Falta de acuerdo para evitar la huelga de gasolineras

(Viene de primera página)Las posiciones de centrales sindicales -Comisiones Obreras, fundamentalmente- y la parte empresarial, variaron considerablemente en los tres días de reuniones de la mesa negociadora del convenio. Comisiones Obreras convocó la huelga -«precipitadamente», según fuentes de UGT- y pidió aumentos salariales del 16%. La patronal ofrecía el 11 % y exigía la desconvocatoria de huelga. Comisiones Obreras, entonces, rebajó sus peticiones al 13%.

En la noche del viernes la Confederación Española de Estaciones de Servicio y UGT, que no apoyaba la huelga, llegaron a un acuerdo unilateral de hacer tabla rasa de peticiones anteriores y empezar desde cero. La patronal aceptó, por su parte, no tocar en las negociaciones la posibilidad de reducir plantillas y el compromiso de establecer los turnos nocturnos'y los de descanso en días festivos. La parte empresaexigió la desconvocatoria de huelga.

En la tarde de ayer, la patronal se negó a aceptar propuestas que fijaran el mínimo del 11 % en el aumento salarial, incremento que en un principio ofreció.

El convenio colectivo que se trata de negociar y que ha llevado a la huelga de gasolineras intenta mejorar sustancialmente el sueldo de 850 pesetas que actualmente cobran a diario los 20.000 empleados de estaciones de servicio.

Contencioso con CAMPSA

La Confederación Española de Estaciones de Servicio, en una rueda de prensa celebrada ayer y a la que asistió, en calidad de «invitado», el director general adjunto de CAMPSA, José María Mores, acusó a la Administración de provocar la actual situación. En su exposición, el presidente de la Confederación, Fernando Castaño, mantuvo que CAMPSA había incumplido un acuerdo firmado el pasado 23 de junio, según el cual se establecía una fórmula de revisión de comisiones que entraría en vigor el 1 de julio del presente año y vendría cuatro años de duración. La nueva comisión se situaría en un nivel de 2,31 pesetas por litro de combustible; es decir, 0,16 pesetas de aumento sobre la anterior.

El director general adjunto de CAMPSA matizó las palabras del presidente de la Confederación, en el sentido de que el documento a que se hacía referencia y que CAMPSA había firmado era un «acuerdo de criterios para el establecimiento de parámetros de comisión». Añadió que el citado documento no tenía validez formal de obligar a las partes e informó que el consejo de CAMPSA no lo había dado el visto bueno y no existía una aprobación de comisiones, razón por la cual no había llegado a instancias de la Administración de forma oficial.

Preguntado por la posibilidad de incautación de todas las gasolineras por parte de CAMPSA, el director general adjunto de la compañía comentó que ésta no se encuentra en condiciones de asumir la incorporación de 20.000 empleados en su plantilla.

Plan de emergencia del Gobierno

El Gobierno, a través del Ministerio del Interior, tiene previsto desde hace días un plan de actuación que garantizará el servicio en todas las estaciones durante los días de huelga. Intervienen en este plan 12.500 policías nacionales y miembros de la Guardia Civil, quienes garantizarán el orden y perfecto funcionamiento de las aproximadamente 3.000 gasolineras repartidas por la geografía española.

En principio, las gasolineras estarán atendidas por sus propios empleados; si éstos participan en la huelga, entonces lo serán por las fuerzas del orden, que al mismo tiempo prestarán la adecuada protección. Empleados de CAMPSA serían entonces los encargados del cobro, gestión y administración de las estaciones de servicio.