Aprobados los proyectos de Iey de la Defensa Nacional y de Seguridad Ciudadana

El Consejo de Ministros acordó ayer remitir a las Cortes dos proyectos de leyes orgánicas que desarrollan la Constitución, el de la Defensa Nacional y el de Seguridad Ciudadana. Junto a estos temas y al contenido económico de la reunión gubernamental destaca el nombramiento del general Gerardo Mariñas como director del Centro Superior de Información del Ministerio de Defensa, órgano encargado de los servicios de información y contraespionaje.

Durante la conferencia de prensa para tratar del contenido del Consejo, el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, respondió a una serie de preguntas sobre los últimos acontecimientos en torno a ETA (político-militar). Negó firmemente que cualquiera de las entrevistas habidas entre personalidades del Gobierno y diputados vascos hubiese tenido carácter de contacto o mediación con la organización terrorista; insistió en el convencimiento de que el Gobierno no otorgará ningún tipo de amnistía, «porque no existen condiciones jurídicas ni morales» para ello, y se refirió a la reunión de días pasados entre el presidente Suárez y los máximos responsables de la Seguridad del Estado, para afirmar que su contenido «es reservado por naturaleza».En cuanto a distintos aspectos de la política internacional, el señor Meliá declinó cualquier comentario sobre la posible asistencia de España a la conferencia de países no alineados; afirmó que el Consejo había conocido un informe preocupante sobre un nuevo calentamiento en la zona del Sahara, tras las nuevas posiciones de Marruecos, y respondió que no ha existido ningún tipo de indicación o sugerencia por parte del Gobierno brasileño sobre posibles contactos del presidente Suárez con la oposición durante su viaje a aquel país.

El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana significa, según la referencia oficial del Gobierno, el principal medio para conjugar el pleno ejercicio de los derechos y libertades constitucionales con la seguridad de los ciudadanos.

El proyecto regula las funciones y límites de los agentes gubernativos, establece medidas especiales para la lucha contra las bandas armadas y el terrorismo y regula los estados de alarma, excepción y sitio, en desarrollo de las previsiones constitucionales.

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