El Gobierno, dispuesto a plantear una revisión a la baja de sus objetivos económicos

El ministro de Comercio inició el pasado sábado en Barcelona la revisión de los objetivos de política económica del Gobierno. El señor García Díez, en la inauguración de la Feria Internacional, señaló que la economía crece a un ritmo inferior del previsto. A esta declaración no tardarán en seguir otras de calificados portavoces del equipo económico que, a buen seguro, tratarán de sentar las bases para un cambio de planteamientos, de supuestos y de valoraciones.

Hay razones objetivas para esas variaciones, ya que tanto la crisis energética como la evolución de las economías de los demás países imponen una revisión de metas. Pero esta realidad no puede enmascarar las graves deficiencias de la política económica del Gobierno Suárez o, si se quiere, del equipo Abril, que es, de hecho, lo mismo. A finales del pasado año, después de unas seudonegociaciones con las fuerzas sociales para llegar a un acuerdo y en puertas de unas elecciones generales y municipales, el señor Abril planteó unos objetivos de política económica que, básicamente, se resumen en lo siguiente:Continuar la lucha contra la inflación. Para ello se planteó una política monetaria restrictiva, un control de rentas salariales y una actuación sobre los precios sometidos a control. Junto a este objetivo se presentó otro basado en la consecución de un crecimiento en torno al 5% para dar ocupación a un número suficiente de personas como para evitar un crecimiento del millón largo de parados.

La política monetaria no ha sido todo lo afortunada que se podía esperar, sobre todo por la fuerte entrada de divisas y por la incontinencia del sector público.

La política de rentas, remitida a la negociación de las partes (sindicatos y patronales), ha resultado mucho mejor de lo que podía esperarse (véase serial sobre este tema que publicamos en esta edición) al comenzar la renegociación de los convenios.

En cuanto al ritmo de crecimiento, poco puede hablarse del tema. El ministro de Economía, con una gran precisión, no se cansó de repetir, a comienzos de mayo, que la economía crece entre el 3 % y el 5 % (la horquilla es lo suficientemente amplia como para suspender al ministro por vida si se equivoca). El lamentable estado en que se encuentra la estadística en este país (dicen que décima potencia industrial) impide estimaciones solventes sobre la evolución puntual de la economía. Unicamente las estadísticas monetarias del Banco de España tienen cierta credibilidad. El Instituto Nacional de Estadística, sin embargo, parece que se conforma con el índice de precios, que facilita puntualmente, para luego revisar al alza con retraso, una vez que se conoce la evolución del sector vivienda.

Esta es la situación a punto de cerrar el primer semestre. El Gobierno pretendía protagonizar la actividad y la inversión a través del gasto público en estos meses y no está nada claro que lo haya logrado. Para después esperaba que el sector privado, atraído por el público, que actuaría como cebo de bomba, debía tomar la iniciativa. Esto parece aún mucho más oscuro, a la vista de las últimas encuestas de perspectivas empresariales.

¿Qué hacer? Los responsables de la economía dan vueltas a esta perenne pregunta en estas últimas semanas. Saben que hay que variar los objetivos porque son inalcanzables. Saben que hay razones y argumentos para hacerlo, pero también conocen su baja credibilidad, puesta de manifiesto a través de los silencios del señor Abril y de las intervenciones, poco afortunadas, de los demás ministros en la Cámara o ante el público, generalmente empresarial.

Esta situación de impasse tiene, sin embargo, un plazo, impuesto por el propio Gobierno.

Se trata de la cláusula de salvaguarda del 6,5 % de aumento máximo de precios en el primer semestre. La superación, inevitable según casi todos los pronósticos, de ese tope plantea serios problemas al Gobierno (suspenso en su ejercicio), a la patronal (riesgo de desmoronamiento de las previsiones de los costes), y a las propias centrales sindicales, que tendrán que enfrentarse a las demandas de sus bases y encabezar un movimiento de renegociación de los convenios laboriosamente Firmados hace meses o incluso semanas.

Ante la inminencia del gong de los precios, algunos representantes del Gobierno. incluido Fernando Abril y el propio Adolfo Suárez, han considerado estos últimos tiempos la posibilidad de convocar a las fuerzas sociales para una reflexión acerca de las circunstancias por las que atraviesa la economía. Se trataría de analizar el asunto de los precios y plantear nuevos supuestos de política económica.

Este fin de semana pasado, en el seno de la OCDE, expertos de todos los países miembros han analizado la situación de las economías de los países desarrollados, y han concluido con estimaciones pesimistas de cara al futuro. La magnitud de la crisis energética es importante, y sus resultados, incalculables. Vuelve a amenazar una escalada de precios con inflaciones de dos dígitos en países como Francia y Estados Unidos. Finalmente, la amenaza de recesión renace de nuevo.

A la vista de estos datos es previsible que el Gobierno decida abordar con carácter inmediato la revisión de sus objetivos y de la situación actual.

Pero aquí aparece un nuevo factor de incertidumbre. ¿Quién convoca a las fuerzas sociales para este ejercicio? Después de las jornadas de reflexión del pasado otoño, que permitieron al señor Abril ganar tiempo y entretener al auditorio antes de que su jefe anunciara la convocatoria de elecciones, volver a sentar a los mismos interlocutores en la misma mesa puede tener riesgos indudables. El diálogo no sería fácil, y la desconfianza, enorme. Por otro lado, el señor Abril no parece nada decidido a comparecer en público, dar explicaciones inteligibles, proponer alternativas y reconocer humildemente errores. Pero si no sale Fernando Abril, ¿quién tiene la autoridad o poder para hacerlo? El presidente del Gobierno tendrá que tomar una decisión pronto al respecto, ya que el gong de los precios está próximo a sonar con poco agradable tañer.