CEOE solicita la revisión continua de los precios industriales

El programa de medidas de ahorro energético y subida general de precios adoptado por el Gobierno como consecuencia de la elevación de tarifas del crudo decidida por la OPEP la semana pasada en Ginebra, ha provocado reacciones mixtas en los diversos sectores españoles afectados. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), agrupación patronal, ha calificado las decisiones gubernamentales de «adecuadas por inevitables», mientras que sindicatos y partidos políticos, así como los agricultores y transportistas, se han quejado y criticado la fuerte alza de precios.

En una nota distribuida ayer, la CEOE ha calificado la situación creada en la economía española como «extremadamente grave», y tras analizar el impacto inflacionista y de reducción del crecimiento que tendrán las decisiones del Gobierno, ha reclamado como primera medida una política realista de autorización de subida de precios, al tiempo que ha exigido como decisión a largo plazo, que se autorice la instalación de nuevas centrales nucleares.Respecto a los precios, la nota de los empresarios españoles se felicita de la celeridad con la que ha actuado el Gobierno, pero señala que la subida de precios requiere una revisión y examen continuo. Para la CEOE, es necesaria una política positiva de ajustes que elimine la rigidez de los precios artificialmente contraídos y que, a su juicio, ha motivado anteriormente la descapitalización de las empresas.

Tras requerir una sensibilización de la sociedad española respecto a la crisis energética, señala que los altos precios del crudo se van a notar en la balanza de pagos, en los precios y en las posibilidades de crecimiento, desarrollo y bienestar de todos los españoles. Agrega que, en consecuencia, serán necesarias una serie de medidas eficaces centradas en el ahorro de energía procedente del petróleo que incluyan apoyos fiscales y crediticios al ahorro y reconversión energética.

Como segunda medida, la CEOE considera urgente el impulso de nuevas fuentes alternativas de energía y, en esta línea, pide la inmediata autorización de nuevas centrales nucleares. Su próximo funcionamiento, dice la patronal española, es la única alternativa realista en estos momentos al petróleo y, además, su construcción puede sacar a la industria española de su estancamiento y crisis.

En un tercer apartado, la CEOE exige del Gobierno una política de austeridad en el gasto, tanto en el público («de escasa productividad y de una financiación que causa gravísimas consecuencias para la economía española»), como en el del consumo en general. Pide, en otro aspecto, una política de reactivación industrial a través de una reducción de los costes financieros y considera necesario, por último, que todas las fuerzas sociales del país «admitan la pérdida del valor adquisitivo de los españoles», el cual no debe venir compensado, en su opinión, por elevaciones salariales, ya que «sería ficticio y llevaría a una espiral inflacionista, a una disminución de las posibilidades de inversión, de competitividad y a un incremento del número de parados».

En el otro lado de la balanza, los sindicatos y partidos políticos de oposición han mostrado una visión más pesimista del efecto de las subidas y, sobre todo, de quiénes van a ser los paganos reales de la crisis desencadenada. El Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), por ejemplo, considera, en una nota hecha pública en Barcelona, que la subida de precios en el sector energético se ha retrasado deliberadamente desde el Gobierno para así «no incluirse en los incrementos del coste de vida que sirven de base para las revisiones salariales automáticas de los convenios».

Para el PSUC, la decisión gubernamental se ha hecho de una manera aislada y, por tanto, será ineficaz en su objetivo principal: reducir el consumo siguiendo la experiencia del período 1973-1977. «Este aumento supondrá el relanzamiento de la inflación», opina el partido catalán, «que juntamente con el nivel actual de paro dibujan una imagen muy pesimista de nuestra economía. Ahora es necesaria de nuevo una acción decidida de política económica que acompañe las medidas energéticas, incluyendo un plan de reconversión industrial que ayude al ahorro energético y a la absorción de la mano de obra. »

Las medidas gubernamentales también fueron criticadas por la central sindical USO y, mucho más duramente, por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que opina que, en términos de costes, «carecen de justificación». Para la OCU, «los nuevos precios implican un aumento de la fiscalidad en cifras absolutas y responden a una política recaudatoria apoyada en meros principios de facilidad, que contradice la reforma de nuestro sistema fiscal hacia el abandono progresivo de la imposición indirecta». Por último, la OCU defiende el uso del automóvil y el consumo de gasolina, que «no puede ser considerado un signo externo de riqueza».