El grupo INI precisa 150.000 millones para sanear su deficiente estructura financiera

La estructura financiera del Instituto Nacional de Industria (INI) y la de las empresas en las que participa directamente puede considerarse notablemente deficiente, tanto en términos absolutos como en comparación con las empresas privadas españolas y extranjeras, con las que concurre directamente en los respectivos sectores de la actividad económica. La relación entre recursos propios y totales apenas alcanza el 30% en la mayor parte de las empresas del grupo, y en cualquier caso dista notablemente del 40% estipulado como mínimo para consolidar la estructura de capital del grupo y de sus empresas. Las consecuencias de esta situación son variadas; pero, sobre todo, generan una constante progresión en los costes financieros, derivados del creciente endeudamiento, que gravan anualmente las cuentas de resultados y, a mayor o menor plazo, concluyen por descapitalizar progresivamente las empresas, comprometiendo, a fin de cuentas, su misma supervivencia.Las causas de las que deriva la actual situación son esencialmente cinco: escasez en las aportaciones del Estado al capital del INI y, por tanto, de éste a sus empresas; planteamiento de inversiones sin una base de financiación suficientemente garantizada; la absorción de empresas deficitarias procedentes del sector privado por imperativos de orden político; presencia de las empresas del Instituto en aquellos sectores básicos que actualmente se encuentran en agudo estado de crisis, y, finalmente, la concentración de actividades en aquellos sectores en los que la intervención del Estado es mayormente rígida a la hora de controlar precios y tarifas (el ejemplo más claro son las sociedades de servicios).

El camino desde 1941

Desde su creación, en 1941, hasta hoy, el aporte del Tesoro a los fondos propios del INI ha atravesado diversas etapas, al término de las cuales el desequilibrio financiero del grupo puede cuantificarse en unos 53.000 millones de pesetas de déficit estructural, a finales de 1978 para el holding, y 97.000 para sus empresas. En sus primeros diecisiete años de existencia (desde su constitución hasta 1958), la financiación recibida del Instituto procedió exclusivamente de las aportaciones del Estado, por un total acumulado en dicho período de casi 26.000 millones de pesetas. El último año de esta primera fase introdujo la innovación de financiar las necesidades del INI por la vía de un préstamo del Banco de España.Tras el cambio en la concepción de la economía y la política económica españolas que conllevó el Plan de Estabilización del año 1959, los mecanismos de financiación del holding estatal se transformaron radicalmente, suprimiéndose toda aportación directa del Estado. Se introduce, en cambio, un nuevo método, consistente en la emisión de obligaciones INI-empresas, canjeables en determinadas condiciones -aunque no con carácter general- por acciones de las sociedades del grupo, emisoras con el holding de los títulos de renta fija. Esta nueva modalidad financiadora provocó, en primer término, un encarecimiento sustancial de los costes financieros, no sólo por la continua elevación de los tipos de interés del mercado, sino porque la fragilidad del comportamiento de la renta fija hizo necesaria la apelación al crédito exterior, especialmente en los últimos años de la década de los sesenta, en los que la financiación internacional fue muy cara. Con todo, lo que comportaría mayores consecuencias para el futuro fue la necesidad de acometer inversiones crecientes sin la más mínima aportación de fondos propios, con un desequilibrio entre éstos y las inversiones directas, que rayaron lo inconcebible.

Una tercera fase en el ordenamiento financiero del INI y sus empresas arranca de 1971. En ese año se adopta la decisión de abandonar el anterior sistema de emisión de títulos mixtos (INI-empresas) en el mercado de renta fija, pasando a emitir obligaciones simples del Instituto como holding. También en ese momento se decide convertir por ley la deuda contraída con el Banco de España (más de 11.000 millones de pesetas) en capital del INI, al tiempo que se determina la reanudación de las aportaciones directas del Tesoro al capital del holding, y por tanto de éste a sus empresas con recursos propios. Al tiempo, se mantienen las operaciones de financiación en los mercados internacionales, bien del INI o de las empresas del grupo, frecuentemente con aval del propio Instituto. Sin embargo, durante este período, que concluye en la situación presente, las aportaciones del Estado han decrecido progresivamente, hasta alcanzar el mínimo histórico del 18% de sus necesidades en el ejercicio de 1970. En los últimos años, incluyendo el presente, la aportación estatal ha crecido, pero su actual nivel es todavía insuficiente para cubrir las necesidades ordinarias del ejercicio, y en mayor medida para intentar subsanar las deficiencias derivadas de su progresiva descapitalización.

