El gobernador prohíbe un referéndum sobre un proyecto urbanístico de Ricardo Bofill

La suspensión por parte del gobernador civil en funciones de la provincia de Santander del acuerdo adoptado el pasado 29 de junio por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, en el que se decidió someter a referéndum municipal la continuidad del ambicioso proyecto de edificación de Castro-Novo, ha creado un gran malestar en la villa cántabra, en la que hoy habrá un pleno extraordinario de la Corporación para analizar la decisión gubernativa. El proyecto es obra de Ricardo Bofil y ha sido ideado como una respuesta a la expansión del Gran Bilbao. La nueva ciudad constaría de 5000 viviendas.

Según fuentes consultadas, próximas a algunos de los concejales de aquel municipio que con más fuerza, se han opuesto al proyecto, la declaración de nulidad del acuerdo podría haberse producido fuera del plazo legal establecido para que la autoridad gubernativa pueda oponerse a los acuerdos de las corporaciones locales. En estos momentos, juristas cercanos a la coalición Izquierda Castrense Unida (ICU) preparan un recurso contra la decisión, que viene a revocar un acuerdo adoptado por la gran mayoría de los concejales castreños. Tan sólo dos votos en contra del referéndum se dieron en el citado pleno: el del alcalde, Manuel Gutiérrez, y el de una concejal de su coalición, en tanto que el resto de sus compañeros de candidatura, que son mayoría en el Ayuntamiento, unieron sus votos, favorables a la consulta popular, con los de los concejales de UCD, PSOE e ICU.

El proyecto de Castro-Novo es una ambiciosa realización del arquitecto catalán Ricardo Bofill, cuyo inicio se remonta al año 1967, al crearse la Sociedad Castromar, SA, financiada con capital vasco y con una importante participación de Bankunión, que adquiere unos terrenos en las cercanías de Castró Urdiales, en los que había sido denegada la instalación de una fábrica de cemento. Para legalizar la futura construcción, el Ayuntamiento aprobó modificaciones parciales del plan general de 1965, por lo" que los terrenos citados pasaron de calificación rural a ser zona residencial, extremo que finalmente sería ratificado en 1976.

Un año después, la comisión provincial de urbanismo concede la licencia de edificación al aprobar cuatro planes parciales que desarrollaban el plan general ya modificado. A ello se opuso el Colegio de Arquitectos de Santander, al que se unirían posteriormente arquitectos, sociólogos, partidos políticos, centrales sindicales, asociaciones de vecinos y, finalmente, el Colegio de Arquitectos de Madrid. El macroproyecto elaborado por Bofill, al que los detractores no niegan su carácter innovador coma arquitecto, pero del que rechazan de plano sus concepciones urbanísticas, calificándolas de «desfasadas», no tiene ni por volumen ni por su costo —se calcula en 15.000 millones de pesetas lo que invertiría la inmobiliaria Castromar —precedentes en Cantabria.

Castro Urdiales, con una evolución de población realmente equilibrada —en 1977 había 13.144 habitantes por 14.191 a principios de siglo—, se enfrentaría, de pronto, a una «nueva ciudad», con 5..000 viviendas asentadas sobre 1.200.000 metros cuadrados, capaces de recibir, a 25.000 nuevos habitantes. Esta ciudad satélite, que el propio arquitecto Ricardo Bofill define, como «zona de descongestión del Gran Bilbao» se encontraría, una vez construida la nueva autopista del Cantábrico, a tan sólo doce minutos del centro de Bilbao.

Los que se oponen al proyecto primero a través de un pujante movimiento ciudadano y ahora desde el seno de la Corporación, sin que se hayan olvidado las movilizaciones populares, basan su posición en las consecuencias que supondría hacer realidad tal proyecto: pérdida de la identidad de Castro Urdiales, degradación urbanística y cultural, freno del desarrollo industrial, situación conflictiva entre dos formas de vivir distintas (la vasca y la cántabra), aumento del coste de la vida y eliminación de zona de expansión ecológica.

Por su parte, los que se muestran favorables al proyecto, entre ellos el actual alcalde de la villa y que también lo era en el momento de aprobarse definitivamente la licencia de edificación, insisten continuamente en que la creación de Castro-Novo generará riqueza y puestos de trabajo.

Un largo y farragoso debate, al que la decisión del Ayuntamiento de someter a referéndum popular, su viabilidad o inviabilidad, podría haber puesto fin. La decisión de suspender el acuerdo, tomada por el gobernador civil, vuelve a replantear un asunto.