Los sucesos de Tudela y el Estatuto de Guernica

SÓLO EL resultado de una encuesta (por cierto, ¿en qué terminaron las iniciadas sobre Montejurra, Vitoria, Pamplona y Rentería?) podrá dilucidar las circunstancias en que sorprendió la muerte a Gladis del Estal y aclarar cuál de las dos contrapuestas versiones de ese trágico suceso es la correcta. Pero sí pueden plantearse algunas preguntas.¿Era realmente necesario enviar a la Guardia Civil a enfrentarse con los restos de una manifestación ecológica disuelta por la Policía Nacional? ¿Corresponde a las Fuerzas de Orden Público defender con las armas la opción pronuclear del Gobierno y de las compañías eléctricas frente a unos ciudadanos que, con razón o sin ella, rechazan esa fuente de energía y se manifiestan, como otros muchos hombres y mujeres en el mundo entero, en favor de soluciones alternativas? ¿Y es prudente echar mano de esos procedimientos intimidatorios en Tudela, precisamente en el momento en que las constructivas actitudes del PNV permiten albergar ciertas esperanzas para una solución pacífica del conflicto vasco y una salida, negociada y a plazo medio, para Navarra?

La circunstancia de que los asesinos continúen abatiendo en cobardes celadas, como el lunes en Madrid, a miembros de las Fuerzas de Orden Público no puede ser motivo ni para silenciar las dudas a este respecto. El asesinato de oficiales de las Fuerzas Armadas y de números de las fuerzas de seguridad no puede ser esgrimido para exigir silencio a quienes piensan que los excesos de los encargados de mantener el orden público, sobre todo si dan lugar a que mueran ciudadanos indefensos, deben ser investigados para establecer las responsabilidades correspondientes.

Una larga y dolorosa experiencia demuestra, hasta la saciedad, que la neutralidad de una parte de la población vasca y las simpatías de los electores de Herri Batasuna frente a los crímenes de ETA hunde sus raíces en la atroz confusión que unifica en un mismo fenómeno la necesaria y justa persecución de los asesinos y delincuentes por los servicios policiales y la represión generalizada. La muerte, el domingo, de la muchacha ecologista constituye, además de un hecho doloroso en el aspecto humano, uno de esos errores políticos que derrumban en un instante los trabajos de pacificación construidos durante meses. Condenable sin paliativos es también, por incivilizada, la actitud de aquellas airadas personas que obligaron a la población a encerrarse en sus casas ante el vandalismo desatado en las calles.

El mismo día en que Gladis del Estal perdía la vida, la gran mayoría de los ayuntamientos de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava ratificaban, en Vitoria, su adhesión al Estatuto de Guernica. El PNV fue el gran protagonista de la jornada, de la que sólo estuvieron ausentes el partido del Gobierno y la coalición que apoya a ETA-militar. La deserción de UCD, que acumula torpeza tras torpeza en su política vasca, es un negro presagio del futuro que aguarda al proyecto de Estatuto pasado ya por la Mesa del Congreso a la comisión. Como ha indicado el senador Unzueta, hay que ser ciego para no ver que la aprobación del Estatuto de Guernica puede abrir una posibilidad de paz y vida democrática en Euskadi.

Los asesinatos perpetrados por ETA en Madrid el 25 de mayo, y el despechado boicot de Herri Batasuna a la asamblea plebiscitaria de Vitoria prueban que el Estatuto de Guernica a quien de verdad amenaza es al independentismo violento y radical, que teme verse desplazado, arrinconado y aislado cuando las instituciones de autogobierno vasco entren en funcionamiento. ¿Necesita el Gobierno y su partido un argumento más convincente para sumarse a la ratificación del Estatuto de Guernica? Sus ministros y juristas, tan prácticos y realistas para orillar la evidente inconstitucionalidad del decreto-ley de seguridad ciudadana y para encomendar al Tribunal Constitucional competencias que no están en el articulado de la norma fundamental, se aprestan, al parecer, para una cacería de brujas en el texto del Estatuto que sospeche de cada coma nefastos y oscuros propósitos separatistas. ¿No sería más prudente y correcto invertir la dirección de esa hermenéutica y buscar las interpretaciones favorables a la constitucionalidad del Estatuto? En cualquier caso, es preciso dialogar antes que cerrar una vía como esta y tomar conciencia de la necesidad de buscar cuanto antes una salida política a la cuestión de Euskadi.