Latinoamericanos en España: solidaridad o ignorancia
Si las mercancías fuesen intercambiables por personas se diría que existe entre América Latina y España un intercambio desigual. Pero como de mujeres y hombres se trata, el desequilibrio verificable entre los españoles que viven en América, y cómo fueron recibidos, y los americanos que intentan residir en España, y cómo se les rechaza, tiene otro nombre: ignominia.Según datos oficiales -tan poco fiables como otros muchos que a diario nos ofrecen desde hace años-, existen unos tres millones de españoles diseminados por el mundo. De ellos, 1.700.000 viven en, Hispanoamérica (para emplear un término grato a los oídos melancólicos del lenguaje imperial). Hay 900.000 que residen en la Argentina de Videla; 100.000, en el Chile de Pinochet; 90.000, en el Uruguay de Méndez; 100.000, en México, y así podemos seguir. Por el contrario, en la desorientada España actual, por la «gracia» de los dictadores antes nombrados y otros con similares atributos, tratan de residir alrededor de 60.000 latinoamericanos. La desproporción es de tal magnitud -suponiendo que sólo se tratase de símbolos numéricos- que el regateo y las malas mañas empleados por los sucesores del franquismo para hacerles la vida poco menos que imposible hace que millones de espanoles se llenen de vergüenza, especialmente ante la pasividad de que estamos haciendo muestra para impedir esto.
Parecería que el problema de los latinoamericanos, por cercano, fuese menos importante que la defensa de nuestros emigrantes amenazados a su vez de expulsión, principalmente de Europa, tras haber contribuido en los últimos quince años al desarrollo industrial de Francia, Alemania, Suiza y otros países. En este sentido, la reciente ley francesa (que Giscard defendió patrióticamente por televisión) que restringe la entrada y residencia de extranjeros en el país vecino, y las manifestaciones en su contra de los trabajadores franceses, son claros ejemplos, por una parte, de una Europa cerrada, represiva, retórica en su defensa de los derechos humanos y con una dosis creciente de racismo eurocentrista y, por otra de una solidaridad que rompe los argumentos económicos en contra de los inmigrantes.
Pero regresemos a España; hagamos un poco de historia legal. Existe aún, por no haber sido derogada por otra de igual categoría, la ley promulgada en diciembre de 1969 y el reglamento correspondiente, que establece una equiparación de los hispanoamericanos con los trabajadores españoles. Contra toda norma de derecho, esta ley ha sido arrinconada al desván de los trastos. La suplantó una simple circular del Ministerio del Interior. Naturalmente, nadie puede negar que dicha ley fue promulgada para asistir y ayudar a los exiliados que fueron llegando a España -millares- con ocasión de la Revolución cubana, y que sirvió de amparo a los Perón, Pérez Jiménez, Trujillo, Batista y otros amigos del dictador. Por ese entonces no se pensó que miles de latinoamericanos que huyen ahora de las dictaduras podrían hacer uso, paradójicamente, de esa ley. Por ello, cuando empieza a ocurrir, y aquí la paradoja se amplía y la historia se continúa, el Gobierno de la España democrática archiva esa ley y la sustituye por infinitas ventanillas, contraindicaciones burocráticas, ordenanzas ambiguas y posibilidades ciertas de expulsión.
Los exillados están aquí. Los españoles sabemos bien por qué se marcha la gente de su propio país. Pero sobre ellos se cierne la incertidumbre. El ministro del Interior acaba de hacer pública una especie de amnistía para quienes deseen refugiarse y legalizar su situación. Pero todavía nohay estatuto de refugiado. De este modo, la amnistía para quienes tienen documentación irregular (y aquí hay que recordar que muchos miles de los que huyen tienen los papeles en regla) se transforma en un dar la cara sin saber después qué pasará. O, dicho de otra manera: sin saber si luego entrarán en los márgenes de la definición de refugiado que emane de las Cortes.
El panorama no es propicio para el optimismo en lo que respecta al futuro, o a las definiciones, o la amplitud de las definiciones. Apenas el PSOE presenta un amplio y generoso proyecto de estatuto del refugiado, el señor Pérez Llorca lo acusa, y acusa en un tiro por elevación a la colonia latinoamericana, de defensor de «terroristas». UCD, con un accionar que ya se hace inquietantemente habitual de rechazar en nombre de la Constitución lo que no le agrada o no le conviene, cierra así la posibilidad de discutir. Si a demiurgos nos ponemos, podemos adivinar que UCD quisiera una legislación sobre refugiados que sirviera a refugiados que no han hecho nada para serio.
Así las cosas, mientras los abogados expertos señalan las múltipies fallas y trampas por omisión de esta amnistía que termina en septiembre, los exiliados siguen sin amparo, entendiendo que apenas se les ofrece que se registren. Una obligación en defensa de los derechos humanos de acuerdo a la Convención de Ginebra se transfigura en trámite policial.
¿Es que una vez más hay que refrescar la memoria ucedista sobre el recibimiento que los exiliados españoles tuvieron en América? ¿Es que hay que recordar y recordar que José Gaos, Sánchez Vázquez, Sánchez Albornoz, León Felipe, Falla, Larrea y tantos otros pudieron vivir y crear en América, y crear para España, gracias a actitudes generosas como la del presidente Cárdenas, de México, que por simple decreto reconoció la residencia y los títulos universitarios de los españoles? ¡Qué diferentes son nuestros gobernantes!
Es necesario explicar, por todos los canales posibles, la situación de los exiliados latinoamericanos (sin olvidar que en la misma se hallan los ecuatoguineanos) a la sociedad española. Partidos políticos, centrales sindicales, organismos de repercusión internacional, deben seguir el ejemplo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y concienciar, concienciándose, sobre este problema. Porque es cierto que la situación económica aquí no es buena, pero 60.000 latinoamericanos no derramarán la copa del paro. Hay que analizar, además, qué tipo de inmigración es, qué relación creativa y saludable se puede establecer entre ellos y España. Pero no nos dejemos enganar con el fantasma del paro. Una pregunta lógica: ¿qué pasaría si los Gobiernos latinoamericanos, debido a las crisis económicas que tienen sin excepcIón, decidieran enviar a casa los 1.700.000 españoles? Los cambiaría el Gobierno Suárez por los 60.000 americanos?
Hay que entender que la gente no viene para incordiar, sino para salvar su vida de la arbitrariedad represiva. Y no tienen que pedir el refugio como un favor, porque éste es un antiguo derecho del sistema liberal. Y es en este punto donde quedan de lado las excusas: somos solidarios o no lo somos, y hay que definirse de qué lado se está.
Los latinoamericanos no piden trato especial; sólo que se los deje vivir en paz; que los Pérez Llorca no les intenten juzgar por lo que hicieron o dejaron de hacer en sus países. A nosotros nos queda la acción solidaria; a las Cortes y al Gobierno, la fuerza de la ley para evitar la ignominia.
