Un plan económico a medio plazo

Economista del EstadoEl Gobierno va a presentar un plan económico que alcance la duración de la presente legislatura. Adoptar esta decisión ha requerido un proceso trabajoso y no exento de contradicciones, cuyo análisis plantea muchas preguntas y alguna respuesta, y, en todo caso, conviene anotar la casi unanimidad de partidos políticos y otros grupos sociales al solicitarlo.

¿Por qué esa demanda de planificación tan generalizada? Ciertamente se han dicho y escrito opiñiones sobre planes que aparentemente podrían parecer contradictorias con el masivo clamor por su vuelta. Sin embargo, gran parte de estas contradicciones se eliminan si se piensa que éstos son solamente un instrumento de racionalización y de «puesta en escena» de una política económica concreta. Las críticas lo eran a la forma como se utilizó el instrumento y a la política que reflejaban los planes del pasado. En una época de enormes incertidumbres económicas -y no económicas-, clarificar, por lo menos, las líneas de actuación del Gobierno es una necesidad que sienten los diversos actores de la economía, sobre todo con un sector público tan intervencionista. Por otra parte, los partidos y demás grupos desean conocer con detalle la política económica del Gobierno, a fin de adoptar posturas al respecto, lo que puede ser muy útil para que la discusión sobre estos temas alcance un nivel elevado. Esta es la base de la solicitud de un programa a medio plazo. Pero esta misma base es la que plantea varias preguntas sobre su posibilidad de realización y sobre el posible contenido de dicho programa.

Sin necesidad de volver sobre el tema del análisis de la situación económica, porque viene haciéndolo semanalmente el equipo del profesor Fuentes en estas págiInas, creo que todos estaremos de acuerdo en que uno de los puntos básicos de la política económica actual lo constituye la búsqueda de fórmulas que cambien de signo la caída de la inversión. Efectivamente, un programa a medio plazo puede reducir incertidumbres y mejorar las expectativas. La inversión tiene un período de maduración cada vez más largo y necesita perspectivas, pero éstas se basan en alguna previsión sobre el futuro, que difícilmente puede hacerse en la situación actual para un período suficientemente dilatado. Aunque las técnicas de revisión anual de las previsiones a medio plazo y la explicitación de hipótesis de trabajo pueden ser de mucha utilidad. Además, en un programa se puede exponer claramente una filosofía económica, avalada por las soluciones que se propugnen.

Pero, en el fondo, la pregunta esencial que nos hacemos no es puramente técnica. En efecto, la política económica, en la situación actual, centra su interés en aspectos concretos y/o sectoriales más que en las líneas globales, sometidas a revisión por variaciones de precios internacionales. En resumen, se precisa un programa económico más parecido a los planes franceses de la posguerra (Monet) de reconstrucción y sectoriales que al concepto clásico. Con excepción de algunas aportaciones económicas, la mayoría de los pomposamente llamados «programas de política económica» (o «Iíneas globales para un ... » o «bases para la formulación de ... x» se limitan a expresar una ideología, unos buenos -en el sentido más subjetivo- propósitos, y, en el mejor de los casos, un cuadro de grandes magnitudes económicas. Todo,ello es material insuficiente para establecer una discusión fundamentada. Algún ejemplo podría ayudar a expresar la necesidad de tocar temas concretos.

Por ejemplo, en el caso de la inversión. El 52% de la inversión industrial se concentra en el sector energético. Más de la mitad de esta magnitud, pues, depende de una política plasmada en el PEN, sobre la que no ha existido una discusión profunda y sobre la que, desde luego, no existen conclusiones aceptadas a nivel de Pleno del Congreso. ¿Se puede hablar de un programa económico sin despejar la política energética? Hoy, una parte esencial de un programa económico la constituye el tema energético, y hasta que éste no se enfoque nos encontraremos con un programa cojo. Pues bien, tenemos un PEN que lleva un año en las Cortes y al que los economistas critican que está basado en tasas de crecimiento del producto nacional (4%) que nos garantizan el continuado aumento del paro o, en caso de que la economía tuviera un desarrollo más vigoroso, el desa basteci m lento energético y las restricciones. Tampoco analiza las repercusiones sobre el conjunto de la actividad económica de la elección de las diversas tecnologías o de una paralización del programa energético. Los técnicos, por su parte, desconfían de la aplicación de medidas de ahorro energético y el público se encuentra ante una discusión de garantías técnicas y de falta de reservas que lo tiene sumergido en un mar de dudas. Y mientras tanto, los grandes inversores del sector -las grandes compañías eléctricas- constatan que para un crecimiento anual del 7% de la producción eléctrica necesitan tener en período de estudio, realización o construcción inversiones equivalentes a su propio activo actual. El esfuerzo que es legítimo que se le exija debe ser facilitado al máximo, eliminando incertidumbres y dándoles directrices.

