Estrategias para un mayor empleo

Más paro y menor población activa constituyen los preocupantes sumandos del más grave mal en que la «crisis económica de los setenta» se manifiesta en todos los países. Un mal frente al que hasta ahora no se han ofrecido respuestas eficaces por la política económica de los distintos países. Un mal que no se cura con la pasividad y la espera. El profesor Alain Cotta -en un informe reciente para el Gobierno francés- ha dicho lo que todos los economistas, y probablemente la mayor parte de los ciudadanos, pensamos hoy: «Algo es seguro; el paro aumentará en el futuro si no se le opone un gran esfuerzo de voluntad colectiva, motivado por la conciencia general de su gravedad, que articule decisiones variadas y eficaces.»Admitiendo esa afirmación, cabe preguntarse ¿existen realmente remedios eficaces que oponer a este extendido mal del bajo empleo? Cabe pensar en principio, que un mal de todos tenga tras de sí múltiples remedios ensayados por la política económica. Consejos de toda condición para combatirlo. Así es, pues pocos temas han atraído la atención general en años recientes como lo ha hecho este del paro creciente y el bajo empleo.

Errores que deben evitarse

Cualquier intento de definir una política económica que pretenda ganar eficacia debe descartar lo que no debe hacerse. Ahorrar errores es quizá la principal enseñanza que permite conseguir el análisis de la experiencia. Y estos errores graves en que no debe caer la política de empleo son, al menos, cinco:

1º El error de la autarquía, consistente en creer que, cerrando el mercado interno a los productos nacionales, tendremos la producción propia que pueda dar salida y trabajo suficientes a empresas y mano de obra nacionales. Toda crisis económica grave favorece la defensa de políticas de esta naturaleza, pero basta atender a las intensas relaciones comerciales que hoy guardan incluso las economías más plegadas en sí mismas, para darse cuenta de que cerrar nuestro mercado interno equivaldría a abrir una guerra en mercados ajenos a los que vendemos y de los que precis,amos para alentar determinadas producciones. Como demuestra concluye ntem ente la experiencia de la gran crisis pasada -la de 1929-, la política de empobrecer al vecino es el camino más seguro para empobrecernos todos y alimentar el paro.

2.º El error de depurar la mano de obra con criterios nacionalistas. Cabe pensar también cuando el empleo es escaso que «nuestro» paro sea el desempleo de «otros» países: el de origen de los inmigrados que trabajan en el mercado nacional. Esta alternativa condenable y egoísta la hemos sufrido en España, pues las dificultades de empleo en Europa han supuesto retornos importantes de nuestros traba adores desde el comienzo de la crisis (186.000 personas estima la OCDE que han regresado en el centro de la crisis situada en los años 1974-1976).

3.º El error de conservar el empleo a costa de las políticas positivas de ajuste a la crisis. Unas sociedades que cuentan el paro por millones y a las que se les priva de miles de empleos anuales, es explicable que engendren un egoísmo extraordinario por mantener contra viento y marea los puestos de trabajo existentes en todos los sectores productivos. Por desgracia, la crisis que vivimos es una crisis no sólo coyuntural y pasajera, sino una crisis profunda de carácter estructural que obliga a realizar cambios en las formas y modos de producción y que niega la posibilidad de supervivencia a muchos sectores productivos que deben reducir sus capacidades o reconvertir sus líneas de producción para subsistir. Afirmar la continuidadde la estructura productiva anterior a la crisis no adaptada a los nuevos datos de demanda, de costes y precios relativos que la crisis ha definido irreversiblemente, supone continuar con actividadee productivas que, por no ser viables, incurrirán en pérdidas y tendrán que recibir la ayuda por la vía de las transferencias presupuestarias del resto de la sociedad para subsistir. En la medida en que esto ocurra, tendremos, unas empresas basadas en las transferencias y no en la producción. Unas empresas cuyo sostenimiento gravitará sobre los costes y los precios que ahogará al resto de las empresas productivas existentes.

