La revisión de convenios puede terminar con la paz social de los últimos meses

El clima de paz social de los últimos meses puede verse alterado en breve con motivo de la revisión salarial de los convenios colectivos. Los distintos sindicatos, la patronal y el Gobierno ultiman en estos días, a la espera de que se haga público el índice de crecimiento de precios al consumo en el primer semestre, sus criterios en torno a este tema. Las posiciones aparecen ya claramente enfrentadas, especialmente entre la primera fuerza sindical del país, CCOO, y el Gobierno, que no dudó ayer en calificar de «irresponsable» el acuerdo adoptado sobre la revisión salarial por el órgano máximo de esta central obrera.

El secretariado confederal de CCOO, en su reunión del lunes pasado (véase EL PAIS de ayer), acordó defender la revisión de todos los convenios colectivos, incluidos aquellos cuyas mejoras salariales superaron el 14% propuesto por el Gobierno, de acuerdo con el índice absoluto de aumento de precios al consumo en el primer semestre. La decisión fue adoptada -según explica el sindicato en un comunicado- «ante las pretensiones por parte de la CEOE y del Gobierno de limitar la revisión salarial entre el 6,5% y el aumento del coste de la vida registrado en el primer semestre y aplicable solamente a los convenios que no hayan rebasado el tope salarial decretado por el Gobierno».Estas pretensiones de la CEOE y el Gobierno, según CCOO, «implican una nueva disminución del poder adquisitivo, además de una discriminación arbitraria y, por tanto, inaceptable». CCOO entiende que, «sin existir un marco de acuerdos globales y la corresponsabilidad de las distintas fuerzas sociales y políticas en la solución de los graves problemas de nuestro país, es inaceptable la pretensión de exigir nuevos sacrificios salariales a los trabajadores».

Antonio Gutiérrez, miembro de la ejecutiva de CCOO, ampliaba la explicación de las causas que habían llevado a su central a la adopción de esta postura. Las últimas medidas del Gobierno, comentó a EL PAIS, tales como la subida generalizada de precios en los primeros días de julio, el plegamiento a las pretensiones de la patronal para la revisión del alza de precios de productos industriales, junto con la ausencia de medidas contra el paro, dibujan un claro abandono de la política antiinflacionista, sin contrapartidas para los trabajadores o desempleados. Ha sido una decisión responsable -añadió-, ya que no podemos consentir el deterioro continuo del poder adquisitivo de los trabajadores en estas condiciones.

El índice del aumento de precios al consumo a finales dejunio, que es el que defenderá CCOO para su aplicación al incremento de salarios, oscilará, según todos los indicios -aunque el sindicato no ha cuantificado esta estimación-, entre el 7 % y el 8%.

UGT, por el mantenimiento del poder adquisitivo

Elena Vázquez, en nombre de la ejecutiva de UGT, aseguró que el sindicato socialista defenderá el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios con respecto al aumento de precios. La diferencia de esta postura y la adoptada por CCOO estriba en que UGT tiene en cuenta los incrementos salariales pactados en los convenios que responden, en una parte, a previsiones de aumento del coste de la vida durante su vigencia.

En base a este criterio, las diferencias entre las previsiones de aumento del coste de la vida y del incremento real de la misma, UGT plantea la revisión automática de convenios, pensiones y salario mínimo interprofesional.

Criterios gubernamentales restrictivos

La Administración, según ha podido saber EL PAIS de fuentes próximas al equipo económico del Gobierno, podría aplicar criterios restrictivos en una revisión salarial, que en todo caso se circunscribiría a los convenios cuyos incrementos salariales no hubieran superado el tope propuesto por el decreto Abril los aumentos oscilarían sobre la cuantía real en que el incremento de precios al consumo en junio hubiera sobrepasado el 6,5 %.

Las mencionadas fuentes, insistiendo sobre los criterios restrictivos, aseguraron a EL PAIS que ante la crisis energética y la subida de precios adoptada por la OPEP no quedaba otra alternativa. Estos criterios, ya expresados por el vicepresidente para asuntos Económicos, Fernando Abril, en la presentación de los nuevos precios de la energía, al referirse a que la subida del crudo decretada por la OPEP había que pagarla y pagarla entre todos los españoles, lo que significaba un empobrecimiento relativo de todos, coincide con las políticas que están adoptando todos los países occidentales.

El vicepresidente de la CEE, M. Haferkamp, declaraba el viernes pasado, según puede comprobarse en el diario Le Monde del domingo -añadieron las fuentes- «que no es posible que el efecto sobre las rentas del aumento de precios del petróleo sea compensado por aumentos nominales de los salarios». Estas declaraciones fueron hechas por el señor Haferkamp tras la entrevista mantenida con el secretario de Estado para asuntos Económicos de Estados Unidos, Mr. Cooper, en la que trataron las repercusiones del alza de precios del petróleo, la puesta en práctica de los acuerdos de Tokio y los acuerdos suscritos en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales.

Las fuentes gubernamentales, tras calificar de irresponsables los acuerdos adoptados por CCOO sobre revisión salarial, aseguraron que la postura definitiva de la Administración podría darse a conocer con mayor detalle la semana próxima, en la presentación por Abril Martorell del Plan Económico del Gobierno a medio plazo.

Cautela en la CEOE

La ejecutiva de la CEOE, que se encontraba reunida en la tarde de ayer para tratar de sus conversaciones con CCOO, remitió a EL PAIS, en relación con el tema de la revisión salarial, los acuerdos suscritos por los empresarios y la UGT. En los mismos se dice que «ante la situación excepcional que representa la superación del 6,5% del índice de precios al consumo, la CEOE recomendará que en el segundo semestre de 1979 se realice la revisión automática de los salarlos reales en función del alza de precios y de los criterios que pueda adoptar el Gobierno, previa consulta con la CEOE Y las centrales sindicales».

CEOE no quiso precisar los criterios concretos que plantearán en la consulta del Gobierno sobre este tema.