CCOO pide al Gobierno que negocie un un estatuto de los trabajadores "consensuado"

De «bodrio», «refrito de la anterior legislación laboral» y «proyecto anticonstitucional» fue calificado por la ejecutiva nacional de CCOO el estatuto de los trabajadores elaborado por el Gobierno. Con un lenguaje más duro del que les es habitual, los dirigentes del primer sindicato señalaron que no estaban dispuestos a permanecer impasibles ante las pretensiones del Gobierno de imponer su estatuto de los trabajadores, una ley de huelga restrictiva y la no revisión de los convenios aunque se superara en junio el 6,5% en el incremento de precios, «saltándose a la torera», en palabras de Nicolás Sartorius, «sus propios decretos y la Constitución».

«El estatuto de los trabajadores ha sido pactado entre el vicepresidente del Gobierno, Fernando Abril, y el presidente de la CEOE, Carlos Ferrer, hace algún tiempo. Entonces acordaron, incluso, que los empresarios se opusieran a él para hacer ver que no había negociación previa», dijo Nicolás Sartorius. El secretario general de CCOO, Marcelino Camacho, añadió que el proyecto gubernamental era inaceptable: «Es una refundición de la legislación anterior con algunas modificaciones que, incluso, la empeoran. »Para Marcelino Camacho el proyecto gubernamental no tiene nada que ver, pese a las afirmaciones de los ministros, con un estatuto de los trabajadores a la europea, ya que para serlo debería contemplar exclusivamente los derechos de los trabajadores. «Se trata en realidad», dijo, «de un código del trabajo.»

El estatuto de los trabajadores tiene aspectos anticonstitucionales -continuó Marcelino Camacho-, como el referido al posible acuerdo entre empresarios y trabajadores sobre un compromiso de paz social, cuando la Constitución reconoce como derecho irrenunciable el de huelga. Mantiene, por otra parte, las interferencias de la Administración en las relaciones laborales, ignora la existencia de los sindicatos y vacía de todo contenido a los comités de empresa. Finalmente, da mayores facilidades para el despido y los expedientes de crisis y margina a sectores amplísimos de asalariados como los funcionarios públicos.

El secretario general de CCOO afirmó, más adelante, que «estamos en presencia de una miniconstitución y es necesario llegar a un acuerdo, como se hizo con la Constitución antes de ir al Parlamento». Insistió en las tesis de su central de negociar con el Gobierno y no con la patronal, por ser un tema que compete esencialmente a los trabajadores, «aunque el Gobierno puede consultar a quien quiera».

Nicolás Sartorius añadió que era preciso llegar rápidamente a un acuerdo con UGT de forma que las negociaciones comenzaran antes del verano, ya que al prolongarse las reuniones del Parlamento en el mes de julio y con posibles sesiones extraordinarias en agosto, podría aprobarse un estatuto que los trabajadores no pueden aceptar.

La comisión ejecutiva de CCOO, según manifestaron, ha acordado comenzar una campaña de información y movilizaciones para que los trabajadores conozcan el tema. A la pregunta de alguno de los periodistas asistentes sobre la posibilidad de una huelga general, Nicolás Sartorius no la descartó, aunque posteriormente Marcelino Camacho aseguró que la ejecutiva de CCOO no tenía noticias de que líderes de su sindicato en Cataluña o Euskadi hubieran hablado de tal posibilidad.

«El alcance y las modalidades de las movilizaciones», según comentó posteriormente a EL PAÍS uno de los miembros de la ejecutiva, «deben acordarse conjuntamente con UGT y personalmente pienso», añadió, «que los efectos de las movilizaciones se centran en el número de trabajadores que las secunden y no en el número de horas que se pierdan con las mismas».

Revisión automática de los convenios

La ejecutiva de CCOO, por los datos que obran en su poder, considera que a 30 de junio los precios habrán sobrepasado el tope del 6,5%, contemplado en la «cláusula de salvaguarda» del decreto último del Gobierno sobre política salarial. En este supuesto, teniendo en cuenta la necesidad de defender la capacidad adquisitiva de los salarios y los niveles de empleo, CCOO es partidaria de una negociación con el Gobierno y, en su caso, con la patronal, a fin de encontrar una fórmula global y automática en la revisión de los salarios que evite la renegociación convenio a convenio, por las repercusiones que ello supondría.Uno de los dirigentes de CCOO, tras la conferencia de prensa, concedió la posible implicación de las negociaciones sobre revisión salarial y las relativas a la elaboración de una nueva redacción del estatuto de los trabajadores.

Asimismo, los dirigentes de CCOO reiteraron su postura, ya manifestada al Gobierno, en contra de una limitación legal del derecho de huelga reconocido por la Constitución. El anuncio por parte del Gobierno de una posible regulación del mismo durante el mes de agosto significaría, según CCOO, «un atentado gravísimo a la libertad y a los intereses de los trabajadores. CCOO, en el respeto al irrenunciable derecho de huelga, considera que es patrimonio de la autonomía de los sindicatos su responsable ejercicio y autocontrol, dentro del marco constitucional».