4.º El error del arbitrismo. La política de empleo reclama y se beneficia de la imaginación y de las iniciativas que puedan tener los miembros de las sociedades que padecen la crisis y el paro. Sin embargo, las improvisaciones no pueden ni deben informar toda la política de empleo. Los experimentos han de dosificarse y no llevarse el presupuesto por delante o alentar un mesianismo monopolizador por las soluciones nuevas, en apariencia brillantes, pero escasamente eficaces. La crisis nos muestra muchas experiencias de esta clase: los proyectos de interés local de Canadá o los propuestos por el grupo de Echange et Projects de Jacques Delors, en Francia, y seguidos por otros países (consistentes en favorecer iniciativas de trabajos financiados con fondos o ayudas para mejorar el medio ambiente, realizar actividades sociales y culturales, desarrollar el artesanado, todas ellas no lucrativas y que tratan de conseguir una mejor calidad de vida), los empleos sugeridos por el Informe Fabre, en Francia, y realizados ya en Estados Unidos y Gran Bretaña, principalmente (creación de empleos públicos de una u otra naturaleza). Estas y otras muchas experiencias más que podrían citarse no son inútiles si se reducen a sus verdaderos términos, pero son perturbadoras si se las identifica con la política de empleo.

5.º El error de la totalidad. Cualquier política de empleo para los próximos años tiene que partir de un hecho reconocido hoy ampliamente: la imposibilidad de volver en el horizonte temporal inmediato de los próximos cinco años a las tasas de paro y actividad que caracterizaron a la economía española a finales de la década de los sesenta. Como ha afirmado el economista francés Jacques Plassard, «jamás tendremos en el futuro una etapa de superempleo como la que vivieron las economías europeas en la era anterior a la crisis de los setenta y que permitió las fuertes corrientes migratorias en las que encontró salida y ocupación la pujante demografía de los países meridionales». Concretar cuáles pueden ser las ambiciones del futuro inmediato de una política de empleo no es asunto fácil, pero si el crecimiento alcanza valores satisfactorios y la productividad mantiene los ritmos vigentes en el pasado, la tasa de paro podría situarse en torno al 4% de la población activa. Una tasa que hubiera sido considerada en el pasado como mínima, pero que tiene que situarse en un horizonte de futuro en el que los países europeos van a moverse en valores semejantes, en el que la política de subsidios al paro nada tiene que ver con la del pasado, y en el que, finalmente, el mantenimiento de los precios estables constituye una exigencia prioritaria impuesta por la competencia internacional y la viabilidad de un crecimiento económico continuo y sostenido.

Una política de empleo

Evitando esos errores, una política de empleo debe acentuar la importancia de las grandes opciones ante las que debe definirse su contenido en cualquier sociedad. Esas opciones son fundamentalmente cuatro:

Aumentar la demanda de trabajo y ajustar la oferta y demanda de empleo.

Reducir los costes de trabajo y aumentar la flexibilidad de los mercados de trabajo.

Reducir la oferta de mano de obra

Atenuar las consecuencias del paro por una política de subsidios, articulada en torno a un seguro de paro con una nueva regulación.

Para reducir el paro y aumentar el empleo, la primera y más obvia línea de actuación consiste en mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo y ajustar mejor -a través de diversas actuaciones- la oferta y demanda de empleo. Esas políticas de adaptación de la mano de obra para facilitar su absorción por el mercado cubren una amplia gama de actuaciones: una mejor preparación para la vida activa, facilitada por la extensión de los servicios de enseñanza entre toda la población, la institución de un mínimo cultural al que tengan acceso cuantos ciudadanos pretenden encontrar empleo; una formación profesional adquirida con una información plena de los interesados sobre las oportunidades de empleo y dotada de una polivalencia que permita el intercambio de empleos; una formación continuada que facilite la adaptación de los trabajadores, ayudas a la movilidad del trabajo tan esenciales en un mundo como el actual en el que la reestructuración de los sectores productivos, impuesta por la crisis, necesita corresponderse con una movilidad creciente de la mano de obra; la existencia, en fin, de oficinas de empleo que hagan factible y no dificulten el hallazgo de ocupaciones rentables para la sociedad y para las personas que la solicitan. Es claro que todas estas medidas pueden mejorar considerablemente el funcionamiento del mercado de trabajo y aumentar el empleo. Sin embargo, no debe esperarse de ellas a corto plazo más que una reducción limitada de la tasa general de paro.

