La liberalización de la economía, objetivo esencial del programa económico a medio plazo del Gobierno

El Gobierno debatirá, en su próxima reunión plenaria, el proyecto de programa económico a medio plazo, que será presentado al Congreso el próximo día 20 de julio. El proyecto, elaborado por el equipo del Ministerio de Economía, se basa en otro documento de análisis de la situación económica, para el que se recabó la aportación de todos los departamentos implicados. Aunque todavía no existe una decisión firme respecto a la mecánica a seguir para la presentación parlamentaria del programa, el criterio dominante en determinados sectores del Gobierno es el de someterse exclusivamente al debate y no solicitar la confianza de la Cámara.En principio, el programa debía haber sido presentado ayer, pero el Gobierno tramitó una prórroga de diez días, con objeto de revisar los supuestos económicos de arranque, a la vista de las elevaciones de los precios internacionales del petróleo decretadas por la OPEP en su última conferencia de Viena. Fuentes próximas al Gobierno estiman que la reciente decisión de aumentar los precios de todos los derivados petrolíferos, la electricidad, los transportes y las comunicaciones puede incluso encuadrarse en el marco del programa que se presentará al Parlamento, ya que las repercusiones derivadas condicionan y en cierto modo limitan, las opciones de política económica que pueda desarrollar el Gabinete.

La filosofía básica del documento que estos días ultima el Ministerio de Economía es la de reforzar el proceso de liberalización de la economía, aunque aplicando los correctivos necesarios para no provocar un deterioro progresivo de la situación en los próximos meses. A partir de este planteamiento, los responsables de Economía han evolucionado sus planteamientos sobre la definición de un cuadro macroeconómico, incorporando la idea de que las previsiones de precios, crecimiento de la economía, empleo y demás magnitudes incorporadas habitualmente al cuadro tengan un carácter exclusivamente indicativo, evitando caer en las rigideces de los quince meses anteriores,

Otro de los elementos novedosos en el planteamiento de la política económica que estos días intenta diseñar el Gabinete es la decisión de incorporar un tratamiento más realista de los temas conflictivos. En esa línea parece discurrir la insistencia de los máximos responsables del equipo económico -con Fernado Abril a la cabeza-, en que las consecuencias de la crisis energética determinan un notable empobrecimiento del país y que, por tanto, deben ser asumidas por todos los estamentos y sectores implicados. Tras este nuevo planteamiento, ciertamente insólito desde que en 1973 comenzaran las dificultades en materia energética, pudiera subyacer un deseo de propiciar un auténtico pacto social a medio plazo.

Uno de los elementos que preocupa mayormente a los redactores del proyecto del programa económico es la necesidad de lograr restituir la confianza perdida en los últimos quince meses, que han logrado concitar el criterio generalízado de que el Gobierno había perdido el rumbo y la iniciativa en los temas económicos. Como elemento primordial para recuperar esta confianza se cuenta con desarrollar una serie de medidas energéticas en materia de ordenación, clarificación, control y contención del gasto público. Aunque no se conocen cifras oficiales sobre la cuantía exacta del déficit presupuestario con que puede cerrarse 1979, las previsiones más solventes apuntan hacia un desajaste de 100.000 a 150.000 millones de pesetas, que vendrán a sumarse a los 200.000 millones ya previstos en el proyecto de ley aprobado el viernes de la pasada semana por el senado. Este incremento del déficit se producirá como consecuencia del incremento de los gastos corrientes -no de los de inversión-, sobre todo, por la vía de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de Industria (INI), cuyas empresas presentan importantes desajustes en la evolución de las cuentas de resultados y es previsible que concluyan el año con un crecimiento de sus pérdidas, que se sitúan en torno al 50 % con respecto al ejercicio anterior en la mayor parte de los casos.

La evolución de la economía española en él primer semestre del presente año, con un empeoramiento general de las expectativas, determinará lógicamente una ree.laboración de las magnitudes del cuadro macroeconómico construido el pasado mes de diciembre. Algunos sectores del equipo económico se resisten incluso a cuantificar las previsiones de incrementos de precios, crecimiento de la economía, evolución del sector exterior y criterios de política monetaria, a la vista de las circunstancias.

En materia de inflación, la mayor parte de los expertos de la Administración contemplan con escepticismo el pronóstico formulado la pasada semana por el vicepresidente Abril Martorell señalando que la tasa para el presente año quedarla situada en torno al 14%. Para el cálculo del crecimiento del conjunto de la economía, las previsiones se sitúan ya en torno al 3%, con tendencia acusada a considerar esa cifra como máxima, pues existen múltiples recelos respecto a la evolución de los sectores priuiario (Agricultura y pesca) y terciario (sobre todo, el turismo), que fueron precisamente los que protagonizaron el tirón de 1978. Para el sectorindustrial, las previsiones son unánimemente pesimistas. En base a estos supuestos, las estimaciones sobre la evolución del empleo son francamente pesimistas.

Al margen de la formulación del programa económico, el Gobierno deberá definir en las próximas semanas su postura ante el aumento de los precios al consumo por encima de lo previsto en el decreto-ley de limitaciones salariales de diciembre pasado.

El punto esencial de la discusión que, sin duda, se planteará respecto al tema salarial será la cuantificación del aumento del coste de la vida durante el segundo semestre: del año. Las pretensiones gubernamentales apuntan hacia una repercusión del doble del desfase producido durante el primer semestre en el índice de precios en los salarios de aquellos trabajadores cuyos convenios no fijaran alzas salariales superiores al 13% fijado en el decreto-ley.