Los socialistas anuncian recurso de inconstitucionalidad contra la ley que regula el Tribunal Constitucional

La primera ley orgánica que desarrolla la Constitución -la que regula el Tribunal Constitucional- nació ayer, en el Pleno del Congreso, de una mayoría que sólo superó en tres votos el mínimo de 176 exigido, y con el anuncio socialista de plantear frente a ella, un recurso de inconstitucionalidad. Los 179 votos obtenidos en la votación fueron el resultado de la suma de los de UCD, PNV y Minoría Catalana. La izquierda recordó el exiguo margen de votos producido y el hecho de que algunos votantes a favor se hubieran manifestado en contra en los temas de fondo.

El aplazamiento de la votación global del proyecto de ley orgánica del Tribunal Constitucional en la noche del lunes surtió sus efectos ayer. A mediodía, el partido gubernamental había podido completar la mayoría absoluta gracias a la presencia de los diputados del PNV. La votación, que se realizó por el procedimiento nominal, dio el siguiente resultado: votos afirmativos, 179 (UCD, PNV y Minoría Catalana); votos negativos, 141 (socialistas, comunistas, andalucistas, Euskadiko Ezkerra y Esquerra Republicana de Cataluña), y diez abstenciones (Coalición Democrática y los diputados del Grupo Mixto Blas Piñar, Hipólito Gómez y Jesús Aizpún).La máxima expectación la suscitaron los votos del PNV, sobre los que no existía seguridad de que se adhirieran a la posición de UCD, después de la enmienda-sorpresa aprobada el lunes, por la que se legitima a la Diputación o al Parlamento de Navarra para plantear conflictos constitucionales de competencia con el Estado o con una comunidad autónoma. Los demás grupos no ofrecían dudas sobre su sentido de voto. La izquierda había dejado claro su rechazo de la ley, los andalucistas mantenían su oposición frontal, en coherencia con su enmienda a la totalidad y no habían negociado para completar la mayoría absoluta necesaria. Coalición Democrática había expresado su actitud abstencionista ante el espectáculo de UCD en la tarde del lunes.

Algunos de los grupos parlamentarios explicaron su voto. Por los socialistas, Gregorio Peces-Barba aprovechó el turno para anunciar el recurso de incondicionalidad que presentará su grupo, con lo que, dijo, «daremos trabajo al Tribunal Constitucional». Explicó las razones centrales de la oposición socialista en la existencia del control previo de constitucionalidad y en la posibilidad de que el nuevo tribunal resuelva los conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales. A esto añadió la vulneración producida en el artículo 32, con el único objeto de cambiar los votos de la Minoría Catalana. Declaró que la redacción del citado artículo es inconstitucional, por hurtar a las comunidades autónomas un derecho, el de recurrir contra las leyes, que figura en la Constitución.

Por Coalición Democrática, Manuel Fraga expresó que su grupo estaba a favor de la ley, a pesar de que no incluía el control constitucional de los partidos políticos y otros cambios introducidos, como el del artículo 32, que también estimó contrario a la Constitución. Señaló que la posición abstencionista se debía a que la ley no perdería nada pasando por la comisión constitucional de nuevo.

El comunista Jordi Solé calificó de mala la ley y criticó la votación, en la que, a diferencia de lo que ocurrió con la Constitución, se ha restado, en lugar de sumar, voluntades. Añadió que entre quienes habían votado «oportuna u oportunistamente» a favor figuran algunos que están en contra de la ley en los temas de fondo de la misma.

El socialista catalán Eduardo Martín Toval recordó que, con la reforma introducida a propuesta de la Minoría Catalana, las comunidades autónomas sólo podrán ver objetada su ley por el Gobierno, lo que puede considerarse para alguna nacionalidad concreta como un logro, aunque en realidad, dijo, «es una pérdida para el equilibrio del Estado de las autonomías». Pidió que no se hiciera un uso demagógico del tema para Cataluña.

Tras la intervención de los dos diputados anteriores, explicó el voto el portavoz de la Minoría Catalana, Miguel Roca, miembro,como los anteriores, de la denominada troika, cuya actitud conjunta ante el estudio del Estatuto catalán parece menos firme. El señor Roca dijo, con ironía, que las demagogias no las haría ahora, sino luego. Aludió a la coherencia del voto de su grupo y recordó que sólo los andalucistas habían presentado una enmienda a la totalidad de la ley. Declaró que su grupo había procurado mejorar el texto y de ello era una prueba la nueva redacción del artículo 32, aprobada por amplia mayoría y mal interpretada, según dijo, por el señor Martín Toval.

Cerró el turno de explicaciones de voto el centrista Oscar Alzaga, quien aludió al voto afirmativo de UCD, insistió en la inexistencia de enmiendas a la totalidad por parte de los principales grupos oponentes y señaló que, por el contrario, habían sido admitidas más de cien en los debates de la ponencia y de la comisión. Aseguró que los votos contrarios se debían más a razones políticas que a razones técnicas, y afirmó asimismo que existían 182 diputados de acuerdo con la ley, aunque sólo habían podido asistir al Pleno 179.

Agregó que un Gobierno llevado de sus condiciones democráticas había hecho posible la aprobación de una ley para el control constitucional, mientras que la oposición, sin embargo, se había manifestado en contra. Añadió que la existencia del Tribunal Constitucional impedirá a algunos grupos acusar al Gobierno de inconstitucional, mientras que cuando era la mayoría la que hacia tal imputación se la acusaba de juridicista. «Nosotros creemos que en un Estado de derecho nadie está legitimado sino el Tribunal Constitucional para pronunciarse al respecto y que, consiguienternente, hemos efectuado una votación histórica en la que la posición coherente ha sido la de nuestro grupo parlamentario, votando a favor de esta importante ley.»