La principal de esas vías la constituye la demanda total de bienes y servicios. La demanda de trabajo en los distintos mercados existentes en un país es siempre una demanda derivada, es decir, una demanda que no se efectúa directamente por las familias en los mercados de bienes, sino por las empresas como consecuencia indirecta de la demanda de productos en los mercados. Quien no vende sus productos, no emplea a trabajadores. La condición de una demanda capaz y potente es una condición necesaria, aunque no sea una condición suficiente, para lograr más empleo. Siguiendo esta lógica elemental, parece que la receta con más posibilidades para elevar el empleo consistiría en vigorizar la demanda total de bienes y servicios. Hay quienes llevan este argumento al límite y afirman que nada tan sencillo como elevar el nivel de empleo de una sociedad si se manipulan los resortes del gasto nacional por políticas expansivas monetarias y fiscales, políticas inspiradas en los burdos y primarios esquemas keinesianos que, facilitando una política de dinero barato y de desequilibrios presupuestarios, den a las economías nacionales lo que éstas parecen pedir: una demanda abundante en la que encuentren salida las producciones -hoy contenidas por la disciplina financiera y monetaria- y en la que halle trabajo la mano de obra. Por desgracia, esta salida sencilla, abierta al más incompetente en materia económica, popular, porque no discute ni se opone a las conveniencias e intereses de ningún grupo, es, como casi todas las proposiciones simples y elementales en economía, un error grave con inmensos costes económicos y sociales detrás de sí. Es fácil adivinar las consecuencias que se seguirían de una política tan extravagante como esa a que aludimos y que, por lo mismo, ninguna economía occidental ni ningún economista con prestigio y conocimientos propugna hoy en ninguno de los países occidentales. Los tres castigos en que incurrirían los presuntos practicantes de esta expansión incontrolada de la demanda serían muy claros: un aumento acelerado de las importaciones de productos energéticos, que crearía severas dificultades en sus balanzas de pagos; una inflación acelerada que destruiría la capacidad competitiva de la economía y amenazaría las bases de una convivencia estable; una debilidad progresiva en los mercados de cambios exteriores de la unidad monetaria que estuviese detrás de esas decisiones políticas. Es, por tanto, evidente que un movimiento simple en la demanda efectiva total realizada por políticas expansivas no es hoy una respuesta posible para aumentar el empleo. La política de empleo tiene que basarse en una administración del gasto nacional que tenga en cuenta las exigencias impuestas por los aumentos del empleo, pero que al mismo tiempo considere sus efectos sobre la inflación, la necesidad de equilibrar los pagos exteriores, la posibilidad de financiar los gastos públicos sin daño para la economía nacional, y las posibilidades y limitaciones de la oferta para atender a esos requerimientos del gasto nacional. Este último constituye un factor de importancia básica porque la crisis económica presente debe enfocarse para entender sus principales rasgos y características, como una crisis de oferta, en la que la energía, las materias primas y los productos agroalimentarios constituyen las manifestaciones más claras a través de las cuales los recursos escasos imponen límites severos para que los crecimientos de la demanda se traduzcan en incrementos de producción. La OCDE ha llamado recientemente la atención sobre el hecho incontestable de que el crecimiento de todas las economías nacionales después de la crisis ha reafirmado la validez de la proposición que afirma que los aumentos de la demanda tienden a agotarse en crecimientos de los precios más bien que a generar aumenlos de la producción. Como lógica consecuencia de que las políticas económicas no han atendido como debieran a los factores de escasez de la oferta, lo que ha motivado que la rigidez de ésta impulsara la inflación más que el desarrollo económico. La lección de esta experiencia no es otra que la política de empleo debe administrar la política de demanda con un sentido claro de sus limitaciones presentes.

Una traducción concreta de las afirmaciones anteriores al caso de la economía española parece obligar a la elección de una tasa de crecimiento posible de la producción en los próximos años y a preguntarse por las consecuencias de esa tasa sobre el nivel y las oportunidades de empleo. Un acuerdo mayoritario fijaría la tasa anual de crecimiento potencial de la economía española en los próximos años en torno al 5 %, tasa inferior a