Programa económico: tres consideraciones y una conclusión
Gabinete técnico confederal de CCOOLa primera consideración que destaca en el «programa» económico presentado por el Gobierno es la de que constituye el reconocimiento de un estrepitoso fracaso de la gestión económica gubernamental. Para 1979, el Gobiemo se propuso un aumento de la producción interior de un 4% o un 5 %, mientras que el «programa» actual corrige tal previsión a un 2,5 %, es decir, casi la mitad; el Gobierno prometió que no aumentaría el paro en 1979, y, en cambio, el crecimiento del paro puede cifrarse en 250.000 personas; el Gobierno «programó» una tasa de inflación del 10% entre diciembre de 1978 y diciembre de 1979 y, al final de este año, la tasa de inflación alcanzará un 17% o un 18%; final mente, el Gobierno previó un déficit del Presupuesto del Estado que no sobrepasase los 195.000 millones, y hoy, a mediados de año, reconoce un déficit de 400.000 millones.
¿Para qué sirvieron, pues, las «jornadas de reflexión» de finales de 1978, a las que el Gobierno convocó a las centrales sindicales y organizaciones empresariales? En todo caso, no para que el Gobierno reflexionase, pues, al parecer, ya lo tenía todo decidido. Las, CCOO y la UGT advertimos en aquella ocasión al Gobierno que una tasa de inflación inferior a un 13-14% sería inalcanzable y, en cualquier caso, produciría una presión sobre la demanda que sólo originaría más paro; y los hechos nos han dado la razón. La UGT y las CCOO criticamos el carácter triunfalista y acientífico de las previsiones del Gobierno sobre la evolución del paro y le advertimos seriamente de que, ante tal ausencia de medidas específicas, el desempleo crecería sensiblemente, como así ha ocurrido. Finalmente, las CCOO propusimos un plan de inversiones públicas generadoras de empleo y una ampliación del seguro de paro, para todo lo cual preveíamos que sería necesario un déficit presupuestario productivo (generador de empleo y no inflacionista) de unos 400.000 millones. Don Fernando Abril Martorell tildó textualmente aquella cantidad de «espeluznante», pero dicho déficit es el mismo al que ha llegado el Gobierno, con Ia particularidad de que se ha producido como consecuencia de un aumento espeluznante de los gastos de consumo de la Administración, y que, en consecuencia, es un déficit improductivo, no generador de empleo e inflacionista. (Resulta curioso constatar cómo en la reciente declaración pública del Colegio de Economistas de Madrid, en la que se critica severamente la política económica del Gobierno, se utilizan las propias palabras de don Fernando Abril, para calificar de «espeluznante» el déficit presupuestario logrado mediante la gestión económica gubernamental.)
Una segunda consideración radica en la forma en que se ha elaborado y publicado el «programa». Las Cortes, en votación casi unánime, habían dado un plazo al Gobierno para que presentase un programa éconómico ante el Congreso antes del 10 de julio. Una vez más, el Gobierno ha incumplido sus compromisos: lo ha presentado un mes más tarde ante la TV y la prensa -no ante el Congreso- y, para ello, ha elegido precisamente la fecha del día siguiente a la disolución veraniega del Congreso.
El fracaso de su política económica para 1979 -realizadapor decreto y negándose a negociarla con las fuerzas sociales y políticas- parece que no ha enseñado nada el Gobierno: una vez más, intenta «programar» al margen de la realidad social y política de nuestro país. Por ello, parece necesario que insistamos -también una vez más- en la sensatez. La crisis que estamos empezando es tan grave, su profundidad y repercusiones son de tal envergadura, que sólo con un esfuerzo solidario de toda nuestra sociedad puede intentar resolverse. Y ello excluye -aunque sea momentáneamente que se antepongan los intereses de partido y -como hace el Gobierno- los intereses de la clase dominante. Resolver la crisis requiere, en primer lugar, no una declaración de intenciones ni una reestructuración oligárquica de nuestras estructuras e instituciones mediante un «goteo» de medidas por la vía del decreto-ley, sino una auténtica planificación democrática con la perspectiva de cuatro o cinco años. Requiere, en segundo lugar, que dicha planificación, si se quiere que sea representativa -y, por tanto, operativa- se negocie con los representantes del conjunto de la sociedad: con las organizaciones de los empresarios,, con las centrales sindicales y con los partidos políticos. Y requiere, finalmente, que la austeridad y los sacrificios que ha de comportar la crisis se repartan solidariamente, y no -como pretende el Gobierno que- se , carguen únicamente sobre los trabajadores activos o parados, pensionistas, funcionarios, consumidores y pequeños y medianos empresarios. Pretender «esquivar» a las Cortes, pretender eludir la negociación y el diálogo con las fuerzas sociales y políticas equivale a contraer una gravísima responsabilidad que, además, sólo conducirá a un nuevo fracaso.
