El suicidio colectivo

Durante años, los que han dispuesto de medios económicos, a amparo de la ley de 1879, que otorgaba carácter privado a las aguas subálveas, se han limitado a extraer toda cuanta agua han podido y venderla al mejor postor, sin límite de precios, en un mercado sediento. Sin embargo los técnicos han dado la voz de alarma: o se racionaliza, desde una perspectiva de razón social, todo el circuito del agua o Canarias está abocada al suicidio colectivo.Las coordenadas en las que ha de moverse esta reestructuración las constituyen, por una parte, la demanda creciente de agua por razones demográficas y de nivel -de vida, y por otra, la inconveniencia de forzar más el aprovechamiento de los acuíferos. En definitiva: que en tanto que la aparición de nuevas tecnologías no abarate los costos de producción de agua (desalinización) no hay otra salida para cubrir la demanda futura, y aun la presente, que ahorrar agua y aplicarla a aquellos sectores de mayor productividad económica y rentabilidad social. No es este un diagnóstico gratuito de la situación, sino el que se desprende del estudio SPA-15, ya mencionado, y que constituye la más valiosa aportación para el conocimiento de los recursos hídricos de Canarias y el comportamiento de sus acuíferos.

Partiendo precisamente de las conclusiones del SPA-15, está en marcha actualmente un ambicioso estudio, denominado MAC-21, que pretende marcar las directrices para una racionalización de los recursos enfocando el horizonte del año 2000. Esta racionalización afecta a las extracciones en pozos y galerías, a las redes de distribución, a los consumos y, finalmente, al retomo del agua una vez utilizada. El marco institucional y legal evidentemente necesita ser transformado.

Las reservas se agotan

La necesidad de controlar las explotaciones viene determinada por el simple hecho de que se está extrayendo más agua de la que se infiltra, como lo indica el descenso alarmante del nivel freático, unos diez metros anuales. Parte le la demanda actual se está cubriendo, por tanto, en base a los ahorros acumulados en el pasado, o que significa que se está contrayendo una deuda con el futuro.

Pero las consecuencias de esta práctica abusiva se están viendo ya en el presente. Se está asistiendo en Canarias a una pérdida de a calidad del agua, especialmente en el fluido proveniente de pozos próximos a la costa que están n peligro de salinización irreversible. A su vez, en el interior, el descenso del nivel freático está provocando la desertización de las cotas más elevadas.

La situación aconseja un control de las extracciones, a la que no colabora nada la multiplicaciónde pozos y galerías por toda la geografía canaria. No se cuenta en la actualidad con un inventario completo de puntos de extracción, y el oscurantismo del mercado impide conocer con exactitud cuánta agua se obtiene en cada pozo o galería. La multiplicación de éstos es tal. que en la actualidad cualquier nueva prospección significa, en la opinión de un técnico, robar agua a los demás y no añadir, caudal.

La proliferación de explotaciones fue posible debido a la permisividad de la ley de 1879, corregida, demasiado tarde, por la ley 24-12-1962 y su reglamento de 1965, que imponen la obligatoriedad de una autorización previa a las obras de alumbramiento, con la finalidad de preservar los derechos de los aprovechamientos anteriores. También contribuyó a este fenómeno la facilidad de alumbrar agua a bajo costo, debido a la menor profundidad y longitud de pozos y galerías.

Hoy, en cambio, la profundidad media de los pozos son los doscientos metros y la longitud media de las galerías sobrepasa los dos kilómetros, a la vez que el descenso de la lámina de agua obliga a una prolongación de éstas del orden de los 35 o cuarenta kilómetros por año y a una profundización constante de los pozos. Todo ello a un costo elevadísimo: el metro lineal de pozo, de un diámetro de 2,50 a tres metros, cuesta unas 35.000 pesetas. Razones de interés comunitario (la necesidad de control de las explotaciones) y de carácter económico (reducir las inversioies y abaratar los costos) confluyen en un mismo punto: la conveniencia de reducir el número de pozos y galerías.

Fuga en red

Por lo que respecta a las redes le distribución, su disparatado kilometraje (unos 5.000 kilómetros) constituye el primer índice de irracionalidad. Su principal ¡efecto proviene del oligopolio formado en base a ellas y de la estructura de poder que han generado en Canarias de corte cuasi feudal aspecto este que merece in capítulo aparte. A los detentadores de ese poder, los dueños de las redes, en el medio campesino se les conoce por los aguamangantes.

Para cualquier canario es evidente que en la situación de penuria actual toda pérdida de agua tiene un alto costo social, y, sin embargo, el tinglado de redes que un y vienen por Gran Canaria, en todas las direcciones, pierde nualmente más agua de la que iroduce la potabilizadora de Las Palmas, que ha costado mil milones de pesetas. José Jiménez, jefe del Servicio Hidrográfico del MOP en Las Palmas, estima que la racionalización de la red libearía unos veinte millones de metros cúbicos anuales. Lo que, al margen del alivio para los superexplotados alumbramientos, supondría un ahorro de seteientos millones de pesetas, alprecio actual del metro cúbico de agua.

