación.