Las negociaciones del Estatuto vasco, hecho sobresaliente en los cien primeros días del Gobierno

Los cien primeros días del actual Gobierno Suárez -primer Gabinete postconstitucional- se caracterizan por una intensa actividad negociadora sobre el problema vasco, en medio de la acción terrorista desencadenada por las dos ramas de ETA, así como por el envío a las Cortes de los primeros proyectos legales para desarrollar el texto constitucional. En el plano económico y social, la actividad gubernamental sólo ha dado un fruto visible: las subidas generalizadas de precios en productos y servicios de primera necesidad, así como el mantenimiento de una alta tasa de inflación. Otros factores, como el estallido interno del PSOE, han provocado una cierta sensación de desequilibrio en el conjunto del sistema político, al encontrarse en plena crisis el primer partido de la oposición.

El 6 de abril juraron sus cargos los miembros del nuevo Gobierno, y el 18 del mismo mes Adolfo Suárez presentó su Gabinete al Parlamento. Es la primera vez que un Gobierno comienza a estar sometido a un control del poder legislativo, en virtud de los mecanismos previstos en la Constitución. La oposición quiso hacer una demostración de que esto es así en la sesión de presentación del Gobierno, con la exigencia- de un debate sobre el nuevo Gabinete, el programa de cada uno de sus ministerios y la reforma administrativa realizada; el choque quedó en escaramuza, pero tuvo su complemento en la firma del acuerdo municipal PSOE-PCE, realizada por Alfonso Guerra y Santiago Carrillo. Veinticuatro horas más tarde, el acuerdo de la izquierda privó a UCD de las alcaldías de las principales ciudades españolas, y este golpe político no pudo ser compensado con el mayor número total de puestos municipales logrado por los concejales centristas en el conjunto del país.El mes de mayo se caracterizó por una cierta actividad del ejecutivo en política exterior -dos miembros del Gobierno norteamericano visitaron España-, con el contrapunto interior de una intensa actividad terrorista. Mientras el presidente Suárez viajaba a Argel y daba un giro espectacular a la política española en el norte de Africa, entrevistándose con el secretario general del Frente Polisario, la capital de España era escenario de un violento fin de semana, en que dos policías fueron ametrallados, un instituto incendiado y un joven asesinado en la calle de Goya por presuntos ultraderechistas. La muerte de este último, Andrés García, militante comunista que cumplía el servicio militar como voluntario, es uno de los muchos casos de terrorismo pendientes de aclaración.

Todo el mes de mayo, pero especialmente su último tercio, contempló una tremenda escalada terrorista: tres militares y un civil fueron asesinados en Madrid, veinticuatro horas antes de que la explosión de una bomba hiciera saltar por los aires la cafetería California 47, con la muerte de ocho personas y heridas a otras cincuenta. Por si la tensión acumulada era poca, dos días después (28 de mayo) se celebró en Valencia el consejo de guerra contra el general Atarés, por el presunto delito de insultos a un superior, el teniente general Gutiérrez Mellado. El líder del primer partido de la oposición, Felipe González, revestido del cargo de presidente del Grupo parlamentario Socialista -su negativa a presentarse a la reelección como secretario general del PSOE se había producido unos días antes- visitó al presidente Suárez y, tras ser informado de la situación, le ofreció la colaboración que fuera necesaria en favor de la preservación de la democracia.

Fruto de esta conversación fue el tono en que se desarrollaron las sesiones parlamentarias de fin de mes en tomo al tema de la seguridad ciudadana, en que el PNV manifestó de un modo explícito su radical oposición a la violencia, el PSOE- se preguntó quién está detrás del terrorismo, y Santiago Carrillo resaltó la necesidad de unión frente al mismo. La nota más negativa fue dada por el señ& Fraga, portavoz de Coalición Democrática: «Se ha dicho a los españoles algo que les desespera: que esto, y sólo esto, es lo que hay.»

Durante el mes de junio, el Gobierno trató de dar un impulso, casi a la desesperada, a la paralización general de su actividad política y administrativa. El 8 de junio consiguió sorprender al país, en cierto modo, con la publicación de un completo programa de desarrollo constitucional, en el que se incluían 55 proyectos de ley con un calendario preciso, y en el que anunciaba su intención de concluir en un año el desarrollo de la Constitución. Unos días después se intentaba una mejora de nuestra política en el norte de Africa con el viaje de los Reyes de España a Fez: desde el primer momento pudo comprobarse que Marruecos trataba de implicar a los Monarcas españoles en sus posiciones respecto al problema del Sahara, haciendo coincidir la visita de aquellos con una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las actividades del Polisario apoyadas por Argelia.

