El Gobierno limita las alzas salariales al 1,7 % para los próximos seis meses

El Gobierno aprobó ayer un decreto de revisión de salarios por el que recomienda a las empresas que regulan sus retribuciones mediante convenio colectivo una elevación de éstas a partir de julio de hasta el 1,7 %. Este aumento no debe aplicarse a empresas con pérdidas, o que cubran insuficiencias de su cuenta de explotación mediante subvenciones, ni a aquellas cuya masa salarial bruta media, excluidas cargas sociales a cargo de la empresa, se situaran por encima de 750.000 pesetas en el pasado año. La Administración y el sector público tampoco aplicarán alzas salariales.El vicepresidente Abril Martorell expuso ayer en la conferencia de prensa, celebrada tras el Consejo de Ministros el contenido de este decreto y las razones que lo justifican. Señaló que el Gobierno, una vez verificado que el índice de precios al consumo en el primer semestre de este año se ha situado ocho décimas de punto por encima de la previsión oficial, fijada en el 6,5%, aprobó el decreto de revisión de la política de rentas prevista en diciembre del año pasado. El señor Abril dijo que la superación del tope que se había fijado el Gobierno para los precios no es un fracaso, sino una desviación más que justificada. Añadió que fijar una cláusula de salvaguardia para los precios constituyó un acto de honestidad política y que por ello el Gobierno ha decidido recomendar una revisión de salarios proporcional a la desviación de la elevación de los precios. La recomendación se fija en el 1,7%, al aplicarse únicamente al segundo semestre del año.

El vicepresidente Abril manifestó que el Gobierno espera que la inflación media del año se sitúe en torno al 16 % y que el impacto directo de la elevación de los precios del petróleo sea de algo más de un punto. Según dijo, el Gobierno ha estimado que con el retoque de salarios propuesto en el nuevo decreto se garantiza la capacidad adquisitiva

Acerca de las limitaciones establecidas en el decreto para la aplicación de la revisión salarial, señaló que las empresas en pérdidas deben recuperar su competitividad con sacrificio de todas las partes, entre ellas los salarios. Añadió que, dada la magnitud del déficit público, al Gobierno no le ha parecido justificado que subvenciones para determinadas empresas sirvan para aumentar los salarios. Finalmente indicó que limitar el aumento salarial a empresas con salarios brutos medios inferiores a 750.000 pesetas anuales constituye un intento de reducir el gran abanico salarial que se produce entre unas y otras empresas y entre unos y otros sectores. El señor Abril comentó que en España se: está produciendo un fenómeno de estrechamiento de los abanicos salariales en el seno de la empresa y una gran dispersión en los abanicos interempresas e intersectoriales.

En la conferencia de prensa, el vicepresidente del Gobierno dijo que así como la propuesta de revisión salarial del sindicato socialista (se refería a UGT) tiene, en su opinión, una lógica interna, no la encontraba en la propuesta del sindicato comunista (se refería a Comisiones Obreras). Acerca de la propuesta d e CCOO, el señor Abril dijo que parecía apuntar al establecimiento de una escala móvil de salarios, cuya experiencia -añadió- es muy triste y no debemos imitar.

El nuevo decreto de revisión salarial establece también las penalizaciones previstas en el anterior para aquellas empresas que superen los topes establecidos. Estas penalizaciones son básicamente la pérdida de cualquier tipo de beneficio oficial de que disfruten. El señor Abril dijo que hasta ahora no se habían aplicado esas penalizaciones porque los pocos convenios que habían superado los topes fueron revisados a la baja por sugerencia del Gobierno, antes de su entrada en vigor.

Con respecto a los funcionarios y personal dependiente de la Administración, el señor Abril dijo que no se establecía ni estaba previsto ningún tipo de revisión. La inquietud del Gobierno por la magnitud del déficit público fue la justificación ofrecida por el señor Abril para esta decisión. Señaló que los sueldos y complementos de los funcionarios globalmente (es decir, incluidos aumentos de plantillas) se incrementarán en el año 1979 respecto a 1978 en un 25%; el año anterior se incrementaron un 37%, y el anterior, un 29%. Reconoció el señor Abril que estos aumentos han compensado pérdidas de poder adquisitivo de los funcionarios en los primeros años setenta.

A la hora de justificar la elevación de los precios ocho décimas por encima de lo previsto, el vicepresidente dijo que no hay que perder de vista la reducción de distancias de nuestro ritmo de inflación con respecto al de nuestros competidores de la OCDE. Hace dos años -dijo- estábamos veinte puntos por encima; hace un año, doce; al comenzar este año, ocho, y en estos momentos estamos a cinco puntos. Lo que debemos tratar -añadió- es mantener esa diferencia con una economía más flexible, y para ello es preciso respetar los topes salariales.