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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Las puertas del cambio

EL RODEO dado por Herri Batasuna para eludir la prohibición dictada por el gobernador civil de Navarra contra la proyectada asamblea de Alsasua arroja algunas enseñanzas interesantes. En primer lugar, la imposibilidad de poner puertas al campo. Mientras la autoridad gubernativa acumulaba fuerzas de orden público en Alsasua y hacia un napoleónico despliegue en carreteras y caminos, a fin de evitar la llegada de los delegados al punto de la cita, los independentistas optaban por concentrarse en Llodio, Hernani, Arrigorriaga y Pamplona, para celebrar cuatro asambleas paralelas, cuyos delegados, casi sin solución de continuidad, se reunían en Zarauz y proseguían sus deliberaciones.No entramos en el enjuiciamiento de los fundamentos de derecho sobre los que se basó el señor AmeiJide para prohibir una reunión en lugar cerrado como la convocada el pasado domingo en Alsasua.

En cualquier caso, su desacuerdo con el segregacionismo abertzale, que nosotros también compartimos, no pudo ser motivo suficiente para tal decisión. Los derechos, reconocidos por la Constitución, no pueden vulnerarse por un simple disentimiento con los contenidos ideológicos y políticos de quienes los ejercen. Herri Batasuna es una coalición electoral que, en la convocatoria de marzo, reunió casi 200.000 votos en cuatro circunscripciones y obtuvo tres escaños en el Congreso y uno en el Senado. La utilización de la violencia, evidentemente, situaría fuera del marco constitucional a sus líderes y seguidores. Pero la circunstancia de que los militantes de Herri Batasuna propugnen los mismos disparatados objetivos que ETA y de que encuentren una justificación histórica a los abominable crímenes de los terroristas no es fundamento jurídico, en un régimen constitucional, para recortar arbitrariamente las libertades de expresión y de reunión que la Constitución les garantiza, al igual que a los demás ciudadanos.

Comprendemos que no siempre resulta fácil distinguir entre quienes practican la violencia criminal y quienes la disculpan y, además, participan de un parecido ideario político. Pero el aprendizaje democrático, que incluye el respeto a las opiniones de los demás y la garantía de la libertad de expresión de todos, seguramente terminará por hacer entender a los españoles que no es lo mismo asesinar en nombre del separatismo vasco que propiciar en las urnas el utópico ensueño de una Euskadi independiente y socialista formada por cuatro provincias del Estado español y un departamento del Estado francés. Entre otras cosas porque una de las vías para acabar con la violencia en el País Vasco es precisamente garantizar a los ciudadanos de Guipúzcoa y de Vizcaya, de Alava y de Navarra, que puedan defender pacíficamente esa opción sin que los muelan a palos, los encarcelen o les priven de sus derechos constitucionales. Al igual que debemos aceptar, dentro de la legalidad, al maximalismo de la ultraderecha, que propugna una Europa totalitaria regida por Almirante y Blas Piñar y simpatiza con la violación de los derechos humanos en otras zonas del planeta y en otros momentos de nuestra historia, o al maximalismo de la ultraizquierda, que sueña con establecer Koljoses ucranianos en Badajoz o comunas cantonesas en Murcia, siempre que unos y otros no recurran al golpismo o a la insurrección y acaten las decisiones de las urnas, así tenemos que admitir que, aunque no nos guste, ese sector minoritario del pueblo vasco que defiende un proyecto independentista para Euskadi está amparado por los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución, a condición de que no recurran a la violencia para imponerlo.

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Por lo demás, la opinión pública tiene derecho a saber, y la Televisión gubernamental traiciona una vez más sus obligaciones para con la verdad al no resaltar ese decisivo dato, que la asamblea de Alsasua fue convocada para elaborar un proyecto alternativo contra el Estatuto de Guernica. Porque resulta que el Estatuto de Guernica, apoyado por el PNV y recibido con infinitas reticencias por algunos sectores de UCD y por los gacetilleros sacristaniles y obsecuentes que les sirven de torpes portavoces, constituye, en estos momentos, el enemigo principal de ETA militar y de Herri Batasuna. La historia da muchas vueltas, pero es demasiado fuerte que en el último recodo del camino nos aguarde esa convergencia objetiva entre los independentistas radicales y los centralistas a ultranza puestos de acuerdo, en impía alianza, para combatir la única posibilidad de que la crispada situación del País Vasco no desemboque en una tragedia que nos arrastre a todos hacia el desastre.

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