España no está preparada para ingresar en la CEE

España no está preparada para ingresar en las Comunidades Europeas. La causa de ello está, en buena parte, en la premura con la que el segundo Gobierno del presidente Suárez llevó, en julio de 1977. la candidatura hispana a las puertas del Tratado de Roma. Ello impidió la seria realización de un inventario sobre las consecuencias que la adhesión de España al ámbito comunitario depararía a nuestro momento político y al propio proceso de integración europea. Ahora, dos años más tarde, se inicia esta urgente tarea que los sucesivos Gabinetes monocolores de UCD han desarrollado con timidez en un terreno a la vez teatral y exclusivista.Se han perdido dos años, pero aún estamos a tiempo. Quizá con más terreno por delante del que desean quienes desde la Administración juegan a dibujar un calendario preciso para el proceso integrador, ganando ante la opinión pública puntos y compromisos innecesarios en una aventura que nada tiene que ver con las ciencias exactas, como se demostró con la larga marcha de Gran Bretaña hacia Bruselas, tantas veces frenada por el general De Gaulle, y no sin razón, como lo demuestra el escaso europeísmo británico, que ahora revisa Callaghan con amenazas de abandono en despecho por su derrota electoral.

El caminar de España hacia las Comunidades se anuncia tosco y difícil. A los problemas intrínsecos de este procedimiento se sumará la propia dinámica política de los Estados comunitarios y los duros efectos socioeconómicos de la nueva crisis energética en ciernes, que ha de incidir, de manera especial, en el proceso de negociación y adhesión hispano comunitario, por las reacciones proteccionistas económicas y sociales que han de obstaculizar el que debería ser, al contrario, un período liberalizador. A todo ello hay que añadir el desarrollo salvaje -sin clarificación ni orden administrativo- de la economía española en los últimos cuatro decenios y la falta de toda experiencia equilibrada en conflictos sociolaborales, como los que ahora despiertan. Y también la ausencia española de los procesos económicos integradores europeos e intercontinentales (España nunca pasó de un acuerdo preferencial) que sirvieron de experiencia a Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en su acercamiento a la CEE, por estar estos países ligados a la EFTA y la Commonwealth.

Estamos situados, de manera irreversible, ante un reto mayor, que alcanza los niveles del Estado y que ha de abandonar el espacio de la confrontación partidaria y del sigilo administrativo que practica el Gobierno. Por ello hora es que el debate llegue al Parlamento no como simple cortesía. sino como obligado trámite de consulta y discusión de cuestiones. que debe documentar el ejecutivo sin silencios estratégicos y teniendo en cuenta los intereses v preocupaciones de empresarios y sindicatos.

Exitos periodísticos

La revelación, en este periódico, del primer informe -reservado- del Gobierno sobre los problemas de la adhesión ha servido para conocer, en algunos de sus detalles, la magnitud y seriedad del problema. A lo largo de sus capítulos sobre sistemas financieros, agricultura, industria, cuestión laboral, empresa pública, comercio y aranceles se desgranan algunos de los más serios escollos que la Administración reconoce, en su primer análisis. de las dificultades y la gravedad del envite comunitario. Que se sepa, partidos políticos y fuerzas económicas y sociales no reaccionaron en público sobre el citado documento y permanecen, como hasta ahora, atrincherados en el sí simplista a la Europa comunitaria, deseosos o desconocedores de la complejidad y envergadura de un tema que, por fuerza, ha de envolvernos a todos.

El debate que se abre en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, camino del Pleno, no puede quedar en un simple relato sobre calendarios y procedimientos, cuya importancia real es menor y ya quedó devaluada el mismo día de la apertura formal de negociaciones en Bruselas con el carácter electoralista del acto y el desgraciado baile de los Mystere ministeriales. Por ello, poco importa que la comisión negociadora de suplentes tenga su primer contacto a mediados de junio. Esto es un simple trámite y no un gol a la presidencia francesa del Consejo de Ministros comunitario, que ya habrá pasado el trauma de los comicios al Parlamento Europeo.