A 31 de diciembre del pasado año, la inversión total del INI en sus empresas rebasaba los 161.000 millones de pesetas, de los que sólo 109.000 millones corresponden a recursos propios, lo que da origen a un déficit estructural de casi 53.000 millones de pesetas. La financiación de ese déficit proviene básicamente de obligaciones emitidas en los mercados interior y exterior y de operaciones de financiación por vía de los mercados internacionales.

La inversión acumulada del grupo INI presenta actualmente una valoración neta superior al billón (un millón de millones) de pesetas, pero la aportación estatal al capital del Instituto y sus empresas sólo alcanza los 75.000 millones. Ello se deriva de dos hechos ya indicados: la insuficiencia de las aportaciones estatales y la asunción de proyectos inversores sin el debido respaldo de financiación por la vía de fondos propios, que al menos debería ser en cada caso del 40%, según las estimaciones más solventes.

La deficiente estructura financiera del Instituto tiene como continuación, y en parte consecuencia, una situación similar en las empresas del grupo, lo que genera importantes efectos a todos los niveles, especialmente en la cuenta de resultados. Las pérdidas del grupo INI sumaron el pasado año los 57.000 millones de pesetas -incluidas las de aquellas empresas que, como es el caso de Hunosa, son financiadas directamente con cargo al Presupuesto- y se prevé que este año puedan alcanzar los 100.000 millones. En las cifras del pasado año de 1978, las cargas financieras del INI (67.500 millones) superan ampliamente el volumen de pérdidas registrado, lo que resulta especialmente significativo. Sin embargo, si toda la financiación fuera con cargo a recursos propios, la rentabilidad del grupo apenas hubiera alcanzado el 1% sobre el inmovilizado neto, tasa comparativamente baja con el comportamiento de la mayor parte de los sectores en los que se encuentra centrada su actividad.

Urgencia de hallar soluciones

Dentro de la dialéctica política sector público-sector privado, las alternativas posibles para el saneamiento del INI y sus empresas deberán ser acometidas por el Gobierno, a menos que se desee propiciar una situación de deterioro progresivo de todas las empresas públicas, rescatando acaso el viejo principio de la subsidiariedad con que suenan buen número de empresarios privados. La situación real de muchas empresas del grupo INI es ahora mismo de práctica suspensión de pagos, cuando no de quiebra. Resulta obvio que el diagnóstico tiende a agravarse a medida que se retrase la toma de decisiones para subsanar los defectos estructurales ya descritos y la provisión de instrumentos para evitar su reiteración.La primera actuación que los expertos sugieren respecto de garantizar la viabilidad futura del INI y sus empresas es la de posibilitar la corrección del déficit financiero estructural del holding (cuantificado en 53.000 millones) y el de las sociedades del grupo (no menos de 97.000 millones de pesetas). Estas necesidades totalizan no menos de 150.000 millones de pesetas, que deberían ser aportados por el Tesoro, bien directamente o mediante sucesivas emisiones de deuda pública. La gradación en ejercicios sucesivos de estas aportaciones parece inevitable, dada su magnitud, lo que haría necesario acomodar a su ritmo la aplicación por parte del Instituto de las medidas internas que permitieran corregir las deficiencias estructurales: amortización de obligaciones, cancelación de préstamos internacionales y autorización de ampliaciones de capital de las empresas participadas directamente para mejorar su actual relación entre fondos propios y ajenos.

Cara al futuro, parece adoptada la norma de que las empresas sólo acometan inversiones cuya financiación esté asegurada con al menos un 50% de fondos propios, con objeto de mantener en sus estructuras de capital un mínimo del 40% en la relación de los recursos propios sobre los totales. Esto evitaría -a juicio de los expertos- la reiteración de situaciones como la presente, siempre que los restantes factores evolucionasen adecuadamente.

Con todo, lo que parece urgente en lo que a la empresa pública, y en concreto al INI y su grupo, respecta es un cambio radical de actitud, tanto desde el Gobierno como en las propias empresas, cambio de actitud que abarque la propia concepción del sector público, la inclusión de la actividad empresarial en él e incorpore los conceptos de rentabilidad, profesionalidad y eficacia, como mínimo, a idéntico nivel del que rige en el sector privado.

A pesar de todas las transformaciones, el Gobierno sigue conceptuando a las empresas públicas como uno más de los múltiples instrumentos de poder de que dispone tanto en lo que se refiere a retirar en ellas a sus más fieles y leales servidores como en destinar a sus límites a las sociedades privadas en dificultades o en situación de imposible viabilidad. La respuesta a qué se quiere hacer con la empresa pública sigue sin aparecer y las sociedades del INI multiplican sus pérdidas, carecen de opciones de futuro, pagan los salarios más altos, poseen ociosas plantillas y, en definitiva, alimentan el desorbitado déficit del sector público, que este año rebasará con creces los 400.000 millones de pesetas.