La reforma agraria portuguesa, congelada cuatro años después de su comienzo

Continuos enfrentamientos, con heridos, entre fuerzas de la Guardia Nacional Republicana (GNR) y los campesinos, provocados por la devolución de las tierras a los antiguos propietarios están marcando en el Alentejo portugués el cuarto aniversario del inicio de la reforma agraria. Informa Nicole Guardiola desde Lisboa.

Fenómeno prácticamente único en Europa, desde los tiempos de la revolución rusa, de intento de transformación revolucionaria de las estructuras agrarias, la reforma portuguesa ha suscitado más interés fuera que dentro del país. Hoy, el Partido Socialista, autor de la ley en vigor desde 1977, propone una revisión de la misma. Cuatro años después, el Alentejo sigue siendo antes que nada el terreno predilecto de batallas campales ideológicas y políticas, y los trabajadores rurales esperan y desesperan de ver un día a los políticos de Lisboa ponerse de acuerdo sobre su futuro.Un poco más de 1.000.000 de hectáreas de tierras ocupadas en mayo de 1979, contra 1.200.000 en 1976. Alrededor de 85.000 trabajadores agrícolas afectados. Más de cuatrocientas UCP (unidades colectivas de producción en funcionamiento). Estos números dan una idea de la amplitud de la lucha que se desarrolla actualmente en el Alentejo, entre un Gobierno que no disimula su intención de reducir a la más mínima expresión, el sector agrícola colectivizado y las organizaciones de trabajadores agrícolas, controladas por el Partido Comunista, que resisten esta política por todos los medios a su alcance: manifestaciones, delegaciones, listas de firmas, guerrillas administrativa y jurídica.

El Gobierno responde por el recurso sistemático a las fuerzas policiales para cubrir la ejecución de los, actos de entrega a los antiguos dueños de las tierras restituidas al abrigo del «derecho de reserva», que garantiza, en principio, a cada agricultor directo, la posesión de 75 hectáreas, y «cada propietario, 35 hectáreas. De cuando en cuando surge el incidente: choques, heridos, arrestos, dando lugar a procesos por «desobediencia a las fuerzas del orden». A su vez, las UCP denuncian las supuestas ¡legalidades y abusos de que son víctimas: resultado, varios millares de procesos en espera de juicio. El Gobierno, sin embargo, no detiene su acción: se propone, al contrario, acelerarlo, para acabar con el problema antes de final del año en curso.

La ley, violada

Pero los comunistas ya no son los últimos en levantar su voz en defensa de los trabajadores rurales. Del Consejo de la Revolución y del Partido Socialista surgen ahora acusaciones contra los responsables de la agricultura. Se citan casos de violaciones de la ley. En unos ha sido atribuida al antiguo latifundista una extensión mucho mayor que la legal. En otros, varias reservas han sido atribuidas al mismo propietario o a varios miembros de la misma familia. Siempre el Gobierno aplica las disposiciones legales en el sentido más favorable al propietario, sin preocuparse por saber si está salvaguardada la existencia de la UCP amputada, como lo exige la ley. Como telón de fondo, graves acusaciones de corrupción contra funcionarios del Ministerio.Mucho se ha escrito sobre las «ocupaciones salvajes» de 1975 y los abusos entonces cometidos. No es necesario al público español un gran esfuerzo para comprender la situación de los grandes latifundios al sur del Tajo antes de abril de 1974. Estas inmensas propiedades de varias decenas de millares de hectáreas tienen el mismo origen y las mismas características que los latifundios andaluces o extremeños. Aquí también su existencia significó, para los trabajadores agrícolas, el paro, el hambre, la emigración forzosa, la privación de todos los derechos. El movimiento iniciado en 1975, con el apoyo reticente primero, luego más decidido de los comunistas, sólo por abuso de lenguaje puede ser llamado reforma agraria. Era un movimiento revolucionario destinado a asegurar, en primer lugar, el trabajo y el salario para todos.

El problema de la propiedad de la tierra no está profundamente arraigado en un proletariado agrícola que nunca ha sido dueño de otra cosa que de la fuerza de sus brazos. En cambio, decenas de años de resistencia a la represión contra cualquier intento de resistencia organizada no podían dejar de suscitar un cierto revanchismo, que dio lugar a los tan comentados abusos.

La orientación del Partido Comunista -implantado en el Alentejo desde los tiempos de la resistencia clandestina-, el instinto de agruparse para mejor defenderse y la necesidad de juntar los parcos recursos técnicos y financieros disponibles llevó a concentrar las tierras ocupadas en unidades colectivas gigantes, los «nuevos latifundios», criticados por los tecnócratas en nombre de la rentabilidad económica. Reducir las dimensiones de las unidades colectivas, transformarlas en cooperativas económicamente rentables y acabar con la mano de obra excedentaria han sido los objetivos confesados del proyecto «ideal» de reforma agraria, democrática y autogestionaria, defendido por el PS.

Como en los demás sectores económicos, los socialistas querían implantar en el Alentejo una economía agrícola mixta, donde cooperativas modernas coexistirían con explotaciones privadas modelos.

Pero confiando en su propia permanencia en el poder, los socialistas dejaron amplios poderes al Gobierno en la interpretación y ejecución de la ley. Después de la caída del segundo Gobierno Soares, estos poderes pasaron a ser utilizados de manera muy diferente de la prevista y los socialistas se quejan ahora de la subversión de «su ley» en provecho de una «recuperación capitalista», carente de toda preocupación social. Del largo articulado de la ley, sólo media docena de disposiciones son ahora aplicadas y unilateralmente. No se ha vuelto a expropiar una sola hectárea de las 600.000 expropiables.

Acusados de ser responsables del descalabro de la reforma agraria, los socialistas ven su base electoral en la región reducirse en provecho de los comunistas, erigidos en campeones exclusivos de la reforma.