Cultura, información e inquisición

EL DELEGADO provincial de Madrid del Ministerio de Cultura rectifica, en su condición sustantiva, una opinión expresada por EL PAÍS a propósito de una actuación igualmente suya, pero realizada en su condición adjetiva de representante periférico de la Secretaría de Estado para la Información. Los lectores encontrarán la divertida y surrealista nota en la página 11 de este mismo número. Recomendamos su lectura porque realmente no tiene desperdicio.El delegado, por partida doble, pone en conocimiento del público la situación de desquiciamiento administrativo al que la legislación vigente le condena. A las competencias y funciones que le corresponden como delegado provincial del Ministerio de Cultura, un real decreto de diciembre de 1978 ha añadido la carga de ser el representante periférico de la Secretaría de Información. En su escrito de rectificación, mecanografiado por lo demás con membrete del Ministerio de Cultura, advierte, con energía, que existe una muralla de China entre su comportamiento orgánico-cultural y sus actuaciones periférico-informativas. Desconocedores de la forma práctica en que ese desdoblamiento se produce, nos preguntamos si el delegado provincial que simultanea la cultura y la información utiliza algún ritual litúrgico, dentro de sus oficinas, para distinguir los actos legitimados por esos distintos carismas. Sabemos ya que ni el membrete de sus oficios ni el sello que los certifica sirven, por una elogiable parsimonia en los gastos presupuestarios, para dar cuenta de ese portento. Esperamos que alguien nos informe de las señales que lo distinguen.

En el entretanto, levantamos con sumo gusto el acta rectificatoria de que el delegado provincial, a la vez, del Ministerio de Cultura y de la Secretaría de Información en Madrid ha sugerido al ministerio público la posibilidad de procesar a los responsables y colaboradores de Triunfo y de La Calle, no en su calidad de funcionario de plantilla del Ministerio de Cultura, sino como nuncio periférico del secretario de Información. De esta confusión sólo en parte somos responsables. Alguna culpa incumbe también a los inventores de ese esquema que concentra, hacia abajo, en un solo funcionario, la representación de dos departamentos con distintas competencias y con distintos titulares. Como establece la máxima de San Ignacio, no se puede servir a dos señores.

Nos alegramos, en cualquier caso, por el señor Clavero y por los escritores, aunque 10 lamentemos por el señor Ortiz y por los periodistas. Pero faltaríamos a la verdad si inculpáramos sólo al secretario de Estado para la Información y exculpáramos totalmente al ministro de Cultura. Porque tanto el uno como el otro son responsables solidarios de un Gobierno que, desde hace algunas semanas, muestra una preocupante inclinación a echar candados y colocar rejas para poner puertas al campo, no sólo en lo que concierne a la libertad de expresión, sino también en el terreno de lo que eufemísticamente se denomina «la moral y las buenas; costumbres». ¿Cuando abandonarán nuestros gobernantes la pía, pero equivocada, vocación, inaugurada años ha, de salvar nuestras almas de los abrasadores fuegos del infierno y nuestras inteligencias de las heladas aguas del error?

Pero la puesta en evidencia del caos organizativo de la Administración pública, de cuyo diseño puede ofrecer más adecuada imagen un retablo churrigueresco que un organigrama, es lo menos inquietante de la nota de rectificación. Porque lo que realmente produce zozobra es la resignada aceptación o el orgullo con que el delegado por partida doble asume sus funciones. Aunque la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, no deben ser muy numerosos los españoles que estén al tanto de que algunos funcionarios del Estado llevan a tal punto de desvelo el cumplimiento de sus deberes que acechan con mirada vigilante a sus conciudadanos para descubrir el menor indicio de presunta responsabilidad criminal en sus conductas y pasar el correspondiente tanto de culpa a los tribunales. Nos consuela no compartir el mismo inmueble con el implacable, justiciero y responsable doble delegado de Cultura y de Información de Madrid, esforzado observador de los comportamientos ajenos para detectar esa brizna de sospecha que la ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a denunciar. Pero lo malo es que somos periodistas y que la lupa de gran aumento del vicario del señor Ortiz en Madrid nos contempla, justiciera e inflexible, tal vez sólo para evitar que el incumplimiento de los deberes que le asegura la ley de Prensa pueda originarle disgustos con sus superiores o con los jueces.

No entra dentro de nuestras posibilidades conseguir que la ley de Prensa y el artículo 259 de la ley de Enjuiciamiento Criminal sean reformados o interpretados para hacer menos equívoco su contenido. Esa es tarea para los legisladores y para los magistrados que sientan jurisprudencia. Pero sí podemos rogar al señor Clavero y al señor Ortiz que se pongan de acuerdo para calmar a su compartido delegado mediante el procedimiento de convencerle de que su cargo no se halla en peligro en el caso de que no denuncie presuntos delitos y de que sus huesos no darán en la cárcel por tal motivo. Los tiempos para restablecer el Santo Oficio y reclutar familiares de la Inquisición todavía no han llegado. Al menos, eso es lo que esperamos y deseamos.