Los grupos políticos y feministas no apoyan el proyecto de ley de divorcio

«Los obispos no se sentirán a disgusto si se aprueba el proyecto de ley de divorcio elaborado por la Comisión de Codificación, dado el carácter restrictivo de éste.» Esta reacción oficiosa de la jerarquía católica española, obtenida en medios cercanos a la Comisión Episcopal del Apostolado Seglar, es, quizá, la única favorable al borrador de ley de divorcio, de cuyas líneas fundamentales dio cuenta ayer EL PAÍS. Por diversas razones, ni los diferentes grupos políticos, ni los movimientos feministas están de acuerdo con las líneas del texto hecho público.

«Es más», han comentado las mismas fuentes episcopales, «en algunos puntos, el documento sobre la familia, en el que se incluían los temas referentes a la estabilidad familiar y al divorcio, se mantiene un grado de mayor aperturismo.» Probablemente debido a este aperturismo, el documento sobre la familia ha encontrado serias dificultades para ser aprobado por los obispos españoles y muchas más para ser publicado. Casi cinco años han pasado desde que se inició la primera redacción, de la que son autores los expertos de la Comisión de Apostolado Seglar y, desde entonces, ha sufrido repetidas modificaciones, debido a la falta de consenso de los obispos españoles.La diputada y encargada de acción sociocultural de UCD, Carmela García Moreno, ha explicado a EL PAÍS que aunque todavía no han examinado este tema, en ninguna comisión interna del partido, puede afirmar nersonalmente que no se trata de ningún proyecto de UCD. «No considero que deba ser el que presente UCD.»

«Me opongo», ha comentado Carmela García Moreno, «a que se mantenga desde el principio la palabra culpabilidad en el proyecto elaborado por la Comisión de Codificación. Se trata de un divorcio-sanción, y UCD ha defendido en su campaña un divorcio-remedio a situaciones no deseadas, pero insostenibles.» Carmela García Moreno ha dicho también que, por otra parte, no está de acuerdo con el proyecto de ley de divorcio presentado por los socialistas, por considerarlo en una línea que la sociedad española de hoy todavía no puede asimilar.

La opinión sobre este proyecto de los dos partidos que han presentado sendos anteproyectos de ley de divorcio, el PSOE y el PCE, no se ha hecho pública, ni tampoco se ha podido obtener, debido a que, o bien los «responsables se encontraban fuera de Madrid, o no estaba localizable quien pudiera responsabilizarse del tema».

Oposición de la derecha

Por su parte, el grupo político Coalición Democrática se ha limitado a decir: «No opinaremos sobre el asunto hasta conocer el proyecto oficial. Por el momento, nos atenemos a lo que dice nuestro programa, la doctrina de la Iglesia y, en este caso, a lo que expresamente diga la Iglesia.»

El programa de Coalición Democrática considera que la regulación del matrimonio debe abordarse tanto desde la doctrina de la Iglesia, en lo que se refiere al matrimonio eclesiástico. como desde la Constitución, en lo que se refiere al matrimonio civil. El principio de defensa de la estabilidad de la familia presidirá la regulación de los efectos de la disolución del vínculo matrimonial si llegara el caso.

Fuentes del partido Fuerza Nueva, con representación en el Parlamento, han expresado a EL PAÍS que «por nuestra confesionalidad católica nos oponemos a la ley de divorcio, por razones religiosas y de derecho natural. La separación la admitimos, porque la admite la Iglesia, pero aunque exista separación no puede existir divorcio. Si llega este proyecto al Parlamento, votaremos en contra.»

El proyecto de ley de divorcio que ha sido elaborado por la Comisión de Codificación no irá solo a las Cortes. Un paquete de leyes de reforma del derecho de la familia, que deberán ocuparse, entre otros aspectos concretos, de la patria potestad, filiación y régimen económico de la familia.

Los proyectos de ley de divorcio presentados por los partidos Socialista Obrero Español y Comunista de España se proyectan en una línea más avanzada, dado que suprimen, entre otras cosas, la culpabilidad.

Postura de las feministas

El proyecto de ley de divorcio que apoya un amplio sector del movimiento feminista, elaborado por la Asociación de Mujeres Separadas, coincide en algunos puntos con la propuesta socialista -supresión de la culpabilidad o la incompatibilidad o ruptura de la vida conyugal como causa de divorcio-, pero en algunos aspectos es más progresivo y ofrece a la mujer mayores garantías para que su legalización no venga a empeorar todavía más su precaria situación social.

«En nuestra ley hay una cláusula coactiva para garantizar el pago de los alimentos, y para el divorcio con mutuo acuerdo de los cónyuges no se exige la presencia de abogados ni procuradores, con lo que en estos casos el procedimiento no tendrá prácticamente ningún coste», explica Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Asociación de Mujeres Separadas.

Otra peculiaridad que diferencia nuestro proy,ecto es que incluye un apartado especial para que, cuando el cónyuge que deba pagar los alimentos cuente solo con el salario interprofesional mínimo, el Estado deberá cubrir la diferencia entre sus ingresos reales y los que necesita para atender sus propios gastos y el pago de la pension. Con esta medida se trata de conseguir divorcio verdaderamente popular», concluye Ana María Pérez del Campo. Con respecto a los hijos, el proyecto de la asociación propone que no se dividan en dos lotes, sino que todos sean adjudicados al mismo cónyuge, aquel que ofrezca condiciones más idóneas para su educación. La responsabilidad de tal decisión recae en principio sobre el juez, pero éste deberá tener en cuenta la opinión de la madre.

El proyecto elaborado por la Asociación de Mujeres Separadas está prácticamente acabado -en esta semana se le darán los toques finales- y, hasta ahora, ha sido suscrito por la Unión para la Liberación de la Mujer, el Colectivo Feminista y el Movimiento Democrático de Mujeres.

Otros grupos feministas, como el Frente de Liberación de la Mujer, o Mujeres Libres, no apoyan esta ley porque están, por principio, en contra de la institución familiar, y el divorcio, en último término, no es más que un refuerzo del matrimonio y de la familia, pues permite a los separados casarse de nuevo.

Además de la opinión y posiciones de los partidos políticos, grupos religiosos, movimientos feministas y otros movimientos ciudadanos, no hay que perder de vista la postura del español medio. Según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas realizada el pasado año, el 48% de los españoles votaría favorablemente a una ley de divorcio, frente a un 27% que se opondría y un 23 % de indecisos.

Para estos españoles encuestados los motivos que justificarían el divorcio serían la desaparición del amor y la armonía conyugal, el acuerdo entre los esposos, adulterio de la esposa, adulterio del esposo, malos tratos y alcoholismo crónico de uno u otro cónyuge.