El consejo de administración será el órgano responsable de democratizar Televisión Española

El consejo de administración de Radiotelevisión Española, que estará compuesto por representantes de cinco grupos políticos diferentes, será, al menos en teoría, el órgano sobre el que recaerá la responsabilidad de hacer de Radiotelevisión un organismo democrático y de calidad puesto al servicio de todos los grupos políticos, sociales, religiosos y culturales españoles.Esta es la función global que corresponderá al consejo, según se desprende de las competencias que figuran en el proyecto de ley de estatuto jurídico de Radiotelevisión, cuyos principales puntos, una vez concluida la discusión en la correspondiente ponencia, hizo ayer públicos la diputada del Partido Comunista de España (PCE) y miembro de la ponencia, Pilar Brabo.

Según Pilar Brabo, los representantes de los grupos políticos miembros de la ponencia parlamentaria que prepara el texto del estatuto, tras cerca de cien horas de discusión, han llegado a un terreno común con numerosos puntos de acuerdo y a una base amplia de entendimiento que hace que el estatuto sea aceptable para el conjunto del pueblo español. Este entendimiento ha sido también, en parte, posible -ha dicho Pilar Brabo- gracias a la flexibilidad mostrada por los parlamentarios de UCD, partido que incluso ha retirado la enmienda del artículo 50, por la que se podría introducir la televisión privada a través de concesiones estatales. Queda, por tanto, rechazada la posibilidad de televisiones privadas. Las únicas concesiones en este sentido se harán a las comunidades autonómicas por la vía del tercer canal.

El texto del proyecto de estatuto pasará en octubre a la correspondiente Comisión del Congreso y ese mismo mes podría ser aprobado definitivamente, dado que «ya se han superado las principales dificultades, y las enmiendas que presentarán los partidos -incluidas las del propio PCE- no serán sobre temas considerados como fundamentales».

Entre las líneas básicas del estatuto, según ha quedado elaborado por la ponencia, destacan las siguientes: el estatuto se configura como de toda la Radiodifusión y Televisión y no sólo para las radios y la televisión estatales. El director general será nombrado por el Gobierno, oído el consejo de administración, que deberá pronunciarse para que se produzca tal nombramiento con un acuerdo por lo menos de dos tercios de sus miembros. Esta circunstancia hace que prácticamente el nombramiento de director general esté pactado. El director general, que formará parte con voz y voto del consejo de administración, será más bien un cargo técnico antes que político y será encomendado a un profesional. Según Pilar Brabo, el director general contará con el apoyo, pero también con el control permanente del consejo de administración.

Doce miembros en el consejo de administración

El consejo de administración, en lugar de miembros propuestos en principio por el texto del Gobierno, tendrá doce componentes, seis nombrados por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado. Se ha tomado un «acuerdo entre caballeros» para que en este consejo estén representados por lo menos cinco, grupos parlamentarios, ya que así lo va a permitir la fórmula pactada. El consejo de administración se encargará de velar por los principios fundamentales de pluralismo ideológico, veracidad y calidad que deben regir a Radiotelevisión Española. Deberá aprobar, asimismo, con dos tercios de los votos, el plan de actividades, las plantillas y sus modificaciones, los anteproyectos de presupuestos y determinará también semestralmente el porcentaje de horas de programación destinada a grupos políticos, sociales y religiosos más relevantes. Los nombramientos importantes los hace el director general, pero deberán ser notificados tanto los nombramientos como los ceses, al consejo de administráción.Habrá, además, tres consejos asesores para cada una de las tres sociedades estatales que compondrán Radiotelevisión Española, uno para Televisión Española, otro para Radio Nacional de España y un tercero para Radiocadena Española. Los consejos asesores estarán compuestos por cinco representantes de los trabajadores designados por ellos mismos, otros cinco representantes designados por el Instituto de España entre miembros del mundo de la cultura y de la comunicación, cinco representantes de la Administración Pública y otros cinco representantes de las entidades autónomas, por turno rotativo.

Derecho de réplica

El consejo de administración regulará el derecho de acceso y grado de participación de las distintas fuerzas sociales. Por otra parte, se reconoce el derecho de réplica y rectificación. De momento, se aplicará a Radiotelevisión, en esta materia, lo que existe en la ley de Prensa. A todo esto se añade la posibilidad de dirigirse al director general y la de recurso ante el consejo de administración.Según el estatuto, no se podrán crear sociedades filiales de producción, aunque sí de comercialización, cables y medios análogos. Estas sociedades filiales serán de capital íntegramente estatal.

La financiación de RTVE provendrá de las partidas del presupuesto nacional, de los ingresos de publicidad y de la comercialización de sus producciones. El canon de televisión propuesto por UCD, de momento, ha quedado en el aire, aunque en el texto figura que, «en su caso, podrá establecerse una tasa». El consejo de administración especificará la cantidad y los cánones de calidad de la publicidad que se exhibirá en Radiotelevisión.

En cuanto a la intervención del Gobierno, RTVE retransmitirá las comunicaciones del Gobierno que tengan carácter de importancia y urgencia con efectos inmediatos, pero siempre con indicación de la fuente. En el consejo de administración no puede haber altos cargos de la Administración.

El estatuto garantizará la continuidad laboral del personal adscrito a la plantilla de RTVE. No habrá duplicidad de puestos de trabajo por parte de los funcionarios del Estado. Estos sólo cobrarán un sueldo, y, si están adscritos a RTVE, lo harán en comisión de servicios.

El Tribunal de Cuentas y el Parlamento controlarán las finanzas y los aspectos económicos de RTVE. El director general necesitará el visto bueno del consejo de administración para realizar contratos o partidas que supongan una cifra muy elevada (se habla de un total de cien millones de pesetas). El régimen de contratación estará sometido al derecho privado. Se creará también una comisión parlamentaria para el control de los tres organismos de Radiotelevisión Española.