Washington indemnizará a las víctimas de pruebas nucleares militares

El presidente norteamericano, Jimmy Carter, ha nombrado un grupo de trabajo de alto nivel para estudiar y recomendar una manera efectiva y clara de responder a las reclamaciones de indemnización presentadas por personas que han enfermado por radiación como consecuencia de las pruebas de armas nucleares realizadas durante los años cincuenta.

Al grupo de trabajo, que incluye a cinco miembros del Gabinete, se le ha encomendado igualmente la misión de establecer líneas maestras sobre la difícil cuestión de la relación entre la exposición a, la radiación y la enfermedad, así como de definir los criterios sobre los cuales decidir sobre las reclamaciones, en base a los programas de indemnización en curso.«No más tarde del 1 de octubre de 1979, el grupo de estudio deberá presentar una recomendación para resolver los casos de daños a civiles que residían en los alrededores de donde fueron realizadas las pruebas», se lee en un memorándum datado el pasado 20 de julio y firmado por Stuart E. Eizenstat, consejero de Política Interior del presidente. Una copia del memorándum fue conseguida por el New York Times.

«La gente que habita en esos lugares constituye nuestra primera prioridad», explicó uno de los miembros del equipo de Eizenstat. «Los antiguos militares y los trabajadores que han estado sometidos a radiaciones cuentan con mecanismos suficientes para conseguir una indemnización. Pero estos civiles no tienen absolutamente nada.»

Cientos de afectados

El número de personas afectadas por las pruebas nucleares militares de los años cincuenta y de principios de los años sesenta es desconocido, pero Stewart L. Udall, ex secretario del Interior y en la actualidad abogado de muchas personas afectadas en los estados de Nevada, Arizona y Utah, se dispone a presentar peticiones de indemnización ante los tribunales de Nevada en nombre de seiscientas personas.El presidente ha dado un segundo plazo -el primero de abril de 1980- al grupo de estudio para que presente recomendaciones sobre problemas más generales y complejos. Además de establecer la correlación entre exposición a la radiación y enfermedad, el grupo deberá investigar también la posibilidad de crear un registro nacional capaz de controlar la radiación a la que cada persona puede estar expuesta a lo largo de su vida, particularmente de las personas que trabajan con elementos radiactivos.

«Uno de los problemas que surgen en la región es que hay una insuficiente información respecto a qué cantidad de radiación ha estado expuesta una persona y de qué clase de radiación se trataba», declaró William G. Schaffer, viceasistente del fiscal general en la división civil del Departamento de Justicia. Schaffer, que actúa como representante del Gobierno en los casos de reclamaciones por radiación, encabezará los esfuerzos gubernamentales para resolver estos problemas, mientras que el fiscal general coordinará los trabajos del grupo de estudio asignado por Carter.

El memorándum de la Casa Blanca se ha hecho público una semana después de que el miembro de la Cámara de Representantes Gunn McKay presentase su propio proyecto de indemnización para las víctimas de fallos radiactivos. El proyecto insta al Gobierno a que acepte la obligación de compensar los daños que resulten de pruebas nucleares no subterráneas entre un grupo de ciudadanos definido por su situación geográfica durante las pruebas, el tiempo durante el cual estuvieron expuestos a las radiaciones y el tipo de cáncer por el que murieron. Otro proyecto de indemnización está siendo redactado por los senadores Edward Kennedy y Orrin Hatch.