Hacer llamadas a la implantación de una verdadera economía de mercado para resolver los problemas de la economía -productividad, inversión, empleo, precios, etcétera- es algo así como discutir los principios académicos por los que se rige la guerra cuando se está sitiado. Es formativo, pero inútil. Gran parte de las decisiones corresponden al Estado, aunque sólo sean decisiones orientativas, que necesita ofrecer políticas sectoriales concretas y profundas. Estas políticas, si se plantean con seriedad, es difícil que no conlleven un aumento de las relaciones capital-producto y capital-trabajo de la economía española. Y en este campo la política estatal es absolutamente determinante. El primer problema consiste en elevar la participación de la inversión en el PIB. Esta ha pasado del 25%, en 1974, a cifras próximas al 20%, en 1978. Cualquier ecuación elemental nos indica que con este porcentaje los crecimientos posibles del PIB no absorben mano de obra. Si a ello añadimos las cuantiosas inversiones que exige el sector energético, con elevada relación capital-producto y otros sectores (textil, naval, etcétera) cuya finalidad no es aumentar la producción, sino lograr su supervivencia y que, lógicamente, elevarán la cantidad de inversión necesaria para aumentar la producción, es evidente que los problemas de estímulo a la inversión y de financiación de ésta son enormes. Las soluciones apuntadas a este problema pasan por una reconstrucción del excedente empresarial, como han apuntado reiteradamente diversas voces -entre ellas la del profesor Fuentes-, algunas de las cuales propugnan procedimientos más drásticos o excepcionales -como el profesor Lasuén, a través del ahorro forzado- En cualquier caso, la implantación de una política de este estilo, además de un establecimiento de políticas sectoriales concretas, necesita de una aceptación generalizada y una aplicación vigorosa, temas difíciles y que superan el mero marco técnico o económico para adentrarse en el campo político.

Las limitaciones que implica el escaso crecimiento de la economía mundial y las grandes incertidumbres a que se encuentra sometida no permiten un crecimiento interior elevado en términos cuantitativos. La balanza de pagos no lo resistiría, y la política antiinflacionista tampoco. Por ello, la selección de sectores a estimular se encuentra en el imperativo de tener en cuenta su capacidad de creación de empleo. Este principio puede ser contradictorio con los habituales, y en concreto con respecto al mecanismo de mercado. Además, otras políticas de fomento del empleo y de reducción o contención de la oferta de mano de obra son necesarias.

Aunque se han excluido muchos temas, y sobre todo muchas políticas concretas, es evidente que la magnitud de los problemas que implica la puesta en marcha de una política concreta son de tal magnitud que exigen cierto grado de acuerdo social, no necesariamente un nuevo pacto de la Moncloa, sino una moderación en los enfrentamientos. Por otra parte, las decisiones sectoriales son, por lo menos, tan importantes como las de carácter global y teniendo en cuenta que algunas, como el PEN, están en las Cortes, o pendientes de otro proceso de decisión, se hace necesaria su integración o su decisión simultánea a la presentación del programa económico. El grado en que éste afecte o debe de afectar a aspectos tan importantes como el financiero, las relaciones laborales, la política de rentas y precios, política de cambios, integración en la CEE, etcétera, y el plazo perentorio en que tiene que presentarse plantea preocupaciones sobre la dificultad de abordar la mayoría de los aspectos fundamentales de la estrategia económica a seguir. De no cumplir con estos requisitos no sólo sería ineficaz, sino contraproducente.

El advenimiento de períodos democráticos en España ha coincidido con épocas de depresión económica generalizada. La Gloriosa, de 1868; la II República y la situación actual son buenos ejemplos de la anterior afirmación. En los dos primeros casos la política económica no respondió adecuadamente al enorme problema que se le planteaba, aunque las razones extraeconómicas pesasen mucho. En la situación actual se debe esperar un esfuerzo extraordinario. Es imprescindible.