Dificultades para constituir la comisión de orden público en el País Vasco
Fuentes solventes del Ministerio del Interior informaron ayer a EL PAIS que por parte de este departamento se, ven dificultades casi insuperables para la constitución de la comisión mixta para el orden público en el País Vasco. Entre otras cosas, tal comisión prejuzgaría la constitución de la Junta de Seguridad -prevista tanto en la ley de Policías Autónomas como en los estatutos vasco y catalán-, que también será paritaria y tendrá los mismos cometidos.Otra dificultad sería designar un interlocutor válido por parte del Estado, porque hasta la entrada en vigor del Estatuto no habrá delegado del Gobierno en la comunidad autónoma, y ahora sería difícil decir un nombramiento.
Por otra parte, fuentes de Presidencia del Gobierno confirmaron que el tema de la ley del referéndum irá, con toda probabilidad, al Consejo de Ministros que se reúne mañana, viernes, aunque todavía no está confeccionada la «agenda roja», q'ue es donde van los asuntos importantes y de urgencia. «Ya que el señor Garaikoetxea planteará hoy su tesis, mañana el Gobierno decidirá con este nuevo elemento», agregaron dichas fuentes.
Tanto sobre el referéndum como sobre la comisión mixta para el orden público, el silencio oficial es total hasta que el Consejo se pronuncie.
Al PSOE no le gusta el decreto-ley
El Grupo parlamentario Socialista considera difícilmente admisible que el Gobierno dicte un decreto-ley en el que se regulen los referéndumes de los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, según afirmó ayer- Gregorio Peces-Barba. El señor Peces-Barba estima que existe legislación vigente suficiente como para que, en el caso de que las Cortes no aprueben antes de la fecha prevista para los referéndumes vasco y catalán la ley que prevé la Constitución, éstos puedan llevarse a la práctica sin ningún problema legal.El diputado socialista se mostró partidario de imprimir rapidez a la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que envíe al Gobierno sobre esta materia, «pero en ningún caso», añadió, «estaría justificado un decreto-ley».
