El fallo de abril

Abril ha significado, a la luz de los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, un fracaso de las previsiones gubernamentales en materia de crecimiento de los precios para el presente año. La tasa inflacionaria del 5,2% para el primer cuatrimestre convierte en un objetivo utópico el intento de quedar por debajo del 6,5 % para el período enero-junio, tope fijado en la cláusula de salvaguardia del decreto-ley de rentas y salarios dictado por el Gobierno en diciembre del pasado año.Todo hace prever que, a partir del próximo mes de julio, aquellos convenios colectivos suscritos con arreglo al decreto ley que fijó unos incrementos máximos para los salarios entre el 11 y el 14 % pueden ser renegociados. Queda así de manifiesto el error que supuso establecer una cláusula de salvaguardia en una norma dictada unilateralmente y, sobre todo, la torpeza de maximizar los logros de una política antiinflacionaria, únicamente estructurada en torno a una política monetaria rigurosa, un control no pactado del crecimiento de los salarios y un intento de contener los precios con métodos intervencionistas y arbitristas.

Tradicionalmente, el Gobierno ha intentado demostrar que todas sus medidas, e incluso sus inhibiciones, estaban justificadas por el objetivo irrenunciable y prioritario de homologar el crecimiento de nuestros precios al de las restantes economías europeas. Abril hace fracasar el intento.

Un proceso de contención de las tasas inflacionarias no puede sustentarse exclusivamente en una obsesiva contemplación del índice de precios, de tal modo que el intervencionismo tradicional de nuestro sistema económico vaya corrigiéndose a medida que el INE facilita este o aquel dato. Eliminar, o cuando menos reducir, las tensiones inflacionistas de un sistema económico constituye una tarea ardua y difícil, para la que es imprescindible estructurar un modelo de política económica, diseñar un marco de actuaciones, definir unas medidas y posteriormente aplicarles hasta sus últimas consecuencias. Lo que carece de sentido es pretender contener las alzas de precios por la vía de la intervención directa, ya sea a través de la Comisión de Precios o el BOE,

Tras muchos meses de olímpico desprecio, los responsables de la política económica gubernamental comenzaron a obsesionarse por la evolución del índice de precios, en un intento de magnificar sus pretendidos aciertos, a medida que dicha magnitud iba rebajándose.

Abril nos ha demostrado la esterilidad y las posibles consecuencias de una política elaborada desde una torre de marfil. Curiosamente, el rigor con que se han perseguido algunos precios controlados y se ha pretendido aplicar otras recetas, practicando un intervencionismo en la política económica, está ausente a la hora de racionalizar el gasto público y hacerlo productivo, asimilable y aceptable para un contribuyente al que cada día se le pide más transparencia, más impuestos y más sacrificios.

La política económica del Gobierno se ha centrado únicamente en los aspectos monetarios, sin duda muy importantes, pero que por sí mismos no permiten superar la crisis ni propiciar la transformación de las estructuras industriales y económicas con las que España inició la democracia.