En Tenerife la situación no es más boyante. Según el SPA-15, la demanda real urbana e industrial se estimaba en 1975 en veintiocho hectómetros cúbicos por año; pero, debido a las elevadas fugas de las redes de distribución, el agua aplicada para esos dos consumos era de 47 hectómetros cúbicos. Si en este pequeño apartado del mercado es posible liberar diecinueve millones de litros por año, cabe imaginarse lo que puede significar actuar sobre toda la red.

Los excedentes que se consiguieran por esta vía y por otras, como la depuración, deberían ser aplicados a sectores y actividades de mayor rentabilidad económico-social por metro cúbico de agua, y ese óptimo no lo tiene la agricultura actual canaria, en opinión de los técnicos que trabajan en el MAC-21. Esto nos lleva al tema de la racionalización de los usos del agua.

Ante la necesidad ineludibde de ahorrar agua como única salida para atender la demanda futura e incluso la actual, está claro que hay que actuar sobre los consumidores, y el consumidor de agua por excelencia en Canarias es la agricultura, sector al que van destinados más del 80% de los recursos disponibles (cuadro publicado en EL PAIS de ayer, viernes). De entre los diversos cultivos, es el plátano el mayor consumidor de agua, en términos asolutos y relativos: 76 hectómetros cúbicos por año en Tenerife, de los 160 aplicados a la algricultura, y 43 hectómetros cúbicos por año en Gran Canaria, de los 116 destinados al mismo ector.

Con ser el plátano un cultivo de por sí gran consumidor de agua, el tradicional sistema de riego a manta, todavía imperante en el archipiélago (el agua corre, por toda la plantación), es el determinante de tan altos consumos, ya que una reconversión de los sistemas de riego liberaría alrededor del 40% de los mismos. La dotación media de agua por hectárea de platanera es de 15.000 metros cúbicos al año por el sistema. de riego a manta, mientras que con el gota a gota es sólo de 8.500 metros cúbicos. Un agricultor de Arucas, la mejor zona platanera del norte de Gran Canaria, explicaba a EL PAIS que con el riego por aspersión todavía se puede rebajar esa dotación. Poco a poco se está produciendo esa transformación de los sistemas de riego que, por otra parte, en opinión de técnicos y agricultores consultados, está al alcance de cualquier productor. Mayores facilidades de crédito oficial estimularían esa reconversión.

Adiós a la platanera

Sin embargo, es preciso ir mucho más allá. En un avance del, MAC-21, al que EL PAIS ha tenido acceso, se afirma que «la orientación actual de la agricultura hacia cultivos grandes consumidores de agua y el abandono casi total de la ganadería y de las industrias transformadoras constituye una estrategia que tiene que ser revisada. El resultado final de la investigación debe proporcionar la ordenación de cultivos que aporte el óptimo de beneficios a la economía canaria y que sea compatible con una demanda de agua que pueda satisfacerse sin la alteración del equilibrio hidráulico».

Ese óptimo rendimiento en función del agua empleada está lejos de tenerlo el subsector platanero, cuya supervivencia, en parte, sólo es posible gracias a la reserva del mercado nacional. Según datos obtenidos a partir del SPA-15, el 30% de la platanera de Tenerife, el 10% de La Palma, el 80% de La Gomera, un porcentaje no determinado de Hierro y el 50% de Gran Canaria no sería rentable de existir libertad de mercados. El agua, que supone entre el 20% y el 50% de los gastos de explotación, es factor determinante de esa baja competitividad.

Por otra parte, en términos de rentabilidad social, el plátano va muy por detrás de otras actividades agrícolas. Así, desde el punto de vista de la mano de obra empleada, mientras la platanera da ocupación a 1,3 unidades de trabajo por hectárea, el pepino ocupa a tres y el tomate a dos. (Conviene recordar que Canarias tiene a la vez el mayor índice de paro de España y el de mayor crecimiento vegetativo de la población.)

Pero la cuestión va todavía más allá de la reconversión de riegos y reordenación de cultivos. Se está cuestionando también la participación de cada sector económico en el reparto del agua disponible. Hay quienes opinan que no es posible mantener el esquema actual en el que la agricultura, significando el 80% del consumo de agua, sólo aporta el 8% del PIB (producto interior bruto) canario. «No se puede privar a otros sectores que aportan el 92% -industria y servicio (especialmente el turismo)- de un recurso fundamental para su desarrolló; por otra parte, ninguna población tiene garantizado suficientemente el servicio», declaraba a EL PAIS el director general de Obras Hidráulicas, Juan Ruiz.

Otros, entre los que se encuentran Manuel Bermejo, actual alcalde de Las Palmas, agrónomo de profesión, opinan, por el contrario, que hay que dar prioridad a la demanda del sector agrícola. «Que las ciudades resuelvan sus problemas de agua», afirma Manuel Bermejo, «porque el consumo urbano, y sobre todo el turístico, admiten precios más elevados; los cultivos, no.»

Queda finalmente otro capitulo para incrementar las disponibilidades de agua, cual es la depuración de las aguas residuales urbanas e industriales. José Jiménez, ingeniero jefe del servicio hidráulico del MOP en Las Palmas, estima que por este procedimiento podrían revertir para usos agrícolas entre treinta y 35 millones de metros cúbicos al año, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. A la vez se preservaría a los acuíferos de uno de los factores contaminantes de los misnos.

Próximo capítulo

Jeques de oro incoloro