Propuesta de 1.300 millones de multa a una empresa malagueña
En el último pleno del Ayuntamiento de Málaga se estudió una moción presentada por el teniente de alcalde comunista, Luis Asenjo, en la que se pide que se retire la concesión a la empresa Aborgama, encargada de la eliminación de la basura de la ciudad y de su transformación en abonos y por cuyo trabajo recibe una subvención.
La moción se basa en el hecho de que Aborgama hace tiempo que no cumple sus compromisos. Al parecer, la empresa alega que la actividad ha dejado de ser rentable y exige un aumento de la subvención. De acuerdo con lo que se dice en la moción, Aborgama podría ser sancionada con más de 1.300 millones de pesetas, debido a que dejaba la basura al aire libre, no la transformaba en abono orgánico, no estaban claros los libros de cuentas y por falta de asepsia del personal.El Ayuntamiento acordó que la moción pasase a estudio urgente por parte de la comisión de servicios técnicos y de la asesoría jurídica.
El señor Asenjo, por su parte, anunció que el Ayuntamiento está estudiando distintas fórmulas para eliminar la basura de la ciudad sin que sea precisa subvención alguna, e incluso obteniendo beneficio. Por lo que respecta a los veintitrés trabajadores de la plantilla de Aborgama, Luis Asenjo aseguró que cuando se rescinda la concesión, el Ayuntamiento se hará cargo de todos ellos.
De esta forma, la Corporación municipal de Málaga continúa su labor de hacer frente a viejos problemas del Ayuntamiento en los que con frecuencia aparece el fantasma de la corrupción o al menos de ciertas irregularidades económicas o administrativas. Esta tarea se inició con el ya conocido affaire de Fomento de Obras y Construcciones, SA (FOCSA), la empresa concesionaria de la recogida de basuras. Según la denuncia hecha por el Ayuntamiento, las certificaciones de esta empresa por trabajos realizados -en presunta connivencia con un funcionario municipal- podrían haber sido hinchadas en cuatrocientos millones de pesetas, con lo cual la deuda actual del Ayuntamiento con FOCSA quedaría reducida a unos ochocientos millones. FOCSA requirió en su día notarialmente al alcalde de Málaga para que rectificase las declaraciones hechas a los medios informativos. El alcalde no rectificó, sino que se ratificó en las mismas, al tiempo que ponía toda la documentación en poder del ministerio fiscal.
Esta polémica -tal como ya ha informado EL PAIS- toca incluso a la anterior Corporación, bajo cuyo mandato se produjeron las supuestas irregularidades. Los miembros del anterior Ayuntamiento han exigido en un comunicado publicado en los periódicos locales que se investigue el caso hasta sus últimas consecuencias.
Por otra parte, la denuncia formulada por el alcalde también creó malestar en los funcionarios municipales. El alcalde había dicho que para él y para toda la Corporación la mayoría de los funcionarios era honorable y fiel cumplidora de su labor. Los funcionarios pidieron al alcalde que cambiase la expresión de la mayoría por la de totalidad, cosa a la que no accedió el alcalde, argumentando que la presunta culpabilidad de un funcionario en el affaire de FOCSA sería la excepción a la regla general.
Otro capítulo de esta serie es la apertura reciente de expediente disciplinario a cuatro funcionarios del servicio de mataderos, también por presuntas irregularidades económicas. En esta ocasión el Ayuntamiento no ha precisado a cuánto podría ascender la cantidad resultante de dichas irregularidades. Se ha abierto una investigación exhaustiva y se ha prometido informar con todo detalle en su momento a la opinión pública.
