Margaret Thatcher reduce la tarifa impositiva mínima del 33 al 30 %

La opinión generalizada en los círculos políticos, económicos y sindicales de esta capital, tras la presentación del primer presupuesto conservador, es que el Gobierno de la señora Thatcher se ha jugado su política económica a una sola carta: la de conseguir a medio plazo una importante reactivación de la economía que permita a este país competir con éxito con el resto de los miembros del Mercado Común.

El propio canciller del Exchequer, sir Geoffrey Howe, lo admitió al declarar en el turno de preguntas y respuestas que para que Inglaterra consiga los mismos niveles de vida imperantes en Alemania y Francia es necesario que los ingleses estén dispuestos a alcanzar los niveles de trabajo y productividad de esos dos países.Sin embargo, el camino no va a ser precisamente un lecho de rosas ante las primeras reacciones al presupuesto registradas desde los sectores laboristas y sindicales.

El presupuesto conservador prevé unos ingresos por un total de 51.013 millones de libras (unos siete billones de pesetas) contra unos gastos de 59.371 millones de libras y un déficit, por tanto, de 8.358 millones de libras (1,2 billones de pesetas), unos seiscientos menos de los previstos en el anterior presupuesto laborista. En materia impositiva se reduce la tarifa mínima del 33% al 30% y se expresa el deseo de continuar reduciendo esa tarifa hasta alcanzar en el futuro un 25 %. En los niveles superiores de la tabla, el máximo del 83 % queda reducido al 60% en salarios superiores a las 25.000 libras anuales, en un deliberado intento de impedir la fuga de cerebros y titulados superiores a otros países. La banda impositiva del 30% se incrementa desde las 8.500 libras hasta las 10.000. Al mismo tiempo se aumenta la cantidad exenta de impuestos hasta las 1.165 libras anuales para los solteros y 2.455 para los casados. Estas medidas, con un costo de 4.450 millones de libras para el año Fiscal completo (abril-abril), permitirán que 1.300.000 británicos dejen de pagar impuestos.

El impuesto sobre el valor añadido (VAT) se unifica al 15%, lo que repercutirá en el índice de precios con un aumento de tres puntos y medio. El Tesoro obtendrá con esta medida 4.175 millones de libras para el año fiscal completo (unos 580.000 millones de pesetas). La gasolina experimentará un incremento de diez peniques por galón (unas catorce pesetas por cada cuatro litros y medio) para colocarse en el equivalente a 33,50 pesetas por litro. Los derivados del petróleo suben en igual proporción. Este aumento incidirá igualmente en el índice de precios en un 0,25 %.

Las pensiones, a partir de noviembre, se incrementarán hasta 23,30 libras a la semana (unas 3.200 pesetas) para los solteros, y hasta 37,30 (unas 5.100 pesetas) para los casados, con un coste anual de 2.700 millones de libras.

El seguro de enfermedad aumenta el precio de las receta médicas de veinticinco a 45 peniques (unas 65 pesetas), así como el costo de los servicios de odontología. En la financiación del sector público se prevé una reducción para el presente año de 9.250 millones de libras a 8.250 millones.

La tasa de interés bancario, contra todo pronóstico y a la vista de las desastrosas cifras de la balanza de pagos en el primer cuatrimestre, se incrementa del 12% actual al 14%. Esta medida producirá, entre otras cosas, un alza en los tipos de interés de la hipotecas.

El total de reducciones previstas del gasto público para este año en los diferentes departamentos ministeriales totaliza la suma de 1.500 millones de libras. Se prevé una liberalización gradual del control de cambios para adecuarlo al existente en otros países de la Comunidad. Por ahora se va a permitir la inversión en proyectos exteriores de hasta cinco millones de libras, así como la compra de propiedades inmobiliarias en el exterior hasta un total de 100.000 libras (1,4 millones de pesetas). El control de dividendos desaparece a partir del 31 de julio próximo.

El Gobierno espera conseguir unos mil millones de libras este año mediante la venta de acciones de empresas públicas al sector privado, principalmente acciones de la British Petroleum.

Las reacciones negativas a este paquete de medidas han sido inminentes. El líder de la oposición laborista, James Callaghan, ha manifestado que «el presupuesto conservador es injusto en la distribución de beneficios y cargas; inflacionario, ya que va a producir una elevación de costes y precios, y constituye un juego intolerable para nuestro futuro económico».

Con su sentido habitual del humor, Callaghan comparó al canciller del Exchequer con «un hombre que deja de pagar su recibo de gas y se juega ese dinero a un caballo que no sabe si va a correr», para añadir que, en su opinión, es Inaudito pensar que los sindicatos no van a tratar de acompasar sus demandas salariales al incremento previsto en el índice del coste de la vida.

Por su parte, los sindicatos no han ocultado su desencanto ante el presupuesto conservador. Len Murray, secretario general del Trade Union Congress (TUC), ha declarado que el presupuesto conservador «no contiene ningún indicio que nos permita esperar que el Gobierno desea llegar a un acuerdo con nosotros».