Los estatutos vasco y catalán no serán debatidos simultáneamente

Los proyectos de estatutos de autonomía vasco y catalán serán discutidos uno tras otro, y no simultáneamente, si se mantienen las normas que ayer aprobó la ponencia de la comisión especial del Congreso encargada de elaborarlas. La ponencia decidió, con la oposición de socialistas, comunistas y minoría catalana, que se seguirá lo que indica la disposición transitoria sexta de la Constitución, según la cual la tramitación debe hacerse sucesivamente.La ponencia se reunió ayer por la mañana para aprobar estas normas, que constan de diez artículos. Al término de la reunión el socialista Virgilio Zapatero explicó que las normas habían sido aprobadas con los votos favorables de UCD y CD, y los del PSA y PNV en algunos artículos. Martín Toval, de Socialistas de Cataluña, manifestó que la falta de acuerdo se debía fundamentalmente a las discrepancias en torno al orden a seguir en el debate de los estatutos.

Por su partle, el diputado de UCD Oscar Alzaga subrayó que las normas están a lo establecido en la disposición citada de la Constitución y cumplen satisfactoriamente su función de llenar una laguna reglamentaria. El líder de CD, Manuel Fraga, afirmó que en ningún momento se había discutido en el seno de la ponencia el orden de tramitación de los estatutos, y que este tema parece ser una cuestión personal del representante de la Minoría Catalana, Miguel Roca.

Attard: «Antes el Tribunal

Constitucional»

De otro lado, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso, Emilio Attard, ha declarado a Efe que el proyecto de ley del Tribunal Constitucional «debe ser tramitado con la máxima rapidez, incluso antes o simultáneamente que los estatutos de autonomía». Este proyecto entró en las Cortes él pasado miércoles.

El señor Attard explicó que esto debe ser así porque al Tribunal Constitucional «le incumbe el control de las comunidades autónomas y sería un absurdo que se llegase a un acuerdo en la comisión sobre los estatutos de autonomía, cuando su constitucionalidad ha de dilucidarse ante el Tribunal Constitucional». Esto explicaría, según el señor Attard, la rapidez con que el Gobierno estima que debe procederse en el tema.