El problema vasco

La última parte de este período de cien días ha estado marcada por dos cuestiones paralelas: la negociación sobre el Estatuto vasco, en la esfera específicamente política, y la confirmación de que los asuntos económicos marchan por mal camino.El 22 de junio se produjo la primera entrevista entre el presidente del Consejo General Vasco, Carlos Garaicoetxea, y el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez. Una clara voluntad negociadora se puso de manifiesto en esa entrevista, de cuatro horas de duración, al término de la cual el líder nacionalista vasco tuvo ocasión de anunciar un «moderado optimismo», agregando que, «con buena voluntad porambas partes, se puede llegar a una solución». Unos días más tarde, UCD daba a conocer una larga y prolija redacción de motivos de desacuerdo con el Estatuto vasco -al igual que con el catalán-, lo cual produjo momentos de desaliento en torno a las posibilidades de encontrar soluciones negociadas al problema autonómico.

El anuncio centrista provocó gran preocupación en las fuerzas mayoritarias del País Vasco, aunque de entrada se reconocía que el planteamiento de UCD era excesivamentejuridicista y no político, lo cual parecía menos duro que una negativa de entrada a cuestiones de fondo. Al día siguiente -28 dejunio- el país se vio sorprendido por el comienzo de una ofensiva de ETA político-militar contra establecimientos turísticos de la Costa del Sol, que prosiguió in crescendo durante las semanas siguientes, hasta el anuncio de un «alto el fuego» realizado ayer mismo por la citada organización.

Fruto de la misma ofensiva fue el atentado sufrido en la noche del 3 de julio por el diputado centrista Gabriel Cisneros, en lo que constituyó otro escalofrío para la clase política, que se vio en el punto de mira de las armas terroristas.

Coincidiendo con esta serie de hechos, se produjo el mazazo de las subidas generalizadas de precios en buen número de productos y servicios esenciales. Transportes, combustibles, teléfonos, electricidad, leche y otros productos se encarecieron de forma sensible, tras una subida lineal de nueve pesetas en el litro de gasolina, como símbolo del empobrecimiento del país, que el vicepresidente económico, Fernando Abril, pidió fuera aceptado sin fricciones sociales. Todo ello en vísperas de las vacaciones veraniegas. «Cualquier estrategia salarial que quiera montarse es compleja», comunicó el señor Abril, «lo importante en estos momentos es que todo el mundo se dé cuenta de que nos hemos empobrecido. Esto trasciende la ideología y se sitúa en el campo de lo real. »

El período de los cien días gubernamentales termina con una negociación sobre el Estatuto vasco aparentemente esperanzadora, casi como dato positivo de la situación general. Junto a ello, dos grandes tragedias humanasjalonan la vida pública, en lo que constituyen problemas no derivados de la actividad del Gobierno (aunque probablemente necesitados de soluciones estructurales y administrativas): veintiún muertos en Valdepeñas y 72 en Zaragoza, con motivo de una inundación y un incendio, respectivamente.

Distintos ángulos de observación

El balance de lo realizado en estos cien días es lógicamente positivo, visto desde perspectivas gubernamentales: un informe de la Secretaría de Estado para la Información reconocía ayer que ha habido más actividad legislativa 1 que administrativa, pero lo atribula al hecho mismo de que partía de cero por arrancar del mandato que impone una nueva Constitución. En otros campos políticos se ha juzgado de. forma diversa al Gobiemo de UCD durante este período. Para la derecha autoritaria, encamada por Fraga, la situación del orden público es catastrófica y se impone tomar medidas enérgicas; para el PSOE, Felipe González ha hecho varias manifestaciones en el sentido de reconocer las dificultades por las que atraviesa, e incluso ha insinuado la posibilidad de que llegue a ser necesario un Gobierno de coalición. A su vez, Santiago Carrillo considera que el único tema en que el Gobierno parece actuar con comprensión es el Estatuto vasco; «si ello se confirma, habrá sido lo más positivo de estos primeros cien días, sin desconocer que en este resultado positivo hay también la contribución de las fuerzas que nos encontramos en la oposición». Al mismo tiempo, el secretario general del PCE considera que la actuación gubernamental en el terreno económico y social ha sido decepcionante.