El baile de los Mystere

Las sesiones del Congreso deben abundar en las dos primeras interrogantes que debe plantearse todo español europeísta: ¿qué significará la adhesión para el momento español y para el proceso integrador europeo? Las dos cuestiones permanecen sin respuesta en España y ambas deben ser estudiadas desde tina triple perspectiva temporal: la que se refiere al período negociador, al transitorio, ya dentro de los tratados, y al definitivo, una vez terminadas las adaptaciones jurídicas y económicas. Sin esta triple dimensión en el tiempo, difícil será para España el acercarse a la Comunidad y desarrollar, a la vez, una seria política económica a medio y largo plazo.

Al Gobierno le toca explicar y responder en el Parlamento a ambas cuestiones. Informar sobre lo que el gran público llama el precio o el coste de la integración y exponer. en definitiva, este tema desde una óptica que ha de ser egoísta para España por encima de toda urgencia o triunfalismo. Un egoísmo que debe servir de contrapunto a una generosa actitud a la hora de estudiar las consecuencias que nuestra integración otorgará al proceso de construcción política europea, si es que España no quiere contribuir con quienes sueñan con convertir la Idea europea en una simple unión aduanera.

La posición negociadora española sólo en casos muy excepcionales puede permanecer en el secreto, y ha de contar con el apoyo global de las fuerzas parlamentarias. Este respaldo generalizado, que deberá evitar una renegociación como la que Edward Heath sufrió posteriormente con Callaghan, debe extenderse también a otras cuestiones paralelas, por ejemplo, a la eventual renegociación del acuerdo preferencial de 1970, que exige la Comunidad y que ha surtido algunos efectos, como la decisión española de desarmar sus aranceles de manera unilateral y sin más compensación reciente de la que conlleva la cuasi revaluación de la peseta, de cara a la competitividad de nuestras exportaciones. También hay que recordar en el capítulo negociador que estas conversaciones hispanocomunitarias deben desarrollarse entre Madrid y las instituciones de los nueve -Consejo de Ministros y Coreper, con la asesoría de la Comisión- y evitar tentaciones como la presentada en Madrid por Giscard d'Estaing cuando pidió al presidente Suárez una negociación bilateral agrícola hispano-francesa para prever los efectos de la ampliación en el agro galo.

Bien informada

En lo que se refiere a los efectos de la ampliación para la propia CEE, hay que resaltar que España debe estar bien informada y, a ser posible, ser consultada para poder colaborar en este apartado. Se tienen que conocer en Madrid las intenciones reales del Consejo Europeo, sobre la ampliación y el contenido y marcha de los trabajos del llamado comité de notables, pedido por Francia y encargado de analizar las incidencias institucionales, de la extensión de las fronteras comunitarias (el debate se centra en torno a la eventual mutación del sistema de decisiones del Consejo de Ministros de la CEE). También debe conocer los trabajos iniciados sobre la reforma de la Europa verde o Mercado Común agrícola. Ambos temas son de importancia para España y deben ser objeto de intercambio informativo con las Comunidades, quizá a través de la concertación política exterior, en la que ya participa España y que debe servir para algo más que para la vigilancia europea de la joven diplomacia de nuestro país, la cual, dicho sea de paso, tiene poco que controlar y ofrece escasas sorpresas al mundo exterior.

En definitiva, son hoy muchas las lagunas a rellenar por parte hispana antes de que nos sumerjamos en la espiral comunitaria. La brisa o la búsqueda triunfalista de la foto-familia tan europea no servirán sino de riesgo para nuestra débil economía, máxime en vísperas de tormenta energética. Se impone, pues, la prudencia y la planificación en dos tiempos -a medio y largo plazo-, sin que por ello se tenga que perder el ritmo de diálogo en Bruselas. Es un hecho que España no está hoy preparado para su ingreso en las Comunidades Europeas, pero esto no quiere decir que no lo estará nunca o que no deba de prepararse. El reto corresponde al Gobierno y debe ser compartido por el Parlamento, lo que será posible si la Administración da pruebas suficientes de deseo de colaboración y de su interés en repartir este pastel europeo, un postre aún inmaduro para los españoles.