Restricciones para alumbrado público y calefacciones

El Consejo de Ministros adoptó ayer una serie de medidas encaminadas al ahorro de energía, que se concretan fundamental mente en reducciones del alumbrado público y suntuario, del abastecimiento de combustibles para calefacciones y, junto a ello, el incremento medio de un 21% en las tarifas eléctricas.

La intensidad del alumbrado público se reducirá en un 50%, «salvo supuestos especiales justificados por razón de vigilancia», y el suministro de combustible para calefacciones disminuirá en un, 20%.Destaca también la creación de un grupo de trabajo para el estudio del control de consumo de combustibles de automoción para casos de emergencia.

El secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, en la rueda de prensa para informar del contenido del Consejo, comentó que todo este conjunto de medidas debía entenderse como una primera toma de postura, tras la subida del precio de los combustibles a raíz de los aumentos de los crudos decretados por la OPEP, y que la situación futura depende de las variables que pueden surgir en este campo. Si alguno de los países que ha anunciado la supresión de exportaciones de crudos llevase a cabo su propósito -dijo el señor Meliá-, podría llegarse a restricciones en el consumo, aunque añadió que los suministros en los mercados internacionales parecen asegurados para el segundo semestre de este año.

En relación con los atentados terronstas en la costa mediterránea, el señor Meliá especificó una larga serie de medidas policiales y de orden público que han sido adoptadas, y comentó la necesidad de evitar sensacionalismos en este terreno, que hacen el juego a intereses extranjeros beneficiarios de un hundimiento del turismo español.

En torno al atentado del diputado de UCD Gabriel Cisneros, afirmó que cuando el estado del herido y las investigaciones policiales permitan tener mejor información será posible precisar con carácter definitivo la paternidad del grupo criminal.

El señor Meliá reiteró una.nota informativa en el sentido de que el Gobierno español no ha vendido armas a Nicaragua y que la posible actuación de terceros países a los que previamente las hubiese vendido España es tema de su exclusiva responsabilidad.

Negó que el Consejo se hubiese ocupado de la suspensión de pagos de Olarra, SA, y negó igualmente -respondiendo a sendas preguntas- que hubiese abordado la posibilidad de cerrar en agosto otros veintidós periódicos de la cadena de Medios de Comunicación Social del Estado. «No conozco», dijo, « que exista un proyecto en ese sentido.»

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