Discrepancias de fondo sobre el Estatuto de Guernica, aunque superables en la segunda lectura

Los debates en torno al Estatuto de Guernica se desarrollaron demasiado lentamente, pero, aunque ya se han puesto de manifiesto discrepancias de fondo, ninguna de ellas, por el momento, parece insuperable en una segunda lectura. Esta es la opinión más extendida entre los miembros de la ponencia que estudia el proyecto de Estatuto para el País Vasco, al término de la reunión que mantuvieron ayer en el Palacio de Congresos y que se levantó cuando ya habían examinado hasta el artículo 14, inclusive, y los artículos 34 a 36.

Los ponentes iniciaron ayer su trabajo con el examen de los epígrafes 20 al 36 del artículo diez del Estatuto, en el que se fijan las competencias exclusivas de la comunidad autónoma. Según manifestaron a EL PAIS diputados socialistas y comunistas, en la segunda lectura se procederá, muy probablemente, a reordenar el artículo, de forma que los epígrafes relacionados con aspectos económicos (los números 10, 23-, 24,25, 26 y 28) pasen a integrar un nuevo artículo, en el que, a fin de evitar la colisión de competencias estatales y autonómicas, se diga: «En el marco de las bases y la coordinación de la planificación de la actividad económica general, elaborada en los términos de los artículos 131 y 38 de la Constitución, corresponde al Consejo General Vasco la competencia exclusiva de las siguientes materias...». Esta fórmula figura ya en el proyecto del Estatuto catalán.Por el momento, los representantes del PNV no se han opuesto a esta fórmula, como tampoco a que se añada una referencia al artículo 149 de la Constitución -en el que se establecen las competencias exclusivas del Estado-, en los epígrafes relativos a: régimen local, ordenación, fomento y policía de montes, higiene e industria farmacéutica, ordenación del territorio, del litoral, urbanismo, vivienda, medio ambiente y ecología. Sin embargo, el senador Miguel Unzueta manifestó a EL PAIS que las remisiones al artículo 149 de la Constitución eran, al parecer, innecesarias, porque el artículo diez del Estatuto había sido redactado fijándose con atención en las competencias que el propio texto fundamental atribuye en exclusiva a las comunidades.

Sin discrepancias importantes

A la rueda de prensa celebrada por el presidente de la Comisión Constitucional, Emilio Attard, asistieron, por primera vez, representantes de las distintas formaciones políticas parlamentarias.

El señor Attard expresó el dolor y la indignación de los miembros de la ponencia por el atentado de que ha sido víctima el diputado Gabriel Cisperos. Añadió que, al terminar el examen del artículo diez podía afirmar que no se había producido en la ponencia ninguna discrepancia que no pueda ser superada en una segunda lectura.

El ponente comunista Jordi Solé Tura expuso su inquietud porque a su juicio «en el fondo mismo de las intervenciones estamos ante concepciones no coincidentes respecto al contenido de un estado autonómico». Explicó que en algunos de los motivos de desacuerdo subyacía la consideración de la autonomía como una mera descentralización administrativa. Su opinión fue firmemente rechazada por el ponente de UCD, Jesús Viana, quien aseguró que la inquietud del señor Solé Tura quedaría desvanecida, sin duda, en las próximas sesiones.

El diputado socialista Alfonso Guerra intervino para señalar que la rueda de prensa no debía convertirse en una batalla sobre posturas abstractas y pasó a exponer los temas tratados en la reunión de la ponencia hasta ese momento, después de afirmar que estaba de acuerdo con el señor Attard en que ninguna de las discrepancias expresadas eran insalvables.

El ponente socialista manifestó que, en relación con el apartado 36 del artículo diez, los centristas se habían limitado a solicitar que se aclarara su contenido, y especialmente, el significado de la expresión desarrollo comunitario. Añadió que todos habían estado de acuerdo en redactar de forma más clara dicho epígrafe. El señor Guerra afirmó que en el epígrafe 30, que atribuye a la comunidad vasca el control exclusivo de los transportes, parecía necesario remitirse a la Constitución, a fin de salvar las competencias del Estado en aquellas comunicaciones o transportes que excedan el territorio de una comunidad en concreto. Manifestó que las discrepancias más serias eran las relativas a los epígrafes 28 y 29, que atribuyen a la comunidad las competencias exclusivas en materia de industria y de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo, vivienda, medio ambiente y ecología. UCD estima -explicó- que en lo relativo a urbanismo podría quedar afectado el concepto de la propiedad privada, argumento que no ha compartido casi nadie.

Interrogado sobre la fecha de finalización de los trabajos de la ponencia, el señor Attard manifestó que sería, en todo caso, dentro de plazo, y Alfonso Guerra matizó que aunque la marcha era lenta, se había adelantado trabajo, ya que se han establecido una serie de criterios que servirán para artículos posteriores.

En la última parte de la sesión, se estudiaron los aspectos relativos a la organización de la Justicia en el País Vasco. Los socialistas expusieron la conveniencia de que se respetara en el Estatuto la separación de poderes establecida a nivel del Estado en la Constitución