El Estado, como primer usuario de la ciudad, debe contribuir a las finanzas municipales

La situación económica del Ayuntamiento madrileño -43.000 millones de deuda actual y 15.000 millones más para finales de año- fue objeto ayer, en el pleno ordinario celebrado a mediodía, de una amplia exposición por parte del delegado de Hacienda, Joaquín Leguina. Aunque el debate de fondo ha quedado aplazado para un pleno próximo, el alcalde se ha apresurado a solicitar una audiencia a Adolfo Suárez para tratar el tema. Dentro del muestrario de posibles correcciones a la actual situación financiera, el señor Leguina propuso que el Estado, «como primer usuario de la ciudad», contribuya a sufragar los gastos del Ayuntamiento.

El estudio advierte que desgraciadamente las soluciones a los problemas de las haciendas locales «pasan en buena medida por las actuaciones del Gobierno o por las normas legales, cuya viabilidad no depende de los ayuntamientos. « La solución estaría en una decidida y positiva voluntad política a nivel estatal, ya que, según los autores del informe, en caso contrario, los ayuntamientos llegarían al colapso, que se traduciría «en una reducción de las posibilidades de actuación».Las causas de la crisis por la que está pasando el Ayuntamiento de Madrid, que tiene una deuda de 43.000 millones, un 25% de carea financiera y un posible déficit para este año de 15.000 millones de pesetas, son «el grado de tutela y de control por parte del Estado, que basado en un centralismo desorbitado ha agarrotado la vida local en todas sus facetas; la insuficiente capacidad recaudatoria; la dificultosa gestión, dada la prolija cantidad de figuras tributarias de rendimiento casi nulo; el no haber intentado en el pasado una aplicación rigurosa de las posibilidades tributarias; los costes crecientes de los servicios locales; el aumento de la demanda de bienes y servicios y el gran impacto de la inflación en las finanzas locales».

Después de reseñar que el Estado, «como primer usuario de la ciudad», debe contribuir a sufragar los gastos del Municipio, el informe estudia la evolución de dos de las partidas más relevantes: los gastos de personal y los costes de las contratas. Los primeros experimentaron un aumento en 1978 del 14,6%, en especial por el incremento de las cargas sociales. «Dado el elevado número de funcionarios, es obvio que la política de personal es prioritaria y que una mayor eficacia en la utilización de los recursos humanos permitirá mejorar sensiblemente los servicios.»

Los costes de las contratas, tal como informaba ayer EL PAIS, subieron un 72% con respecto a 1977, año que sufrieron una subida de un 71% con respecto al año anterior

Crecimiento de la deuda

El informe hace un análisis de cómo ha ido aumentando la deuda, en especial desde 1975. Las dos posibilidades municipales de configurar nuevos impuestos o solicitar presupuestos extraordinarios para la liquidación de las deudas pendientes han sido usadas como soluciones temporales.El déficit del pasado año superó los 10.000 millones de pesetas, de los que, después de recibir un préstamo del Banco de Crédito Local, quedan por pagar 6.457 millones de pesetas de deuda reconocida, «para los que no existe por el momento financiación». Por otra parte, se calcula que este año habrá un déficit de 8.000 millones en el presupuesto ordinario, 3.000 millones en el de Urbanismo y 4.000 millones en el de la EMT. En total, 15.000 millones.

Los problemas de tesorería hacen que, por ejemplo, en el período mayo-agosto de este año los pagos previstos asciendan a 13.000 millones, cuando los ingresos y el dinero en caja es algo superior a los 7.000 millones. Esta situación, según los señores Leguina y Aymerich, se deriva en parte de que el cambio del Gobierno y su política restrictiva han impedido que prosperara la negociación con la Confederación Española de Cajas de Ahorros y con organismos extranjeros para la cobertura de los 6.457 millones que se deben del pasado año.

Para solucionar esta situación, los responsables de Hacienda solicitan en el informe «participar, a través de los parlamentarios, en un nuevo marco tributario; poner en marcha una serie de medidas, como la simplificación tributaria y la equidad fiscal, y pedir un apoyo del Estado al sector local, que se podría realizar mediante la absorción por parte de aquél de todas las cargas de créditos para liquidación de deudas, el estudio de las medidas necesarias para hacer frente al déficit de este año y la aclaración de la situación, tras la prórroga de los presupuestos de 1978 ».

Junto a esta política, y dentro de las previsiones económicas para el cuatrienio 1979-1983, sobre el que, según parece, se va a realizar en breve un plan de actuación municipal, se piensa, según el informe, «impulsar a corto plazo la terminación de varios presupuestos extraordinarios e impulsar el Plan de Saneamiento Integral, y a medio plazo se quiere impulsar las inversiones en los proyectos que se consideren prioritarios, realizar una expansión inversora, concretada en una política del suelo para la promoción y construcción de viviendas, y agilizar los mecanismos burocráticos que eviten procesos lentos e ineficaces de los expedientes administrativos».