Inquietud en la Administración de Justicia por la ley de Retribuciones
La decisión del Gobierno de retirar del Congreso de los Diputados el proyecto de ley de retribuciones de los funcionarios de la Administración de Justicia ha producido inquietud y desconcierto entre estos últimos, sobre todo, entre aquellos funcionarios que integran los cuerpos con ingresos más bajos.Los funcionarios de la Administración de Justicia, que vienen soportando desde hace lustros una difícil situación económica, tenían puesta gran esperanza en dicha ley, a la que, por otra parte, los actuales responsables de la Administración de Justicia atribuían el carácter de solución definitiva a los problemas retributivos que aquejan al personal al servicio de la justicia.
El Sindicato Libre e Independiente de los Cuerpos de la Administración de Justicia, que agrupa a la gran mayoría de los funcionarios de los cuerpos auxiliares, ha anunciado diversas acciones de protesta contra la retirada del proyecto de ley, entre ellas una concentración ante el Palacio de Justicia madrileño, mañana, día 15, durante el acto de apertura de los tribunales.
Según el citado sindicato, además de la retirada del proyecto de ley de retribuciones de la secretaría general del Congreso de los Diputados, adonde había sido remitido por el Gobierno el pasado día 25 de mayo, han sido congelados todos los estudios iniciados para el reconocimiento de trienios y la ampliación de plantillas. Se desconoce cuál ha sido el motivo por el que el Gobierno ha decidido retirar del Congreso el proyecto de ley de retribuciones, aunque fuentes próximas al Ministerio de Justicia han alegado que el proyecto de ley fue presentado sin firma, por los que, una vez subsanado este error, volvería a ser presentado de nuevo al Parlamento.
Aunque los cuerpos auxiliares de la Administración de Justicia no están de acuerdo con parte del contenido del proyecto del Gobierno, estiman que su discusión debe iniciarse sin demora y ya han preparado diversas enmiendas, que presentarán a través de los grupos parlamentarios. Estos cuerpos estiman que el proyecto del Gobierno establece numerosas escalas retributivas, ya que fija los coeficientes no sólo en relación con las categorías, sino también con los cargos que se ocupan dentro de las mismas. Según estos cuerpos, a cada categoría debería corresponder un único coeficiente, y los cargos deberían ser retribuidos mediante la asignación de complementos. Por otra parte, la asignación de estos últimos debería ser establecida en el proyecto de ley, y no dejar la misma a lo que en su día determine el Ministerio de Hacienda, a propuesta del de Justicia, previo informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo.
