Hoy se dictamina el proyecto de ley de enseñanza de la Constitución

La Comisión de Educación del Congreso dictaminará hoy el proyecto de ley, sometido en su día por el Gobierno a las Cortes, por el que se regula la enseñanza del ordenamiento constitucional en la enseñanza media. Al breve texto de este proyecto -tres únicos artículos, una disposición final y dos derogatorias- han presentado enmiendas la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el Grupo Centrista.

Sólo una de estas enmiendas ha sido incorporada al proyecto por la ponencia, que ha venido reuniéndose desde el pasado martes. Se trata de la presentada por la Minoría Catalana. Este grupo deseaba que, además del ordenamiento constitucional en general, se incluyese dentro de los contenidos de la nueva materia de enseñanza «el desarrollo estatutario en las nacionalidades y regiones».Las restantes enmiendas giran en torno a la concepción que la enseñanza de la Constitución habrá de tener en los correspondientes planes de estudios. Así, comunistas y socialistas coinciden en que la enseñanza de nuestro ordenamiento constitucional debe comportar una nueva visión del concepto de las ciencias sociales que se imparten a los estudiantes de enseñanza media, nivel educativo que hasta ahora ha estado equívocamente limitado a la preparación para el acceso a la Universidad.

En este contexto, quienes no llegan a realizar estudios superiores, tras haber estudiado insuficiente mente la historia universal y de España, porque la densidad de los programas impide casi siempre su total desarrollo, finalizan su formación académica sin un conocimiento profundo y suficiente de la realidad social y política con la que habrán de enfrentarse. Este cono cimiento, sin el cual resulta inconcebible una madurez ciudadana, tendría que ser el fruto de un estudio profundo y comparado de los sistemas políticos y sociales de los diversos países.

Desde la interpretación del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas, estos objetivos ni se cumplen con los actuales programas de Historia, ni es previsible que pudieran alcanzarse con la mera adición a los mismos de unas cuantas lecciones que, para no hacerlos todavía más densos, acabarían limitándose a la exigencia del «recitado memorístico de un listado de derechos y deberes».

Las enmiendas de los dos grupos parlamentarios citados, y muy particularmente la de los socialistas, se inspiran en el espíritu de los argumentos de los licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, quienes consideran que su formación específica incide mucho más que la de otros titulados en la nueva y fundamental área formativa.

Consecuentemente con aquellos planteamientos, el Grupo Socialista propone que esta formación se imparta como una asignatura independiente. Los comunistas matizan que «en ningún caso el establecimiento de la materia habrá de suponer aumento del horario lectivo establecido para los distintos niveles en los que habrá de impartirse».

Por su parte, el Grupo parlamentario de Coalición Democrática coincide, en esencia, con las propuestas de los partidos de izquierda. Concibe la enseñanza de la Constitución como una asignatura que venga a llevar el vacío dejado por la supresión de la antigua Formación Cívico Social y que se dé preferencia para impartirla a los profesores que enseñaban la materia desaparecida.

El Grupo Centrista, aunque sostiene que ni prejuzga la existencia de una nueva asignatura ni la impide, estima que hay razones pedagógicas que aconsejan no decidir en una ley de esta naturaleza el estatuto académico de estas enseñanzas.