Filosofia del gran capital
Una tercera consideración afecta al contenido del «programa». Ya las medidas adoptadas en los meses anteriores fueron un anticipo revelador de las intenciones de dicho contenido: por una parte, permitir la revisión de ciertos salarios en sólo un 1,7%, cuando la tasa de inflación llegará a fin de año a un 17% ó 18%; por otra, autorizar fuertes subidas de precios de productos estratégicos y de consumo popular. Particularmente escandalosa fue la subida -de las tarifas -eléctricas en un 22% -cuando la Junta Superior de Precios y los propios funcionarios del Ministerio de Economía recomendaban una subida máxima de un 14%-, lo que demuestra el doblegamiento del Gobierno a las presiones de quienes mandan en nuestra economía: el sector eléctrico y el bancario, que vienen a ser los mismos.
Estas presiones del gran capital son las que dan todo el contenido al «programa» del Gobierno: agotado el modelo de crecimiento franquista, se trata de levantar una estrategia que en pocos años recomponga, a través de reformas estructurales e institucionales, un nuevo modelo oligárquico. Ello comenzó con la aplicación unilateral del pacto de la Moncloa, prosiguió con el Plan Energético, se agravó con las manipulaciones del Gobierno y de la CEOE en el seno del movimiento sindical, se completa con el estatuto de los trabajadores elaborado por el Gobierno -restricción de los derechos sindicales, libertad para que los empresarios despidan y exijan mayor productividad- y pretende culminar con el actual «programa» económico.
La filosofia del «programa» es la de que el único motor de una economía de mercado es la inversión privada: para que haya inversión privada y, por tanto, empleo hay que aumentar los estímulos del capital privado, poner el sistema económico a disposición de los objetivos del gran capital. Bajo esta fillosofia, el objetivo central del «prograrna» es recuperar la tasa de beneficio, favorecer el proceso de acumulación capitalista. A este objetivo se subordinan todos los demás: a los trabajadores se les impone una disminución de su poder adquisitivo y un aumento de su productividad (en definitiva, que trabajen más y que ganen menos); a los empresarios se les ofrece un nuevo marco de relaciones laborales (despido libre y fijar unilateralmente la productividad); a la pequeña y mediana empresa se la menciona una sola vez -y de pasada- en todo el «programa»; la lucha contra el desempleo carece de medidas específicas y eficaces; se reduce la cuantía y la duración del seguro de paro; finalmente, la lucha contra la inflación se centra en reducir el poder adquisitivo de los salarios, pues incluso un factor inflacionista de primera magnitud, como son los tipos de interés bancarios, es abordado aumentando la remuneración que perciben los bancos por sus coeficientes de inversión obligatoria y esperando que éstos, a través de la mayor rentabilidad así lograda, reduzcan buenamente los tipos de interés. En definitiva, es un programa intervencionista contra los trabajadores y. liberalizador para el gran capital.
Inaceptable para el trabajador
Una conclusión escueta: los trabajadores no vamos a aceptar este programa. Hacerlo equivaldría a aceptar que la crisis recayese exclusivamente sobre nuestros hombros, a fin de aumentar los beneficios del gran capital; supondría aceptar una todavía peor distribución de la renta y una reducción de nuestros derechos y de nuestra participación en la sociedad; significaría no sólo pagar la crisis hoy, sino sentar las bases estructurales para seguir pagándola durante muchos años. Oponernos a ello va a significar, en lo inmediato, luchar cori tenacidad y con inteligencia. Y, sobre todo, lograr lo que consti tuye el objetivo central de CCOO en él momento actual: recomponer y reforzar la unidad de acción de los trabajadores. Porque, ante la pers pectiva ofrecida por el Gobierno, va a ser extremadamente difícil oponersé a esta unidad de acción desde dentro del movimiento sin dical.
Todo ello significa defender profunda y responsablemente la democracia. La ejecución del programa gubernamental tal como está enunciado llevaría a un profundo descontento popular y a un aumento del desencanto ciudadano; en definitiva, a un deterioro de nuestro sistema democrático. Y ello, a estas alturas, sí que sería espeluznante.
